La inacción de Carboneras para anular la licencia del Algarrobico encamina otra vez el procedimiento a la casilla de salida

Néstor Cenizo

17 de noviembre de 2025 21:04 h

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Cuatro meses después de que el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras adoptara, al fin, el acuerdo para revisar la licencia de obras de El Algarrobico concedida en su día a la promotora Azata del Sol, el Consistorio no ha enviado aún al Consejo Consultivo el expediente. El informe del Consultivo es un trámite preceptivo (aunque no vinculante) en el expediente abierto para anular la licencia concedida en 2003, que sigue siendo válida a pesar del interminable trasiego de papeles que durante dos décadas han sobrevolado al inmueble construido en plena playa y Parque Natural de Cabo de Gata.

Los ecologistas que denunciaron y consiguieron parar la obra en 2006 creen que este retraso, otro más de una ristra interminable, es una nueva treta del consistorio para volver a eludir la obligación que le impuso en 2021 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA): a saber, revisar la licencia. Igual que pasa con la sentencia que obliga el Consistorio a clasificar el suelo como no urbanizable, el Ayuntamiento ha conseguido que pasen los años sin ejecutarlas evitando de paso las repetidas advertencias de los jueces.

Siempre pasa algo: un nuevo informe necesario, un acuerdo de Pleno que se excede de lo requerido o un simple error material. Ahora, como en otras ocasiones, el Ayuntamiento alega que no tiene Secretario y que no puede avanzar. Es más, una portavoz explica que están pendientes de una convocatoria de habilitados nacionales que acaba de abrir el Ministerio, de modo que difícilmente tendrán quien pueda remitir el expediente al Consejo Consultivo en las próximas semanas.

Probable caducidad

Entre tanto, pasa el tiempo, y los ecologistas alertan de que la demora va a obligar a declarar la caducidad del procedimiento, y empezar de nuevo. Los expedientes de revisión de una licencia caducan a los seis meses, en los cuales el expediente debe viajar al Consultivo para que emita su informe. Desde que lo recibe, el Consejo Consultivo tiene un plazo de 30 días hábiles para emitir su dictamen. Contando fines de semana y festivos de diciembre, esto es casi mes y medio. Después el expediente debe volver a Carboneras, para que el Pleno, que lo inició, lo cierre.

Teniendo en cuenta que el expediente empezó el 11 de julio de 2025, caducará el 11 de enero de 2026, si no se ha resuelto antes. Y los ecologistas calculan que ya es imposible, de modo que se encamina hacia la caducidad. “La táctica del Ayuntamiento de Carboneras es seguir dilatando sine die el proceso con el fin de evitar la demolición, si no de resucitar el hotel”, protestan desde Salvemos Mojácar, la entidad que dio la voz de alarma que sirvió al juez para paralizar la obra hace ya casi veinte años.

Si caduca, será a pesar de las reiteradas advertencias del TSJA para que el alcalde y el Pleno cumplan sus sentencias, que de nada han servido. La última llegó el 20 de octubre, cuando los tres magistrados requirieron al alcalde para que les informara en cinco días de “si ha tenido lugar el traslado del expediente” tal y como le habían exigido en julio.

La Junta de Andalucía pidió sanciones para el alcalde

La sentencia que el Ayuntamiento sigue sin ejecutar se dictó en julio de 2021. En septiembre de 2023 el TSJA abrió un procedimiento para ejecutarla, a la vista de la falta de ejecución voluntaria. Los magistrados del alto tribunal andaluz llevan desde febrero de 2024 enviando requerimientos para forzar la ejecución. En marzo de 2025 advirtieron al alcalde con multarlo y/o deducir testimonio a Fiscalía por un posible delito de desobediencia si en el plazo de un mes no acreditaba “la incoación del procedimiento de revisión de oficio”.

La Junta de Andalucía se ha sumado en los últimos meses a las denuncias formuladas desde hace años por los ecologistas de que el Ayuntamiento de Carboneras y sus sucesivos alcaldes (José Luis Amérigo -PSOE-, Felipe Cayuela -PP- y, ahora, Salvador Hernández -Ciudadanos-), ignoran y demoran sin disimulo la ejecución de las dos sentencias a la que están obligados, dictadas en 2018 (la que ordena reclasificar el suelo como no urbanizable) y 2019 (que obliga a revisar la licencia). Ya no se fía.

Cuando el regidor pidió un informe para ver cómo cumplía con la obligación de revisar, añadiendo un nuevo trámite e ignorando la literalidad de lo que se le estaba requiriendo, los servicios jurídicos de la Junta protestaron porque no era eso lo que debía hacer, y pidieron al TSJA que le sancionara y diera traslado de la actitud municipal a la Fiscalía p. “No sólo no consta el cumplimiento (…) sino que, de conformidad con el fallo de la Sentencia de 22 de julio de 2021, ya debía estar tramitado el procedimiento de revisión de oficio y anulada la licencia por ser nula de pleno derecho”, recordaba el letrado de la Junta, que subraya que el retraso en cumplir el fallo es “considerable”.

Ahora, el nuevo problema es que falta el secretario. En ocasiones anteriores, el Ayuntamiento ha excusado los retrasos en que carecía de esta figura o tenía que compartirla con otros municipios.

En las últimas semanas, los magistrados también han rechazado un intento de Azata del Sol para que se diera por cumplida la sentencia. La promotora alegaba que el mero inicio del expediente de revisión de la licencia es suficiente.

Los ecologistas piden que el TSJA ejecute

Para José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción, la única solución es que sean los jueces los que reclamen el expediente y anulen ellos. “La ley prevé que pueda ejecutar con sus propios medios”. Cree que solo así se zanjará al fin este asunto: “Porque si el Ayuntamiento lo hace por fin, Azata interpondrá un recurso contencioso-administrativo y pasarán otros diez años”, advierte. Sin embargo, la Junta de Andalucía se opuso en su día a esta posibilidad, señalando que debía ser el Ayuntamiento quien lo hiciera.

Lo hizo en febrero, apenas tres días antes de que María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y entonces futura candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, anunciara por sorpresa la intención de expropiar la parte de El Algarrobico en dominio público, dejando de lado la vía de la revisión de licencia. El Gobierno de Moreno se opone frontalmente a la expropiación anunciada por Montero, subrayando que la vía más rápida para la demolición del hotel pasa por que el Ayuntamiento revise y anule la licencia urbanística. La intervención de Montero y la abierta discrepancia del camino a seguir abrió un nuevo frente de hostilidades entre la ya candidata socialista y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno.

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