Anticorrupción reclama una fianza de 26.000 euros para un exconcejal del PP imputado en el caso ERE

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, que imponga una fianza de responsabilidad civil de 26.000 euros a Ramón Polo, exconcejal del PP en La Carolina (Jaén), por su inclusión en el ERE de una empresa para la que supuestamente no habría trabajado.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público hace referencia a un documento del Consorcio de Compensación de Seguros que fija en 19.422,60 euros la cantidad efectivamente recibida por el exconcejal del PP tras su irregular inclusión en la póliza derivada de las ayudas concedidas a la empresa Gres Vilches, cantidad a la que habría que sumar el tercio legal correspondiente.

De igual modo, y basándose en este mismo documento del Consorcio de Compensación de Seguros, la Fiscalía solicita a Alaya que fije una fianza civil de 21.108,87 euros, más al tercio legal, para el exsecretario general de la federación provincial de Jaén de MCA-UGT Manuel Morales Larrubia, en su caso también por su inclusión como beneficiario en la póliza relativa al ERE de esta empresa.

De su lado, la acusación que ejerce en el caso de los ERE irregulares la Junta de Andalucía ha reclamado a la instructora que imponga a ambos una fianza civil de 200.000 euros, más el tercio legal, de la que habrán de responder solidariamente los dos imputados, según un escrito consultado por Europa Press.

Los servicios jurídicos de la Junta señala que, tanto de la declaración judicial de Ramón Polo como de la documentación obrante en la causa, “se constata” que al exedil “se le habría abonado efectivamente la cantidad de 31.722,20 euros más los intereses legales, haciendo un total de 34.153,27 euros”.

PERJUICIO AL ERARIO PÚBLICO ANDALUZ

No obstante, “las cantidades de las que deben responder ambos imputados no son las equivalentes a las rentas efectivamente percibidas sino la cantidad que se corresponde con el perjuicio ocasionado al erario público andaluz”.

Y es que, según añade, la Junta “ha abonado por la inclusión de ambos imputados en la póliza la cantidad de 253.685,08 euros, siendo éste el perjuicio real sufrido por la hacienda pública”.

La Junta destaca la “inclusión irregular” de ambos imputados en la citada póliza, “ya que indiciariamente no habrían sido trabajadores de la empresa Gres de Vilches, y, por tanto, no habrían tenido derecho a ser incluidos como beneficiarios en aquella póliza”.

Tras las peticiones realizadas por la Fiscalía y la acusación que ejerce la Junta, la magistrada ha dictado una providencia en la que da cuenta de que tiene pendiente dictar resolución para imponer dichas medidas cautelares.