La negociación interna de la PAC se alarga sin cerrar cuestiones básicas para Andalucía
El reparto de fondos de la Política Agraria Común en España no se cerrará hasta el 31 de marzo. Es el nuevo umbral que ha fijado el ministerio de Agricultura, que sigue en plena negociación con las comunidades autónomas. Para los productores andaluces aún hay muchos frentes abiertos. Hoy mismo, la consejera de Agricultura, Elena Víboras, ha mostrado su “inquietud” por la actitud del ministro. A su juicio parece “que intenta equilibrar a otras comunidades autónomas a costa de Andalucía”.
La consejera ha reiterado su compromiso de defender que Andalucía no pierda ni un euro en la aplicación interna de la reforma. No obstante, ha señalado que eso pasa porque se cierren aspectos esenciales en la negociación como qué porcentaje de ayudas al desarrollo rural que corresponde a la comunidad andaluza o el volumen de las ayudas directas. Cuestiones en las que, según Víboras, “no se ha avanzado nada”, desde que las mesas técnicas comenzarán a trabajar en septiembre pasado.
Otros flecos pendientes que deberán abrocharse son la definición de agricultor activo –para asegurar que las subvenciones llegan a quienes realmente viven del campo- y establecer el suelo de las ayudas, es decir, el mínimo a percibir. Actualmente ese mínimo está en 300 euros anuales, lo que deja sin derecho a subvención a más de 28.000 agricultores andaluces, que están por debajo de esa suma.
Víboras ha dejado ver sus sospechas sobre el temido trasvase de fondos entre comunidades que organizaciones agrarias como UPA o COAG han venido denunciando. Para los segundos, esa desviación de dinero es algo que “no vamos a aceptar”, en palabras del secretario de la organización en Jaén, Juan Luis Ávila. Señala que Bruselas ha dejado margen suficiente “para que el ministro pueda articular una reforma sensata”. Por ello reclaman que “no se cierre en falso” una negociación política que castigue a Andalucía en el reparto de fondos.
COAG reprocha que las organizaciones agrarias estén fuera de las mesas técnicas que negocian el reparto del dinero europeo. Por ello, explican que es difícil interpretar si la inquietud de la consejera tiene que ver con un cambio de orientación del ministerio, que había prometido que no habría pérdida de fondos, o con una nueva interpretación de lo que se está negociando.
Para UPA, el temor de la consejería se basa en que “se ha establecido una fórmula política que hace que Andalucía pierda un cinco por ciento de ayudas que se suman a comunidades de otro color político”, explica Agustín Rodríguez, secretario general de UPA-Andalucía. Cómo la COAG, reclama el compromiso del ministerio de mantener los fondos de Andalucía, dado que en la negociación en Bruselas, España ha mantenido el sobre económico e incluso ha visto incrementada la partida de apoyo al desarrollo rural.
Esta organización considera lícito que el aumento vaya a un sobre nacional, después de asegurar una distribución por comarcas que garantice que ningún agricultor pierde ni un euro del pago único. Rodríguez ha señalado que la inquietud de la consejera es “un riesgo real” que su organización viene denunciando desde hace meses. En ese riesgo
ASAJA, sin embargo, no comparte estos temores. Esta organización considera que la negociación debe seguir avanzando para saber si se producen o no esos trasvases. “El compromiso del ministro es firme”, señala el gerente en Jaén, Luis Carlos Valero, convencido de que se mantendrá el acuerdo con las comunidades autónomas porque “está firmado para lo bueno y lo malo”. No obstante, señala que ASAJA tiene un pacto con el resto de organizaciones y la Junta de Andalucía para defender una posición común: “que Andalucía no pierda ni un euro”.
La negociación de la Política Agraria Común (PAC) se cerró en Europa el pasado mes de junio. España consiguió lo que pretendía, un margen de flexibilidad suficiente para repartir los fondos comunitarios de la forma menos gravosa posible. En el periodo 2014-2020, llegarán alrededor de 47.000 millones de euros. Hasta ahora, Andalucía ha obtenido la cuarta parte de esos fondos, una porción acorde a su producción agraria. Tanto el gobierno andaluz como las organizaciones agrarias han pedido que el reparto se ajuste al máximo. Proponen que se establezca como referencia la comarca agraria, de modo que no se trasvasen fondos entre cultivos, entre comunidades y entre agricultores. En ese punto, sigue abierta la negociación.
