Ganadería intensiva
El norte de la provincia de Granada sigue luchando contra la instalación de macrogranjas. Una de sus asociaciones más reconocidas en este ámbito, 'Salvemos el Altiplano', ha elevado alegaciones y un recurso de reposición contra el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que plantea el Ayuntamiento de Castril. Al parecer, según denuncia esta plataforma civil, el nuevo ordenamiento favorecería la implantación de más industrias de ganadería intensiva. Algo que niegan desde el Consistorio.
Según los documentos, a los que ha tenido acceso este medio, 'Salvemos el Altiplano' pretende evitar que Castril siga el mismo camino que ya es una realidad en el municipio de Castilléjar con el que limita. Esta localidad cuenta con vastas extensiones de macrogranjas porcinas y avícolas que están contaminando el acuífero y generan suciedad y olores que son desagradables para los vecinos. Sin embargo, la penetración de estas empresas es tan elevada en Castilléjar que todo el municipio, que ha perdido población en los últimos 20 años, vive directa o indirectamente de esta actividad. Desde 2005, en Castilléjar se han instalado 66 naves de cría intensiva de cerdos.
El PGOU que propone Castril para el municipio contempla que se reserve suelo para “actividades ganaderas y agroindustriales” de hasta 40.000 plazas en el caso de las industrias avícolas y de 480 en porcino y ternero. Por eso, desde 'Salvemos el Altiplano' quieren evitar que la economía local dependa de las macrogranjas y que la instalación de las mismas genere contaminación y molestias para los lugareños.
Entienden que el nuevo PGOU que quiere poner en marcha el Ayuntamiento -y que lleva tramitándose alrededor de 15 años- favorece a este tipo de industrias de ganadería intensiva. Según la portavoz de esta plataforma, Ángeles Sánchez, Castril ya cuenta con dos cebaderos de pollos y pavos: “Con este PGOU, que se está tramitando de espaldas a los castrileños, permitiría la instalación de cebaderos de vacas y porcinos. Los vecinos están que arden”.
Aunque han presentado alegaciones a este cambio urbanístico, desde 'Salvemos el Altiplano' creen que no van a ser tenidas en cuenta y que el verdadero escollo para el Ayuntamiento está en el recurso de reposición. “Lo que pretendemos con él es cortarles el plan que tenían de que el PGOU quedase aprobado antes del 28 de mayo. Antes de las elecciones municipales. ¿Por qué tienen tanta prisa en hacerlo así? Porque han recibido mucho dinero de las empresas que se quieren instalar”. Según la plataforma, esto no se trata solo de otorgar licencias para futuras construcciones sino de “obtener agua del pantano” para estas instalaciones.
El objetivo que persiguen es que el recurso de reposición frene el cambio del PGOU que permite la instalación de ganadería industrial en Castril y que “se abra un debate con gente sensata”. Para lograrlo, piden que el Ayuntamiento de Castril tenga en cuenta la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) que permite impedir durante un plazo máximo de tres años el otorgamiento de licencias urbanísticas mientras se tramita el PGOU. Algo que ha hecho Castril con las empresas de ganadería industrial, pero solo durante un año. Situación que llama la atención a 'Salvemos el Altiplano'.
Por otra parte, la plataforma solicita en el recurso de alzada que el proceso de aprobación del PGOU se declare “nulo de pleno derecho” porque se ha cometido una irregularidad en cuanto al tiempo máximo que ha estado de exposición pública. El Ayuntamiento de Castril otorgó apenas un mes cuando la normativa exige que sean 45 días. “Han querido hurtárselo a los vecinos y que no se pudiera acceder a él”. Insisten en 'Salvemos el Altiplano' que el objetivo que persigue el Consistorio es aprobar el plan urbanístico antes de los comicios de mayo.
Sin embargo, el alcalde de la localidad, Miguel Pérez, niega cualquier interés en ese sentido. “No podemos estar más alejados del modelo de macrogranjas que tiene Castilléjar”. Dice el regidor que la voluntad de Castril es seguir siendo un pueblo “turístico” y que la instalación de estas industrias va en contra de ese espíritu. Además, fuentes técnicas del Ayuntamiento argumentan que “no se ha ocultado nada” y que todo se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada (BOP). “Es un proceso que no es rápido y que lleva desde 2009 desarrollándose”.
Al mismo tiempo, consideran que lo que persigue 'Salvemos el Altiplano' y más concretamente su portavoz, Ángeles Sánchez, es promocionarse para las elecciones municipales. “Nuestra voluntad es que este PGOU sea participativo y además tenemos que informar y recibir el visto bueno de todas las administraciones implicadas. En el mejor de los casos esto se puede demorar año y medio”. Por otra parte, afirman que el problema con el plazo inicial de exposición de 30 días fue “una errata” que quedó subsanada al abrirse otro nuevo periodo de 45 días. “No ha habido mala voluntad, sino todo lo contrario”. Algo que para 'Salvemos el Altiplano' no encaja ya que entienden que todos los movimientos de la alcaldía van encaminados a favorecer a la industria de ganadería intensiva.
Ayúdanos a seguir haciendo periodismo desde el territorio. En el periodismo local es especialmente crucial depender de los lectores.
Por eso ahora, los socios y socias de elDiario.es también pueden añadir a su cuota una cantidad extra destinada íntegramente a nuestra redacción de Andalucía. Si quieres apoyar nuestra labor, hazte socio/socia y haz una aportación extra para nuestra cabecera.