El deterioro de la sanidad pública andaluza por los gobiernos del PP de Moreno Bonilla: las soluciones (y III)

La Sanidad Pública de Andalucía (SPA) está en crisis desde la recesión económica de 2008. A partir de 2019 con los gobiernos del Partido Popular (PP) de Juan Manuel Moreno Bonilla la asistencia sanitaria pública se ha deteriorado ostensiblemente más, debido a sus medidas de acentuación de la infrafinanciación y la privatización. Esta política ha conducido a un fracaso estrepitoso de la atención sanitaria pública desarrollada por el PP en Andalucía, como evidencia la pérdida actual de función de la Atención Primaria (AP) y las inaceptables y mantenidas listas de espera para AP, pruebas diagnósticas, consulta con especialistas hospitalarios y cirugía. En los dos primeros artículos de esta serie se han analizado sus causas fundamentales y las graves consecuencias que este fracaso está teniendo para los ciudadanos. En el presente artículo, se van a tratar las soluciones a esta situación.

Creemos que son necesarios cambios decididos hacia otra política sanitaria que revierta los deterioros actuales antes de que estos sean ya irreversibles. En esta línea, las Mareas Blancas andaluzas presentaron la Iniciativa Legislativa Popular “Proposición de Ley de recuperación de los niveles de calidad del Sistema Sanitario Público en Andalucía”, que contenía medidas de reparación del sistema y que fue avalada por más de 57.000 firmas de andaluces y andaluzas. Su tramitación fue aprobada por amplia mayoría en el Parlamento de Andalucía el 26 de noviembre de 2025, lo que refleja un elevado respaldo social a esta norma. A partir de este consenso ciudadano, se elaboró un documento con las medidas prioritarias para recuperar la calidad de la SPA, que ha sido refrendado el día 8 de abril en el Parlamento por los partidos políticos progresistas andaluces (Adelante Andalucía, Partido Socialista Obrero Español y Por Andalucía). Basados, en gran medida, en estos antecedentes, se han elaborado las propuestas que juzgamos necesarias para solucionar la grave situación actual. El conjunto de ellas se detalla a continuación:

1 El marco conceptual: Sanidad 100 % pública, de calidad, gratuita y universal.

Todo el Sistema Sanitario debe ser público, financiado con impuestos de forma progresiva según capacidad de todos los ciudadanos. Debe tener alta calidad y capacidad y por tanto, estar adecuadamente dotado en medios técnicos y humanos. Debe ser universal, gratuito para el ciudadano en el momento de su uso y equitativo en su distribución.

2 Aumentar los presupuestos para Sanidad Pública y devolver la deuda sanitaria histórica.

El primer artículo de esta serie analizó el déficit presupuestario que la sanidad andaluza arrastra y sus causas. Moreno Bonilla miente al hablar de “presupuestos sanitarios históricos”, ya que en el periodo 2008-2025, la SPA ha sido continuamente infra financiada, mientras la población andaluza ha aumentado en cerca de medio millón de personas y ha crecido notablemente el número de andaluces con más de 64 años, que son las personas que más necesitan los recursos sanitarios. Hay, por tanto, que dedicar un presupuesto anual para la SPA en el que se alcance, al menos, el Gasto Sanitario Público per cápita medio de las Comunidades Autónomas (CCAA) españolas. Además, hay que revertir la deuda sanitaria histórica andaluza estimada en 20.000 millones de €, mediante un plan plurianual, a añadir a los presupuestos anuales. Creemos además que el presupuesto sanitario debe ser Finalista: Lo presupuestado para Sanidad tienen que invertirse en Sanidad.

3 Lo más urgente es poner en marcha un PLAN DE CHOQUE CONTRA LAS LISTAS DE ESPERA durante dos años. Un plan extraordinario de reducción de listas de espera, incluyendo turnos de tarde en veinte hospitales con personal adicional y otras medidas organizativas que permitan normalizar los tiempos de atención para consulta en Atención Primaria, de especialista hospitalario, cirugía y pruebas complementarias.

4 Hay que aplicar la ley, actualmente no usada, sobre los CONSEJOS DE SALUD, y constituirlos realmente con representación de la administración sanitaria, profesionales sanitarios, ciudadanía y pacientes, a nivel de Centro de Salud, Área, Distrito, Hospital, Municipio y Comunidad. Estos órganos se reunirán, al menos, cada seis meses, y garantizarán la información y participación social, la transparencia, el control democrático del sistema sanitario, y cuidarán la calidad asistencial y el reparto equitativo de los recursos.

5 Hay que establecer normativamente una extensión de infraestructuras técnicas y humanas de los Centros Sanitarios de forma lógica y equitativa con la distribución de la población en los territorios andaluces. Distribución razonable de los Centros de Salud y Consultorios. No puede haber un hospital en cada pueblo. No puede haber un servicio de cirugía cardiaca en todos los hospitales. Pero no puede haber discriminaciones territoriales en cuanto a infraestructuras técnicas y/o humanas que deberían ser equitativas, entre otras razones, porque todos pagamos los mismos impuestos. Es responsabilidad de cada Administración la publicación de mapas sanitarios que demuestren esta equidad de infraestructuras en los territorios bajo su competencia. Ello es fundamental para que las desigualdades en Salud que existen actualmente entre determinados territorios se reduzcan.

6 Establecer un plan de cinco años para revertir toda la asistencia actualmente externalizada mediante convenios y conciertos con el sector privado hacia el sector público, ampliando los Centros Públicos existentes y creando nuevos los que sean necesarios. Los Centros Sanitarios públicos deberán ser autosuficientes para ofrecer una asistencia sanitaria de alta calidad. Un concierto o una externalización con una empresa privada, solo puede admitirse en el caso de ser imprescindible y con carácter subsidiario: el contrato debe tener una fecha de caducidad no superior a 5 años. En ese tiempo el centro público debe tener resuelta su capacitación para ser autosuficiente. Se establecerá por Ley que hospitales privados no puedan convertirse en referentes para asistencia Sanitaria Pública para ningún territorio o comarca de Andalucía. Además, el gasto sanitario privado (de bolsillo), que pagan las familias en España, es bastante más alto que la media europea. Por ello, la SPA deberá absorber en su totalidad la asistencia en odontología, audiología y oftalmología, junto al coste de sus prótesis sensitivas.

7 Se establecerá por Ley que todos los centros Sanitarios Públicos andaluces deben tener su PLANTILLA ESTRUCTURAL DEFINIDA (por servicios, especialidades y resto de sectores funcionales), que tiene que ser actualizada periódicamente y ser pública. Los ciudadanos tienen que conocer los recursos de su centro sanitario y estos recursos no pueden ser disminuidos (plantillas incluidas) de forma silenciosa por ninguna Administración. Se establecerá por Ley la realización ANUAL de OFERTAS PÚBLICAS DE EMPLEO para cubrir las plazas vacantes y las nuevas necesarias para todos los centros sanitarios de Andalucía, que dé estabilidad laboral a los profesionales sanitarios. Para ello, una labor prioritaria es ampliar con urgencia y en cantidad suficiente el número de profesionales sanitarios estables. Así se irá resolviendo de forma paulatina el hecho de que la mitad de los trabajadores de la sanidad pública en España son interinos, permaneciendo esta situación hasta edades avanzadas del profesional.

8 PLAN ANDALUZ DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. La Atención Primaria (AP) es el nivel fundamental del Sistema Sanitario Público y actualmente está afectado por una profunda crisis. El gasto sanitario público en AP en Andalucía es actualmente del 16,4 % (2023) del gasto sanitario total. Lo recomendable es que sea del 25 % sin incluir el gasto de farmacia. La precariedad laboral de la AP en Andalucía es notable, soportando mucha carga burocrática y escasas remuneraciones. Tiene que redefinirse el funcionamiento de los Centros de Salud en los aspectos que son fundamentales para una correcta asistencia a los ciudadanos. Todas las primeras consultas clínicas de AP deben ser presenciales y deben ser atendidas dentro de las 48 h (días hábiles) de su solicitud. Debe consagrarse los 10 minutos por consulta. Y tiene que ser posible que cualquier paciente pueda acudir por motivos urgentes al Centro de Salud y pueda ser atendido en el propio día de su padecimiento aunque sea por otro profesional distinto a su Médica de Familia. Todo ello no sólo es justo, sino rentable en múltiples aspectos. Son numerosas las investigaciones que han comprobado que una mayor continuidad en AP a los pacientes es muy eficiente, dado que se producen menos hospitalizaciones y menos gasto farmacéutico, con el ahorro económico que ello implica. Pero es más, se ha demostrado de forma rotunda que un mayor seguimiento por el mismo médico de AP disminuye notablemente la visitas a Urgencias y la mortalidad de la población atendida.Ha de crecer la plantilla de AP con puestos estables para que pueda volverse a asumir su papel preventivo, hoy por hoy, perdido. Hay que incorporar incentivos económicos, formativos y de otros tipos, suficientes para que se ocupen los puestos de difícil cobertura.

9 Las remuneraciones de los PROFESIONALES SANITARIOS DEBEN SER JUSTAS según su formación y responsabilidad, asimilándolas a los salarios medios nacionales. Hablamos de remuneraciones justas según el nivel profesional establecido por su jornada laboral estándar de 35 horas semanales para todas las categorías. Las guardias médicas han de tener un periodo de descanso adecuado. Estas y otros complementos como trienios, cargos y productividades (disminución de listas de espera, etc) deben tener reglamentaciones específicas y también, en cuanto a honorarios, que tienen que ser adecuados con la función que hace cada categoría. Todo ello resolverá en gran medida la precariedad laboral actual de la profesión sanitaria, dado que en Andalucía las condiciones laborales son peores que en otras CCAA lo que propicia la fuga de profesionales a otras CCAA, al extranjero o a la asistencia médica privada. Con dotación adecuada de profesionales, estabilidad laboral y remuneraciones justas, las Plantillas Estructurales de los centros sanitarios se cubrirán sin problemas.

10 Se establecerá de nuevo por Ley la INCOMPATIBILIDAD en el ejercicio médico entre el sector público y el privado. No sólo para los jefes de servicio y sección y otros cargos intermedios no médicos, sino para todos los médicos y otros profesionales que trabajan en la Sanidad Pública. De esa forma se evitarán los efectos perversos de los potenciales conflictos de intereses que pudieran existir en la actualidad. Por otro lado es falso que trabajar en la medicina privada te permite hacer mejor carrera profesional. En la mayoría de las circunstancias, se trabaja también en la privada para ganar más dinero. Se estima que en España un 37,4% de los médicos compatibilizan el trabajo en la Sanidad Pública con la actividad privada. Muchos cargos de las Administraciones Públicas no pueden desarrollar otra actividad laboral privada, un impedimento regulado por ley y así debería ser también en la SPA. Se establecerá por Ley un plazo no superior a 3 años, para que los profesionales del sistema Público con actividad privada añadida abandonen ésta y que solo los profesionales con dedicación única pública perciban el Complemento de Exclusividad, mientras se implanta el sistema de Incompatibilidad absoluta entre los entornos público y privado.

11 Se cumplirá la Ley de Garantía que fija los TIEMPOS MÁXIMOS DE ESPERA para la atención médica, para pruebas diagnósticas y para tratamiento quirúrgico. Cada tiempo de espera máximo será acorde con la trascendencia potencial de la misma para el enfermo, con especial atención al diagnóstico y tratamiento de posibles casos de cáncer. Las personas que superen esos tiempos máximos deben ser considerados como prioritarios y deben estar establecidos los métodos para que la asistencia pendiente se haga rápidamente. Actualmente, en España las listas de espera se han convertido en un problema sanitario de primer orden. En todo el país la situación de la espera sanitaria es grave. Pero en Andalucía el problema ha llegado ya a límites escandalosos. Las consecuencias de un excesivo retraso diagnóstico y de la aplicación de las medidas terapéuticas necesarias son distintas dependiendo de la índole de la enfermedad causal, pero habitualmente ese retraso tiene consecuencias muy serias para la persona. Otro hecho, quizás menos nombrado, es el notable sufrimiento personal que induce la espera sanitaria. Cuando una persona nota que está enferma y los procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos se alargan excesivamente, esa espera se convierte en una tortura continúa.

12 Se establecerá por Ley que en los hospitales públicos existirán, de forma evaluada según las listas de espera del centro, TURNOS DE ATENCIÓN MÉDICA DE MAÑANA y TARDE, pero con profesionales diferentes en cada turno. Se aumentarán las plantillas lo necesario para ello. De esa forma los horarios efectivos asistenciales se incrementarán sustancialmente y se reducirán las esperas sanitarias. No se podrían hacer conciertos con los centros privados mientras los hospitales públicos estuvieran a medio gas. Esto no solo es posible, sino que se ha estimado que es mucho más rentable y eficiente que enviar pacientes a que sean atendidos por entidades privadas concertadas. De igual manera deberá establecerse la prohibición de las “peonadas” hospitalarias, es decir, los mismos profesionales médicos que trabajan por la mañana no podrán continuar su jornada laboral en horario de tarde. También, debe establecerse cómo y cuándo utilizar las consultas telefónicas. Se ha comprobado que las consultas telefónicas son inapropiadas en las personas de mayor edad, que son las que más necesidad tiene de su médico de AP. La potencialidad diagnóstica de la consulta presencial es muy superior a la telefónica.

13 Es imprescindible la potenciación legal del PLAN ANDALUZ DE SALUD MENTAL dentro del Sistema Sanitario Público. La atención pública a la Salud Mental en España y Andalucía es muy deficiente. Los principales problemas que presenta son falta de profesionales, estigmatización y desigualdad en la atención, mucho peor en áreas rurales y diferencias entre unas regiones a otras. Los problemas psicológicos y psiquiátricos en la población son muy frecuentes y la espera, tras solicitar atención, muy prolongada: Solo el 26,7 % pudo ser atendido dentro del mes de la solicitud de asistencia. Se establecerá que las Adicciones tienen que ser atendidas en los Servicios Sanitarios Públicos.

14 Se potenciará la función y actividad de los Servicios de Salud Pública y Epidemiología Clínica y Social dotándolos de la infraestructura y personal de acuerdo con estándares acreditados. Este sistema ha de ocuparse de la vigilancia epidemiológica, los programas de prevención, el control de cribados, la preparación ante emergencias sanitarias y de la elaboración de Planes de Salud municipales. Es prioritaria la recuperación de la Escuela Andaluza de Salud Pública, actualmente privatizada en su gestión.

15 Se establecerá por Ley en todos los centros sanitarios la creación de un ÓRGANO TÉCNICO PROFESIONAL con representación de todos los estamentos competentes y con la función principal de velar y garantizar la calidad asistencial en todos sus aspectos. Se establecerá por Ley el uso obligado de sistemas acreditados de abaratamiento y control del gasto de la SPA. Por ejemplo, al Gasto Farmacéutico se le aplicará el uso de fármacos genéricos y biosimilares, la existencia de Subastas Públicas de medicamentos o el empleo del decreto 512/2015 que permita la compra centralizada de la farmacia de los centros sociosanitarios. Asimismo, hay que establecer un plan de infraestructura que repare y modernice continuamente el instrumental y los Centros Sanitarios Públicos y evitar estructuras obsoletas, como las que a veces existen.

En definitiva, con este programa se puede conseguir que la SPA preste el soporte necesario para que las andaluzas y los andaluces disfruten de una vida saludable, alcanzando la máxima esperanza de vida libre de discapacidad que permita la ciencia. Múltiples estudios demuestran que medidas como las que actualmente hacen los gobiernos del PP de Moreno Bonilla que desmantelan la SPA, se asocia a niveles precoces de discapacidad y a un aumento de mortalidad evitable en la población atendida. Tenemos que evitar que esto ocurra. En las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, los ciudadanos podemos elegir qué modelo sanitario tendremos para el futuro. Es el momento de optar por una SANIDAD 100 % PÚBLICA que beneficiará a TODA la población de Andalucía.

Antonio Vergara de Campos. Ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz).

Manuel Torres Tortosa. Ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario Punta de Europa, Algeciras (Cádiz).

José Antonio Brieva Romero. Ex jefe de servicio (jubilado) de Inmunología Clínica. Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía / Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas.