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El agua privatizada por el PP-A en la provincia de Huelva siempre acaba en Aqualia

El PSOE-A pretende que se inicie "un procedimiento por la vía penal" tras sospechar que puede haber una "trama" que implicaría "a la cúpula" de ese partido.

Desde 2009 se ha liberalizado el servicio en ocho municipios gobernados por los populares de esta provincia y todos han recaído en la misma empresa.

PSOE-A iniciará acciones penales por la adjudicación del servicio de agua a Aqualia en ayuntamientos de PP

El patrón es siempre el mismo, y el PSOE-A ha decidido que los tribunales pongan la lupa sobre el asunto de la privatización del agua en municipios de la provincia de Huelva, un servicio que siempre acaba en las mismas manos cuando el PP-A lo liberaliza: la empresa Aqualia. Lo anunciaba este miércoles el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, quien ha dicho que su formación ha dado instrucciones a sus representantes en la Mancomunidad de Huelva para que inicien "un procedimiento por la vía penal" porque sospechan de que hayan podido cometerse delitos de "prevaricación y malversación". Independientemente de la denuncia, preguntarán por esto en el próximo pleno del Parlamento de Andalucía.

Desde 2009, ocho consistorios de la provincia gobernados por los populares han adjudicado a Aqualia por parte de ocho ayuntamientos del PP en la provincia, ante la sospecha de que haya podido cometerse un delito de "prevaricación y malversación". Mario Jiménez cree incluso que se trata de una "estrategia premeditada de privatización" que podría afectar a la "cúpula" del PP-A. Ha dicho "cúpula", primero molesto porque fue la palabra que usaron los populares hace unos días para hablar del supuesto "enriquecimiento" de los socialistas con la corrupción, y segundo, porque uno de esos ocho municipios es Valverde del Camino, gobernado por Dolores López, secretaria general del PP-A.

En la misma línea, ha alertado que con esta estrategia, Aqualia ha accedido a un negocio "valorado en más de 25 millones", a través de una "presunta trama" que no solo podría afectar a la provincia de Huelva, sino que también se extendería a otros territorios de la comunidad autónoma, poniendo el ejemplo El Puerto de Santa María (Cádiz). Y siempre "el mismo patrón", según él: "Primero decretaban de manera injustificada unas condiciones de urgencia para conceder a dedo el contrato, sin ningún tipo de concurso público, y un año después se convocaba por 25 años, en el que presumiblemente Aqualia redactaba el pliego de condiciones".

 

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