El Gobierno urge a la Junta de Andalucía a “abordar la demolición” de El Algarrobico tras el dictamen que tumba la licencia
El dictamen del Consejo Consultivo andaluz que declara la nulidad de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, concedida en 2003, acerca el fin de la mole y ha empezado a abrir la siguiente etapa, que en realidad está prevista desde hace 15 años: cómo se reparten la tarea de meter la piqueta y retirar los escombros las dos administraciones con responsabilidad para ello, Junta de Andalucía y Gobierno central.
Poco después de conocerse, el Ministerio de Transición Ecológica solicitó por escrito a la Junta una reunión para “abordar su demolición y la restauración del enclave”, según informaron fuentes ministeriales. Es la Junta quien debe convocar, porque ahora preside la Comisión en la que se dirime este asunto.
Según ha podido confirmar este medio, el escrito, dirigido al viceconsejero de Sostenibilidad, Sergio Arjona, insta a convocar una reunión extraordinaria de la Comisión del Protocolo suscrito entre Junta y Gobierno central, para analizar “el dictamen y sus consecuencias”. El Protocolo data de 2011, y en él se recoge la obligación del Gobierno de asumir los costes derivados de la demolición y de la Junta de Andalucía de hacerse cargo de las tareas de desescombro y restauración de la playa.
Pese a la urgencia del Ministerio, la Junta ha reaccionado pisando el freno. Rocío Díaz, Consejera de Fomento de la Junta, recordó que ahora el dictamen debe regresar al Pleno de Carboneras para completar el trámite que lleve a la nulidad de la licencia. “Una vez culminado este trámite, avanzaremos hacia la demolición del inmueble y la restauración de este entorno natural”, dijo, sin que en su departamento aclararan si eso significa que no convocará ninguna reunión hasta que el municipio complete su parte.
La Junta se siente “reforzada” y el Gobierno subraya su “impulso”
La noticia de que el Consultivo daba un impulso al proceso fue celebrada tanto en Sevilla como en Madrid. El dictamen es un “paso decisivo” para dar carpetazo a la historia de El Algarrobico y que ese “monumento a la irregularidad urbanística y el destrozo ambiental” desaparezca, según Díaz. Con palabras parecidas lo saludaron desde el Ministerio: un paso “determinante”.
Al mismo tiempo, las palabras escogidas por ambas administraciones también dejan entrever la guerra por el relato que, más allá de los avances administrativos hacia la demolición, se ha instalado desde que el pasado febrero el Ministerio activara la vía alternativa de la expropiación de los terrenos y la ministra de Hacienda y candidata in pectore a presidir la Junta, María Jesús Montero, lo anunciara por sorpresa a los pies del hotel.
Díaz subrayó este viernes que el dictamen “refuerza” a la Junta de Andalucía en el camino que “escogió” para acabar con el hotel. Es una puya al Gobierno central, porque el Gobierno andaluz insistió en su apuesta por anular la licencia frente a las invitaciones del Ministerio a que se sumara a la vía de la expropiación. Ahora, el Gobierno andaluz saca pecho, mientras fuentes del Ministerio resaltan que la “determinación e impulso” del Gobierno central habría “obligado” a otras instituciones a actuar.
Lo cierto es que la Junta de Andalucía se personó en la ejecución judicial de la sentencia que obliga a revisar la licencia en mayo de 2024, y en esta última fase ha presentado múltiples escritos de impulso del proceso, tras años de inacción. Nueve meses después, en febrero de 2025, el Ministerio irrumpió como un ciclón anunciando su intención de expropiar a Azata los terrenos de dominio público (la mitad, unos 32.000 metros cuadrados). Prometió incluso que El Algarrobico estaría demolido en 2025.
Hoy, la vía de la expropiación está pendiente de la resolución del Jurado Provincial de Almería, en la pantalla del justiprecio que debería recibir la promotora, que pide 44,5 millones de euros frente a los 16.500 que ofrece el Ejecutivo. Esta vía parece abocada también a la judicialización por esta amplia discrepancia económica.
Greenpeace pide reservar presupuesto
Greenpeace celebró como una “¡victoria!” decisiva el dictamen del Consultivo y vaticinó el fin de los “obstáculos administrativos” para la demolición del hotel, del que sería su “acta de defunción legal”. También pidió que se reserven ya partidas presupuestarias para acometer la demolición y desescombro, cuyo coste aproximado cifra en siete millones de euros. Los ecologistas creen que la decisión allana también el camino a la expropiación, puesto que con una licencia nula la promotora no puede exigir tanto dinero por entregar los terrenos.
Es indiscutible que es un paso que allana el camino hacia la demolición, pero esta es una historia tan larga, tan llena de vericuetos jurídicos, trampas procesales y voluntades dispersas, que es pronto para asegurar que el final está cerca. La piqueta aún debe recorrer terreno minado. La propia Consejera recordó que ahora el dictamen vuelve a Carboneras. “Ahora corresponde al Ayuntamiento llevar cuanto antes este asunto a pleno para oficializar la anulación definitiva de la licencia”, anunció, al tiempo que pedía al Consistorio “máxima celeridad y agilidad” para convocarlo.
Desde el Ayuntamiento no respondieron ayer a cuándo tiene previsto hacerlo, aunque el alcalde Salvador Hernández confirmó que llevará el asunto a Pleno: “Se someterá una medida a la que se nos obliga por sentencia a la deliberación y votación de todos los concejales”. El regidor llamó al Gobierno y la Junta “colaboración” y “lealtad institucional”: “No puede ser que el pueblo de Carboneras y los ciudadanos vengamos desde hace décadas este gran problema surgido por la responsabilidad todas las administraciones”. De fondo, está el temor a tener que indemnizar a la promotora por la licencia que le dieron en su día con unas arcas municipales muy escasas para la envergadura de esa posible reparación.
Durante años, el Consistorio (que inicialmente litigó del lado de la promotora) ha remoloneado para cumplir las sentencias que resuelven que el hotel es ilegal. Ha alegado falta de personal habilitado para tramitar el expediente, su complejidad, errores materiales, errores procedimentales y meros lapsus, o pedido nuevos informes (innecesarios, según el propio TSJA) que siempre tenían el efecto de devolver la ejecución de las resoluciones judiciales varias casillas atrás. En el camino, ha agotado la paciencia de los ecologistas (que han llevado al caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos), la Junta de Andalucía (que ha criticado las maniobras “claramente dilatorias”) y, aparentemente al menos, de los jueces, que han advertido varias veces a los alcaldes con multas, sin imponerlas nunca, y se han planteado intervenir directamente.
El alcalde ha dicho este viernes que todo esto son “interpretaciones malintencionadas” y que estas demoras se deben a la falta de recursos. Hace poco más de un año pidió negociar con la promotora y abrir la puerta a la conservación de la mole “como hotel o residencia”, advirtiendo de que la revisión de la licencia podría llevar hasta cinco años.
Además, el propio abogado de los ecologistas ve probable que la promotora y propietaria de los terrenos, Azata del Sol, busque la vía para torpedear la resolución con algún nuevo recurso.
El destino de la mole es claro desde que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró que el suelo era no urbanizable y la licencia debía ser revisada en sendas sentencias dictadas en 2016 y 2018, firmes respectivamente desde 2018 y 2021. Lo que ocurre es que el cumplimiento material de esas resoluciones depende en última instancia de un sistema garantista que permite recursos contra casi cualquier acto administrativo, y de la capacidad y voluntad de impulsar los trámites de la administración local, hasta ahora, y cuando se supere esa pantalla definitivamente, de la autonómica y el Gobierno central.