Aunque sea demasiado costoso, no exista marco legal o no sea su tarea habitual, ADIF deberá seguir suministrando agua potable al pueblo malagueño de Valle de Abdalajís, al que las obras del túnel del AVE dejaron sin su principal recurso hídrico en 2005. El administrador de infraestructuras ferroviarias quería dejar de llevar agua en camiones cisterna después de 15 años haciéndolo, pero la Audiencia Nacional acaba de ordenarle que mantenga el suministro porque se trata de un recurso “esencial” para el pueblo.
Los tres magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestiman de esta forma el recurso de ADIF y confirman que, de momento, debe seguir fletando a sus expensas decenas de camiones cisterna cada día. La aportación de agua potable es tan esencial para el pueblo que no puede dejar de realizarse de un día para otro, dicen los jueces. “ADIF viene suministrando agua por camiones cisterna al municipio de Valle de Abdalajís desde hace muchos años”, y por ahora es preferible no alterar esta situación, explican los magistrados. Al menos, hasta que se resuelva el litigio principal que mantienen ADIF y el pueblo.
Los magistrados rechazan así el recurso que interpuso el abogado del estado, en representación de ADIF, contra la medida cautelarísima que le obligó a mantener el suministro. El auto notificado la semana pasada, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, zanja de esta forma la pieza cautelar. Para este pueblo de poco más de 2500 habitantes es un alivio, aunque siga lejos la solución final a sus problemas de abastecimiento.
La desgracia de Valle de Abdalajís arrancó la madrugada del 23 al 24 de marzo de 2005, cuando una tuneladora perforó el acuífero que suministraba gran parte del agua que consumía. Al principio se escapaba a raudales, con picos de 800 metros cúbicos por segundo. Con el paso de las semanas, el acuífero se vació por completo y, aunque se recuperó ligeramente, quedó condenado para los restos. Todavía sigue drenando de 20 a 30 litros por segundo, según José Romero, el alcalde.
Este pueblo enclavado en la Sierra de Huma dejó de ser entonces la “villa de los manantiales”, como se la conocía desde tiempos inmemoriales, para convertirse en un municipio cuyo acceso al agua depende de que cada día lleguen una veintena de camiones cisterna a descargar en torno a medio millón de litros. Entre una tercera parte y la mitad de las necesidades de los vallesteros, que cuentan también con un pozo que ha reducido su caudal de diez a tres litros por segundo y un manantial que aporta cuatro. La consecuencia de la escasez es que, en verano, los cortes de agua pueden durar hasta 12 horas.
Así ha ocurrido durante 15 años, hasta que ADIF dejó de hacerlo el pasado 31 de enero. Aquel día el pueblo quedó sumido en la incertidumbre y su alcalde llegó a advertir que se estaba poniendo en cuestión la propia supervivencia del municipio, sumido en un acelerado declive de población (ha perdido casi una sexta parte de la que tenía en 2005) y en una crisis económica. ADIF niega que su decisión fuese una sorpresa, puesto que fue anunciada por correo electrónico el 12 de noviembre, con más de dos meses y medio de antelación.
En cualquier caso, tres días después los camiones cisterna estaban de regreso. El juzgado central de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ordenó a ADIF que retomara el suministro de inmediato. Desde entonces, el asunto de si ADIF debe seguir ayudando a Valle de Abdalajís a abastecerse de agua se dirime ante la Audiencia Nacional.
ADIF insiste que ya ha cumplido de sobra y que, en cambio, la posición del ayuntamiento durante todos estos años ha sido de pasividad en la búsqueda de alternativas. Según ADIF, no ha mantenido el pozo que le entregó en 2012 y ha desechado el uso del agua del túnel. Además, gran parte del agua se pierde en una red de tuberías obsoleta y llena de fugas, y otra se dedica a regadíos, según ADIF, que cuantifica en 26.623.521,18 euros la “suma total de todos los gastos” en Valle de Abdalajís, incluyendo 10,5 millones en el flete de camiones cisterna y la construcción de seis depósitos de agua.
Aunque ADIF alega que no tiene obligación de pagar nada más, durante el otoño del año pasado negoció un nuevo convenio con el ayuntamiento de Valle de Abdalajís.
El municipio, por su parte, resalta que el convenio que en su día suscribió con el pueblo recogía el objetivo de restituir la captación de agua afectada. En definitiva, que la parte afectada por la rotura del acuífero quedara indemne. Y eso no se ha cumplido, porque los sondeos para encontrar otros acuíferos hasta ahora han sido infructuosos. Este es, en esencia, el objeto del pleito principal.
Mientras, el pueblo trabaja en la búsqueda de nuevos recursos hídricos, con la colaboración de la Diputación de Málaga, que ha asumido también su defensa jurídica en el pleito. El ente provincial ha encomendado a Tragsa un estudio para conocer el estado de los pozos que le entregó ADIF y evaluar su rendimiento potencial. Uno de ellos no se utiliza porque, según Romero, aporta agua embarrada, mientras que el otro apenas aporta cinco litros por segundo.
Mientras se llega a una solución (en los pozos, en los tribunales o en los despachos), los magistrados han decidido que ADIF deberá seguir llevando el agua al pueblo al que el AVE se la quitó.
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