Dimite el alcalde de El Garrobo a cuenta de su condena

El alcalde de El Garrobo (Sevilla), Bernardo Alcón Moreno (PSOE), ha decidido renunciar a la alcaldía a cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 que le condena a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público, por un delito continuado de prevaricación cometido al contratar como peones agrícolas a diversos vecinos, sin que las plazas respondiesen a ninguna convocatoria ni mediasen los principios de mérito, igualdad y capacidad. Las contrataciones, además, contaban con informes contrarios por parte del secretario e interventor del consistorio.

Tras ser hecha pública la citada sentencia, el secretario de Política Municipal del PSOE de Sevilla, Antonio Casimiro, ha informado en un comunicado de la “decisión” del alcalde y ha destacado que su formación “acata las decisiones judiciales y es consecuente con las mismas”, a pesar de que la defensa tiene todavía recorrido y el regidor ha manifestado que prevé recurrirla. Bernardo Alcón manifiesta en este mismo comunicado su desacuerdo con esta sentencia pero da un paso atrás por su partido “para no perjudicarlo”, pero agotará “todos los recursos judiciales posibles” de manera personal e independiente a su formación.

El caso responde a una denuncia del PP del Ayuntamiento de El Garrobo, tras constatar que habían sido contratados peones agrícolas “con informes desfavorables” siendo dos hermanas del alcalde dos de las personas beneficiadas por estos contratos. El alcalde ya reconoció, en su declaración en julio de 2012, que verdaderamente no medió ninguna “selección” de personal para el mantenimiento de los parques y jardines del municipio, aunque argumentaba que “las contrataciones eran puntuales y normalmente urgentes e impedían iniciar un proceso selectivo”.

Del mismo modo, reconocía que se había venido contratando a peones agrícolas para labores de limpieza, mantenimiento y conservación en los parques del municipio a pesar de que la figura de peón agrícola “no existe” en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de El Garrobo. En su defensa, alegaba que esta práctica se venía acometiendo “desde antes de ser elegido” él mismo como alcalde allá por 1995.

La sentencia declara como hechos probados que Bernardo Alcón dictó entre 2008 y 2011 diversos decretos ordenando la contratación “de determinados vecinos del municipio con la categoría de peón agrícola”, toda vez que en “todos y cada uno de los casos” mediaban informes contrarios del secretario e interventor en cuanto a la “falta de legalidad” de dichos decretos por conculcar “los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”.

Es precisamente en la fórmula seguida para las contrataciones, en el que el juzgado considera que el alcalde “incumple de manera grave, con conocimiento de la irregularidad de su conducta, de manera dolosa, las obligaciones de sometimiento a la norma que le corresponden en su condición de responsable de la corporación”. El fallo asegura en este sentido: “En las contrataciones como peón agrícola producidas entre 2008 y 2011, la publicidad ha sido más que relativa, la transparencia absolutamente inexistente y los criterios realmente tenidos en consideración para la selección del personal no se conocen más que por la palabra del acusado y han quedado reducidos a una mera cuestión de confianza ciega”.