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Los trabajadores de la base de Morón de la Frontera optan por los encierros
El alcalde de Utrera, Francisco Jiménez (PA), y el de Arahal, Miguel Ángel Márquez (IU-CA), apoyarán a los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) que promueve la compañía Vinnell-Brown & Root Spain (VBR) en la base aérea de Morón de la Frontera, y respaldarán los encierros que el colectivo de afectados contempla hacer en los consistorios de los municipios del área de influencia. El primer edil de Utrera ha señalado que “sin ninguna duda” estará con los trabajadores afectados y que el apoyo es “total” ya que “siempre hemos apoyado todos los actos y reuniones. De hecho siempre he reivindicado los derechos de los trabajadores”.
Entiende Francisco Jiménez considera que el Gobierno de la Nación en su conjunto “tanto el PP ahora, como el PSOE antes” debería tener “consideración” con la comarca ya que su “ausencia” ante lo acaecido “nos perjudica”. Mientras, el máximo edil de Arahal ha manifestado que los trabajadores tendrán el “total” apoyo del consistorio y que tendrán todas las facilidades para encerrarse “un día, una semana o lo que haga falta”. En la misma línea, ha recalcado: “Entendemos que sus reivindicaciones son justas y no podemos tolerar la actitud de la empresa que lleva comunicando, año tras año, nuevos ERE en verano, aprovechando la época estival”.
De esta manera, ambos alcaldes confirman las palabras de José Armando Rodríguez y Javier Domínguez, presidente y portavoz del comité de empresa, respectivamente, de que contemplan como primer plato, ante la situación en la que se ven afectados, una serie de “encierros” en los consistorios de los municipios del área de influencia de la base.
En la mañana de este jueves, el secretario general del PA, Antonio Jesús Ruiz, ha querido mostrar el apoyo de los andalucistas a los 55 afectados por el último ERE, tercero desde 2010. Los trabajadores presentaron hace unos días a la empresa una propuesta, con un plan para evitar los despidos sin coste para la empresa. En este sentido, los despidos afectan a los departamentos de abastecimiento de combustible, carga y descarga, y parque móvil, todos los cuales han sido militarizados por decisión del Gobierno estadounidense. La indemnización prevista es de 20 días por año, el mínimo legal establecido.
