Un edificio denunciado desde 1998, declarado ilegal por sentencia firme en 2009, con auto judicial ordenando la ejecución de sentencia en 2017 y con orden de demolición desde 2020, es protagonista de un inusitado cruce de pareceres: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pide que se cumpla la demolición que dictó, el ayuntamiento dice que no puede, y la Fiscalía ha acabado dando carpetazo a una investigación a la alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) por desobediencia, porque no cree que esté ignorando deliberadamente las resoluciones judiciales.
Fue el propio TSJA el que pidió a la Fiscalía que hiciera algo, tal y como contó este medio hace un año. Tras años de insistencia, los magistrados habían comprobado que la colaboración del Ayuntamiento para cumplir su orden de demolición era “sencillamente nula”, por lo que multaron a Muñoz con 1.000 euros y dieron traslado a la Fiscalía al entender que la alcaldesa podría estar incurriendo en un delito.
El Ministerio Público abrió diligencias, y desde entonces el asunto ha ido y vuelto a Madrid, ya que Muñoz era aforada ante el Tribunal Supremo y dejó de serlo tras las elecciones generales de julio de 2023. Ahora recibe carpetazo definitivo en Marbella: según el decreto de archivo, dictado el pasado 7 de marzo y al que ha tenido acceso este medio, aunque la conducta del Ayuntamiento “pudiera considerarse obstaculizadora o dilatoria, algo que debe haber llevado al agotamiento, asfixio y hastío” de los particulares afectados, el consistorio lo hizo utilizando los recursos previstos en la ley.
De esta forma, la Fiscalía, que en marzo de 2023 sí apreció indicios objetivos de delitos de desobediencia (artículo 410 del Código Penal) y resistencia a la autoridad (556) en la actuación de Muñoz concluye ahora que en su comportamiento no hay un “menosprecio al principio de autoridad”, por lo que faltaría el elemento subjetivo del tipo penal.
Para apuntalar el archivo, el fiscal argumenta que el propio TSJA, que impulsó la investigación a la alcaldesa, acabó abriéndose a declarar la “imposibilidad material” de que el Ayuntamiento de Marbella cumpla su sentencia de demolición.
Sin embargo, lo cierto es que la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA descartó esa opción el pasado 14 de febrero, tres semanas antes del archivo del fiscal, en una resolución en la que volvió a afear los incumplimientos del consistorio con estas palabras: “Realmente, el Ayuntamiento no parece comprender que tiene ordenada una demolición para hacer efectiva la sentencia y que esta Sala tiene la obligación de ejecutar lo juzgado”.
En ese auto, los magistrados insistían en hacer valer su potestad de hacer ejecutar lo juzgado rechazando el incidente de imposibilidad material de ejecución de la sentencia. Ese mismo día, el TSJA volvió a requerir al ayuntamiento para que cumpla sentencia y demuela el edificio.
La abogada de la comunidad de propietarios perjudicada pidió a la Fiscalía que no obvie esta última resolución del TSJA, pero el fiscal acaba de reafirmarse en un nuevo escrito: cree que el mero hecho de que el TSJA valorara la “imposibilidad material” de ejecutar su sentencia ya “hizo desvanecerse” el elemento subjetivo del delito de desobediencia (la presunta voluntad de Muñoz de ignorar las resoluciones judiciales).
La investigación a la alcaldesa Muñoz tiene su origen en los tiempos de Jesús Gil al frente del Ayuntamiento. Eran los años del urbanismo a la carta y desaforado, en los que las licencias de obra se entregaban sin que importara mucho lo que dijera el planeamiento urbanístico o los intereses de vecinos afectados. Hay casos emblemáticos, como el Carmen Suárez, cuya vieja casa quedo oscurecida para siempre por las 12 plantas del edificio Belmonsa, o el del hotel Guadalpín, en plena playa.
Con los años, aquella fiebre constructora dio paso a una resaca que todavía se arrastra. Más de mil licencias fueron anuladas por ignorar la legalidad urbanística dejando a los edificios en situación ilegal, de modo que los sucesivos gobiernos municipales se encontraron con un problema explosivo en las manos: ¿debían devolver la situación material a la legalidad –demoliendo cientos de edificaciones– o legalizar lo ilegal? Ángeles Muñoz optó por lo segundo, y aprobó un PGOU que en la práctica amnistiaba las construcciones ilegales. Pero en 2015 el Tribunal Supremo anuló ese PGOU, razonando que no podía tener la función de legalizar lo ilegal.
De esta forma, todo volvió al punto de partida: cientos de edificaciones de los años 90 y 2000 son ilegales (por ser su licencia nula), pero hay pocos interesados en que se restituya la legalidad echándolos abajo. El ayuntamiento dispone un informe interno del área de Hacienda en el que se cuantifica que demoler ocho edificios ilegales (solo aquellos en los que alguien lo está pidiendo en los tribunales) e indemnizar a sus propietarios (unos 600) le costaría 246 millones de euros, dejándolo en la ruina. Marbella tiene un presupuesto de 361 millones para 2024 y una deuda aproximada de 271.
Por eso, cuando alguien acude a la justicia para pedir que se cumpla alguna sentencia, el consistorio esgrime que hay una “imposibilidad material” de hacerlo, y pide que se tengan en cuenta alternativas como la expropiación, los acuerdos con los afectados o la legalización.
En la práctica, la mayoría de estas edificaciones no corren riesgo alguno, porque no hay vecinos que pidan su demolición y, menos aún, el ayuntamiento. Pero hay un puñado de ellas en las que chocan con otros intereses, de modo que comunidades de propietarios o terceros interesados impulsan el cumplimiento forzoso de las sentencias, en muchos casos para conseguir una compensación económica.
Uno de esos casos afecta a un chalet de 416 metros cuadrados distribuidos en una edificación de tres plantas, sita sobre una parcela de 854 metros cuadrados con piscina y jardín, construida sobre una parcela en la urbanización Artola que a priori debía estar dedicada a equipamiento público. El último titular conocido es la mercantil Brisas e Ventos Investimentos, S.L.
La construcción tiene ya un largo recorrido judicial. En 2007, un juzgado penal 8 condenó a Julián Muñoz y otros cuatro concejales por prevaricar al otorgar la licencia; en 2009, el TSJA la declaró ilegal; y en 2017, los vecinos consiguieron que se dictara auto de ejecución forzosa y que el Registro de la Propiedad lo inscribiera.
En los años siguientes, la comunidad de propietarios de Artola ha pedido en reiteradas ocasiones que se ordene al Ayuntamiento derribar la edificación. En noviembre de 2020, los magistrados le exigieron que procediera a “la reposición a su estado originario de la realidad física alterada mediante la demolición”; en junio de 2021 apuntaron a Muñoz, requiriendo al consistorio “en la persona de su Alcaldesa-Presidenta” para cumplir en tres meses, advirtiéndole de que la multarían si no cumplía; y el 8 de junio de 2022, acabaron por “constatar” que la colaboración del Ayuntamiento “es, sencillamente, nula”, de modo que multaron a Muñoz con 1.000 euros (que pagó) y remitieron el asunto a Fiscalía.
El Ayuntamiento mantiene que demoler sería no solo muy costoso, sino también desproporcionado, puesto que en el chalet vivirían dos menores de edad.
Inicialmente, la Fiscalía Provincial de Málaga apreció indicios de delito en la resistencia a cumplir, y envió al expediente a la Fiscalía del Tribunal Supremo. Cuando Muñoz dejó de ser aforada el asunto recayó en la Fiscalía de Marbella, no en la Fiscalía Provincial, y es el fiscal delegado Julio Martínez Carazo quien ha acabado por cerrar el asunto, en un Decreto de archivo inusualmente extenso.
Allí, se justifica el carpetazo por los vaivenes del caso, que implicaría que no se puede achacar a la alcaldesa una palmaria voluntad de ignorar las resoluciones judiciales. Así, el fiscal recuerda que, mientras el viejo PGOU estuvo vigente (de 2010 a 2015) la legalidad “sobrevenida” del edificio estuvo a un paso.
Es en 2017 cuando el TSJA empieza a requerir al ayuntamiento para que ejecute su sentencia de 2009, pero a partir de entonces el ayuntamiento recurre por todas las vías posibles. Algo que puede desesperar a los afectados, pero que la legislación permite, subraya el fiscal.
En el último año, el Ayuntamiento y la comunidad de propietarios han negociado una posible indemnización de 850.000 euros por los costes legales y daños morales, la recuperación de zonas verdes y el mantenimiento de viales para compensar la pérdida de equipamiento público.
Esto sirvió al TSJA para abrir un incidente de imposibilidad material de cumplimiento de sentencia, que es al que se agarra el fiscal para archivar la investigación a la alcaldesa, aunque finalmente el TSJA haya acabado concluyendo no hay imposibilidad alguna y que ese acuerdo, de producirse, no puede afectar a la legalidad urbanística.
De ahí, que los magistrados hayan vuelto a exigir al ayuntamiento que cumpla con sus resoluciones, mientras el fiscal, por otro lado, archiva su investigación penal a la alcaldesa.
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