La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, ha rechazado impugnar el polémico examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales dentro de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), cuestionada por muchos alumnos por su dificultad, al defender que el contenido de la misma está “ajustado al currículum”.
Así lo ha manifestado tras ser preguntada este lunes sobre el tema en el marco del desayuno de 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' celebrado en Sevilla, insistiendo en que “en ningún examen se preguntan cosas que no están en el currículum”. “Tienen que estar en el currículum y tienen que examinar sobre eso”, ha trasladado la consejera, para asegurar que en el caso contrario “no sería válido”.
Cabe recordar que el sindicato Docentes por la Pública (DxP) denunció públicamente “el grave perjuicio” causado al alumnado y al profesorado andaluz dada la dificultad de la prueba. En dos días, unas 15.000 personas han firmado una petición en change.org solicitando la impugnación del examen, “reflejo de la dimensión autonómica del problema y del rechazo generalizado entre estudiantes, familias y docentes en todas las provincias andaluzas”.
Con todo, la titular de Educación ha señalado que los exámenes “los ponen profesores” y ha llamado a “respetar su trabajo, aunque no estemos de acuerdo o aunque no nos haya salido bien”. En cuanto al proceso de elaboración de las pruebas de la PAU, ha recordado que el Gobierno “en torno al mes de octubre, marca lo que nosotros llamamos las matrices de las pruebas, es decir, qué cosas hay que preguntar en toda España”.
“Una vez marcadas esas matrices, las ponencias que están formadas por profesores de secundaria, bachillerato y por profesores de universidad establecen a lo largo del curso qué modelo de examen es el que se va a hacer dentro de las distintas opciones que establecen esas matrices y en el marco de nuestro currículum”, ha incidido Castillo, que ha puesto de relieve que “quienes han puesto el examen saben lo que se imparte en los centros educativos andaluces”, al estar representadas las nueve universidades públicas andaluzas, “responsables del proceso”.
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