Procesado el alcalde de Albox (PSOE) por negar información a la oposición

El Juzgado de Instrucción 3 de Huércal-Overa ha abierto juicio oral contra el alcalde de Albox (Almería), Rogelio Mena (PSOE), quien se enfrenta a una pena de dos años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por “impedir” presuntamente de forma “constante” la labor de oposición denegándole “sistemáticamente” diversos expedientes de contratación y facturas relativas a tres empresas incluidas en el plan de pago a proveedores.

El auto del magistrado Fernando Ruiz Rico, notificado a las partes este lunes, da diez días de plazo para formular escrito de defensa a la representación legal del alcalde, quien interpuso recurso de apelación contra el auto de procedimiento abreviado sobre el que deberá resolver la Sección Segunda de la Audiencia de Almería.

Cabe recordar que el regidor solicitó a finales de noviembre la suspensión temporal de su cargo en la ejecutiva del PSOE-A como secretario de Ideas y Programas con el objetivo, según argumentó, de evitar “la instrumentación política que se está realizando de un proceso judicial abierto por el PP”. No obstante, ha sido propuesto por unanimidad para optar a la alcaldía en mayo de 2015 ya que actualmente ostenta el cargo por la renuncia de su antecesor, José García (también del PSOE).

La decisión llegaba después de que el fiscal fijase la acusación contra él. Le imputa un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos del artículo 542 del Código Penal al estimar que su actuación “impidió la actividad fiscalizadora” ejercida por la oposición y, en concreto, por parte del portavoz municipal del PP, Juan Pedro Pérez Quílez. En su escrito, el fiscal señala que el también diputado provincial habría actuado “con total conocimiento” ignorando los requerimientos del PP y al “impedir el acceso a dicha información una vez que Juan Pedro Pérez se personaba en el consistorio”.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Huércal-Overa ordenó procedimiento abreviado contra el regidor el pasado 24 de septiembre al considerar que existían indicios racionales de que podría haber incurrido en un delito contra las garantías constitucionales y desestimó el sobreseimiento de la causa interesado por la defensa.

Se la pidieron hasta tres veces

El fiscal degrana que la primera petición de información de los expedientes de contratación y facturas relativas a las empresas Planta de Reciclaje Albox SL, Demoliciones y Asfaltos La Calzada SL y Alcaina Estudio de Ingeniería se efectuó el 7 de febrero de 2013. Once días después, transcurrido el plazo de cinco días que la ley estipula para contestar, el edil de la oposición se iba a personar en las dependencias municipales para acceder a la documentación, una solicitud que era desestimada por resolución de alcaldía el día 20 de la que se le informó cuando la pidió.

El fiscal detalla que el mismo proceso se inició con una segunda petición de información relativa a idénticos documentos elevada el 17 de mayo de 2013. En esta ocasión no fue contestada y cuando el concejal fue al consistorio “esta no estaba ni preparada ni disponible para su entrega”.

El tercer requerimiento se realizó el 7 de junio con idéntico resultado mientras que ya en noviembre del mismo año, y tras un nuevo cruce de escritos, se le entregó, según recoge el escrito, una diligencia en la que “se pone de manifiesto que, por parte del interventor, no se le da acceso a consultar el mencionado expedientes por no contar con la autorización de la alcaldía”.