El deterioro de la sanidad pública andaluza por los gobiernos del PP de Moreno Bonilla: las consecuencias (II)
Desde 2019 cuando se iniciaron los gobiernos del Partido Popular (PP) de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía, el sistema sanitario público andaluz se ha deteriorado ostensiblemente. Las evidencias de ello son abundantes: En el informe de la Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública (FADSP) de 2024, Andalucía ocupaba el penúltimo lugar de todas las Comunidades Autónomas (CCAA) en cuanto a la calidad de sus servicios sanitarios, las listas de espera sanitarias son de las peores del país, muchos profesionales sanitarios al acabar su formación se van a trabajar a otras Comunidades Autónomas (CCAA) o al extranjero por las malas condiciones laborales que aquí se les ofrece y en el último barómetro sanitario (2025) el porcentaje de ciudadanos andaluces que opinan que su sistema sanitario funciona bien o muy bien es el más bajo del país y, por el contrario, los que opinan que funciona mal o muy mal es el más alto de todas las CCAA.
Todo ello ha ocurrido de forma paralela a una notable privatización de los servicios sanitarios en Andalucía. En el informe correspondiente de la FADSP de 2025, el índice de privatización casi se duplicó de 2014 a 2025 (de 12 pasó a 23). En el año 2023, el porcentaje de intervenciones quirúrgicas en Andalucía era prácticamente el mismo en hospitales públicos o privados; en el año 2014 esas proporciones eran el 63 % y el 37 % respectivamente.
Las consecuencias de esas políticas perjudican gravemente a los ciudadanos y se analizan en este artículo las que hemos considerado más importantes y trascendentes.
1. Listas de espera sanitarias prolongadas hasta límites escandalosos.
En el año 2024 en Andalucía, solo el 14,4 % de las solicitudes de asistencia al médico de Atención Primaria eran atendidas en las primeras 48 horas; en 2018 lo eran el 51,7 %. Ahora ese índice ocupa el lugar 15 de las 17 CCAA, es muy inferior a la media nacional y -como se aprecia en el gráfico- ese empeoramiento no ha ocurrido en otras Comunidades como Cantabria, por ejemplo.
En diciembre de 2025 100,3 pacientes / 1000 habitantes (en total 852.889 personas) estaban pendientes de ser atendidos por un especialista hospitalario y tenían que esperar 136 días de media para que esa consulta se produjera. Ese indicador ocupaba el lugar 14 de las 17 CCAA del país. Se sitúa desde 2018 (en esa fecha se produce un cambio en el criterio de cómputo) muy por encima de la media nacional (ver gráfico) y desde entonces esos tiempos de espera casi triplican a los de otras Comunidades como por ej. el País Vasco,
En diciembre de 2025 23,5 pacientes / 1.000 habitantes (en total 199.950 pacientes) estaban pendientes de una intervención quirúrgica en Andalucía. El tiempo medio de espera para ello eran 173 días, el más elevado de todas las CCAA del país. Viendo su evolución, de nuevo otra vez se comprueba que es muy superior a la media nacional y marcadamente peor que el de otras Comunidades.
Una lista de espera sanitaria prolongada no implica solo la impaciencia del paciente para ser tratado. Tienen consecuencias muy graves para la salud individual de las personas. Muchos estudios lo han demostrado y esos riesgos dependen de la naturaleza de la enfermedad de base.
Si la enfermedad que finalmente se diagnóstica a una persona es cáncer, los retardos de 4 semanas en el tratamiento principal aumentan el riesgo de muerte por la enfermedad. Si ese retarde es de cirugía, el riesgo de muerte aumenta en un 6-8 %. Los retardos de 8 y 12 semanas aumentan más el riesgo de muerte. Así, retardos de cirugía para cáncer de mama de 8 y 12 semanas aumentan el riesgo de muerte en 17 % y 26 % respectivamente. Haciendo la correspondiente extrapolación, un retardo de 12 semanas para todas las enfermas con cáncer de mama durante un año, produciría un exceso de mortalidad en esas pacientes de 1.400 mujeres en el Reino Unido, 6.550 en Estados Unidos, 600 en Canadá y 500 en Australia.
Está bien demostrado también las serias consecuencias que tiene las esperas sanitarias en muchas enfermedades. Por ej. en pacientes pendientes de implantación de prótesis de cadera o rodilla, en personas con enfermedad inflamatoria intestinal o con dolor crónico, por citar solo algunos procesos. En general se asocian con deterioro de la calidad de vida, mayor riesgo de complicaciones e ingresos hospitalarios por estas, problemas de salud mental incluyendo depresión e ideación suicida, menor actividad física y social, problemas laborales y mayor consumo de otros recursos y gasto sanitarios
Y en relación con ello, hay un aspecto que tiene una importancia capital: el tiempo de espera del paciente que no está diagnosticado. El problema empieza con la espera para el médico de familia que ya sabemos que en Andalucía puede ser larga, por la precaria situación de la Atención Primaria. Más si te pide unos análisis. Si a continuación el médico te deriva al especialista, la espera en Andalucía es de las peores del país, más de 4 meses y medio. Tiempo al que hay que añadir el necesario para hacer las exploraciones que él solicite (desde 2019 este dato no es publicado por el Servicio Andaluz de Salud, aunque si lo hacen otras CCAA), y lo que tarde la cita para valoración de resultados e informe. Pueden irse perfectamente unos 5-6 meses. Como hemos visto, esperas tan prolongadas son un peligro para la salud individual de las personas, con consecuencias en ocasiones vitales.
2. Los riesgos de la asistencia médica privada.
La privatización es uno de los problemas de salud pública más importante de la asistencia sanitaria en España actualmente y tiene consecuencias muy graves sobre la población atendida. Una excelente monografía sobre el tema se ha publicado recientemente.
2.1. El aumento de la mortalidad evitable de la población atendida.
La rentabilidad económica es el objetivo principal del negocio. En cambio, en los sistemas sanitarios públicos son indicadores en Salud los que, sin obviar los costes, son los fundamentales para medir la utilidad y la eficacia del sistema. De todos ellos, la mortalidad que se puede evitar es el más importante por su trascendencia. En los últimos años son muchos los análisis que comparan la mortalidad evitable en sistemas públicos y privados. Un resumen de las conclusiones fundamentales de algunos de esos estudios se expone a continuación.
- Año 2002. Revisión de estudios que comparan la mortalidad en hospitales privados con ánimo de lucro con centros sin ánimo de lucro, realizado investigadores canadienses. Se analizaron 26.000 hospitales que abarcaron a 38 millones de pacientes. En los centros con lucro se comprobó una mortalidad significativamente mayor, tanto en adultos como en edad perinatal. Se señala que los inversores esperan obtener un 10-15% de rentabilidad del dinero invertido. Se consigue fundamentalmente a costa de disminuir el número de profesionales especializados por el número de camas, hecho que ha demostrado aumentar claramente la mortalidad de la población atendida.
- Año 2009. Estudio realizado en EEUU donde se demuestra que no tener seguro médico se asoció con mayor mortalidad. En ese país no tener seguro significa no tener ningún tipo de cobertura médica, dado que eso ocurre por no tener ingresos para costearlo y no tener ese país un sistema sanitario público. El aumento de mortalidad fue significativo (un 1,8 % más) ajustando el análisis por otros factores de riesgo.
- Año 2013. Estudio realizado en Italia. Está realizado en 19 regiones italianas durante 10 años. Se comparó la efectividad de la financiación Pública de centros sanitarios públicos o privados concertados en disminuir la mortalidad evitable. La conclusión del estudio fue que la inversión en el sistema sanitario público tiene mucha más eficacia que invertir una cantidad similar en la prestación Privada, en cuanto a reducción de la Mortalidad evitable de la población atendida. En concreto Por cada 100€ de aumento de financiación pública, se disminuía la mortalidad en un 1,47% de la población estudiada.
- Año 2020. Estudio que analiza el resultado de pacientes tratados con hemodiálisis en USA y Canadá en centros privados con y sin ánimo de lucro. El estudio evaluó estudios publicados entre 2001 y 2019. Se analizaron 1.163.144 pacientes/año. Las conclusiones fundamentales fueron: 1) La mortalidad en centros CON ánimo de lucro fue un 7% más alta que la de centro SIN intención de lucro para pacientes similares. 2) Eso implicaría un exceso de 3.800 muertes / año en USA en el tratamiento de pacientes con Insuficiencia Renal crónica en Hemodiálisis.
- Año 2022. Estudio realizado en el Reino Unido por investigadores de la universidad de Oxford. El National Health Service ha sido sometido a un progresivo proceso de privatización que fue potenciado a partir de 2012 donde el diagnóstico y tratamiento de muchos procesos y enfermedades eran realizados por entidades externas con ánimo de lucro (distintas a las propias del NHS). Desde el 1 de abril de 2013 al 29 de febrero de 2020 se analizan los resultados de 645.674 procesos tratados, lo que implicó una notable elevación del gasto. Se comprobó que desde 2013 las cifras anuales de muertes evitables en Inglaterra han aumentado, rompiendo la tendencia al descenso observada en los 10 años anteriores. Durante el periodo señalado la externalización de los servicios sanitarios a empresas privadas aumentó progresivamente. Y ello se asoció de forma significativa con un aumento de la mortalidad producida por causas tratables. En concreto, se observó que un aumento anual de un 1% en el nivel de externalización estaba asociado con un incremento anual de la mortalidad tratable de un 0,38%.
- Año 2025. Estudio realizado en EEUU. Se demostró una mayor mortalidad entre personas que dejaron de percibir el Subsidio de Bajos Ingresos.
- Año 2025. Estudio realizado en EEUU. Se compararon 1.007.529 visitas a urgencias y 121.080 hospitalizaciones en UCI en 49 hospitales adquiridos por la fórmula PE, (Private Equity, un sistema que aumenta las ganancias a costa de reducir prestaciones) con 6.179.854 visitas a urgencias y 760.377 hospitalizaciones en UCI en 293 hospitales de control. La adquisición de los hospitales por ese método se asoció con una significativa mayor mortalidad de pacientes atendidos en urgencias. En concreto, la mortalidad en urgencias aumentó un 13,4 %, lo que supone unos 7 fallecidos más por cada 10.000 pacientes. Tras la adquisición por capital privado, los hospitales redujeron, en promedio, los salarios y la dotación de personal en comparación con los hospitales no adquiridos, especialmente en urgencias y UCI, que son áreas de mayor agudeza y con alta demanda de personal.
- Año 2025. Estudio realizado en EEUU. La investigación demostró que la adquisición de hospitales por el sistema PE se asoció con un aumento de la mortalidad quirúrgica a los 30 días, especialmente con intervenciones de urgencia. En concreto, esa mortalidad aumentó en un 2,7 %. Estos hallazgos sugieren que la adquisición de hospitales por capital privado puede afectar negativamente la gestión de los casos quirúrgicos emergentes.
Como se aprecia, no solo se demuestra una asociación entre asistencia en centros privados con aumento de la mortalidad evitable, sino también una mayor eficiencia con la financiación de los centros públicos (disminución de la mortalidad tratable). Dentro de las fórmulas de adquisición privada de los hospitales, el tipo PE, que otorga mayores ganancias, es todavía más lesivo para los pacientes. Y también como la ausencia de cobertura sanitaria por carecer de medios económicos y no poder contratar un seguro de salud implica mayor mortalidad. Los sistemas sanitarios públicos y universales son más equitativos y garantizan el derecho a la vida de todas las personas, mientras ello sea posible.
2.2. Otros resultados negativos y efectos perjudiciales para la Salud.
- Estudio de revisión publicado en 2024. Los hospitales que pasaban de ser propiedad pública a privada tendían a obtener mayores ganancias que los hospitales públicos que no se convertían, principalmente a través de la admisión selectiva de pacientes y reducciones en el número de personal. También se encontró que los aumentos añadidos de privatización frecuentemente se correspondían con peores resultados de salud para los pacientes. El estudio proporciona evidencia que cuestiona las justificaciones para la privatización de la atención médica y concluye que el respaldo científico para una mayor privatización de los servicios de salud es débil.
- EEUU, el país que presume de ser el más avanzado de la tierra, tiene unos servicios de salud basados sobre todo en capital privado y, es un hecho bien demostrado, que es el sistema sanitario más caro e ineficiente de los países occidentales. Y está demostrado también que la introducción del capital privado con fórmulas más lucrativas (modelo PE) en la asistencia sanitaria reduce el acceso a los servicios, aumenta los costos y disminuye la calidad de la asistencia sanitaria.
- Son frecuentes los informes sobre la sobreutilización de pruebas diagnósticas, tratamientos innecesarios y más intervenciones de escaso valor clínico en centros sanitarios de gestión privada. Por ej. se ha comprobado un aumento excesivo de la tasa de cesáreas en centros privados en comparación con los públicos.
2.3. Irregularidades, prácticas indeseables y fracasos de gestión.
- El experimento neoliberal de gestión privada de la empresa Ribera Salud en el hospital de Alzira de la Comunidad Valenciana fue un estrepitoso fracaso, acompañado también de irregularidades inaceptables y que tuvo que ser resuelto con la recuperación del centro por la gestión pública. Algo similar ocurrió con el hospital de Torrevieja.
- La escandalosa actitud del director ejecutivo del hospital de Torrejón, gestionado otra vez por Ribera Salud, proponiendo alterar listas de espera o seleccionar pacientes para aumentar la rentabilidad fue conocida recientemente y puso en evidencia hasta donde pueden llegar las irregularidades cuando lo fundamental es la rentabilidad del negocio. Por ej. se llegó a ordenar la reutilización de material de un solo uso en exploraciones invasivas.
- Los responsables de la formación de Médicos Residentes en Traumatología del hospital Regional de Málaga, el segundo más grande de Andalucía, denunciaron ante la dirección que el notable aumento de derivaciones a centros privados de pacientes para ser intervenidos de implantación de prótesis de cadera o rodilla, había reducido drásticamente la agenda quirúrgica en esas intervenciones en el centro público, a pesar de contar con medios técnicos y humanos para acometer esas operaciones. Ello produce una formación insuficiente e inadecuada de los Médicos Residentes de esa especialidad por falta de la experiencia quirúrgica necesaria.
3. La crisis de los cribados del cáncer de mama.
En octubre de 2025 estalla el escándalo del programa de cribado del cáncer de mama en Andalucía. Mujeres con lesiones dudosas en la mamografía inicial no eran informadas del resultado y muchos meses después, en algunas de ellas se comprobó la presencia de cáncer. Este hecho es sobrecogedor por si mismo y también porque anteriormente señalábamos que está demostrado que retrasar el tratamiento definitivo del cáncer de mama 12 semanas aumentaba el riesgo de muerte un 26 %. Estos retrasos empeoran mucho el pronóstico de la enfermedad y la espera es un factor evitable. O más aún, es obligado evitarlo.
Lo ocurrido es un acúmulo de despropósitos que demuestran una gravísima desorganización e incompetencia a nivel institucional: Se anula el control del programa a la Escuela Andaluza de Salud Pública, se cambia el sistema informático a una empresa japonesa, fallos en el control de aviso a mujeres con lesiones sospechosas, fallos en la coordinación entre niveles sanitarios, escasez de plantillas de radiólogos, privatización parcial para la realización de mamografías y atascos notables para esta prueba que no se solucionan, fallos en la aplicación de protocolos solventes y bien establecidos, etc. En 2023 los radiólogos del hospital Virgen del Rocío avisaron de los atascos en la realización de mamografías y propusieron un plan para solucionarlo que fue rechazado por el gobierno andaluz por ajustes presupuestarios.
Y lo ocurrido también tiene consecuencias muy graves en otro nivel de valoración. Cuando una mujer acude a una mamografía del programa de cribado, no está aceptando un servicio más: está confiando su vida a un sistema que debe responder con rigor y empatía. Ese pacto moral que se establece entre un ciudadano y su sistema sanitario se ha roto. Y su reparación no vendrá solo con comunicados falsos y coartadas, sino con verdad, transparencia y responsabilidad.
Hay motivos para la preocupación. Desde primeros de siglo, la mortalidad por cáncer de mama ha caído en todo el país gracias a la mejora de los tratamientos y a los programas de diagnóstico precoz. Pero en Andalucía esa caída ha sido inferior al resto de España y aquí la mortalidad por esa enfermedad es superior a la del resto del país. Es más, se conoce la tasa de cáncer para cada provincia española. Y en el año 2023 entre las diez provincias con tasas más altas de cáncer de mama, se sitúan cinco provincias andaluzas. Y cabe preguntarse ¿Cómo se está realizando los programas de cribado con otros tumores, por ej. el de colon? Porque hay datos muy alarmantes: Entre las diez provincias españolas con tasas más elevadas de este tumor en hombres, seis son andaluzas. ¿Por qué ocurren estas tasas tan elevadas de neoplasias entre la población andaluza?.
Todos los responsables políticos dicen siempre que ellos defienden la Sanidad Pública. Ninguno dice públicamente que es mejor un sistema liberal privatizado, pero muchos luego es lo que hacen y es lo que está haciendo ahora el PP de Moreno Bonilla en Andalucía con consecuencias desastrosas. Tendrá relación directa con ello o no, pero nuestra realidad es cruda: La mortalidad ajustada por edad en Andalucía es la mayor del país, tanto en hombre como en mujeres.
La Sanidad Pública andaluza está en crisis. El gobierno andaluz actual realiza una política sanitaria pésima que perjudica directamente a los ciudadanos y ¿Cómo es posible que estemos consintiendo esto? El sistema sanitario público andaluz es nuestro porque lo financiamos nosotros y los gobiernos de turno están obligados a gestionarlo bien, para que sea beneficioso para todos. Es obligación de los gobiernos estar al servicio de los ciudadanos. Y nosotros estamos permitiendo que nos quiten algo tan valioso y que nos pertenece. ¿Hasta cuándo? ¿Qué nos queda por ver para actuar? Si queremos recuperar un sistema sanitario público universal y de alta calidad, la opción política actual que gobierna en Andalucía tiene que dejar de hacerlo. Nosotros decidimos.
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Manuel Torres Tortosa. Ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario Punta de Europa, Algeciras (Cádiz).
José Antonio Brieva Romero. Ex jefe de servicio (jubilado) de Inmunología Clínica. Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
Antonio Vergara de Campos. Ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz).
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía / Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas.