La actividad parlamentaria en Andalucía se ha reactivado esta semana con un anuncio que es, a la vez, literal y metafórico: 200.000 euros del PP para dividir entre las izquierdas.
La Mesa del Parlamento aprobará este jueves en una sesión extraordinaria un nuevo reparto de las subvenciones a los grupos para gastos de funcionamiento, que modifica el régimen con el que arrancó la legislatura. La modificación se hace a iniciativa del PP, que ha decidido inyectar fondos propios de su grupo a la organización que lidera Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía, a costa de recortárselos a la coalición de izquierdas Por Andalucía.
El portavoz popular en la Cámara, Toni Martín, se lo ha trasladado este miércoles al resto de grupos en una reunión informal de la Junta de Portavoces, y el anuncio ha caído como una bomba. En la coalición Por Andalucía, la marca que amadrinó Yolanda Díaz en las elecciones andaluzas, creen que el PP insufla oxígeno a los de Teresa Rodríguez para perpetuar la división de las izquierdas de cara a las municipales de mayo y las generales de final de año.
En el PSOE barruntan que el PP necesita, al menos, a los dos únicos diputados de Adelante para frustrar su estrategia de vetar las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez en el Parlamento. Los socialistas han empezado este periodo de sesiones esgrimiendo un artículo en desuso del reglamento -el 171- que les permite bloquear las proposiciones no de ley del PP que versen sobre competencias exclusivas del Estado, y que en la práctica han funcionado como azote a Sánchez.
Para ello necesitan una mayoría de dos tercios, es decir, sumar los votos de Por Andalucía y de Adelante. Los primeros han secundado la estrategia de los socialistas, pero piden verlo “caso a caso”. Los segundos también respondieron que su voto dependería del tema a tratar, pero se ofrecieron a negociarlo a cambio de una “contraprestación parlamentaria”.
200.000 euros para dividir entre las izquierdas
En este contexto arranca un periodo de sesiones en el que la Mesa de la Cámara, con mayoría absoluta del PP, aprobará un nuevo reparto de fondos que inevitablemente echa a pelear a las izquierdas por un puñado de euros. Adelante Andalucía obtiene 50.000 euros extra al año, un salvavidas para un grupo con solo dos diputados y apenas recursos para sobrellevar la actividad parlamentaria. “No tenían ni una fotocopiadora, se la hemos tenido que prestar nosotros”, afirman en el PP.
Por Andalucía, en cambio, pierde esos 50.000 euros que tenían asignados desde el inicio de la legislatura, y se verán obligados a reprogramar “la intendencia”, esto es, sus gastos previstos para todo el mandato, incluido el contrato de sus asesores parlamentarios.
El PP ha defendido hoy que esa “cuota solidaria” sale del bolsillo de su grupo que, “voluntariamente”, se la cede a los más pequeños en aras de la lealtad institucional dentro del Parlamento. La coalición de izquierdas rechaza que ese dinero les venga por “la gracia del PP”, y recuerda que fue un “elemento corrector” de un sistema de reparto de fondos “desproprorcionado”, que se diseñó en el mandato anterior cuando la realidad parlamentaria era muy distinta a la actual.
5 diputados, 400.000 euros de diferencia
Hasta la X legislatura, con el último Gobierno socialista, las subvenciones que recibían los grupos para su funcionamiento entraban por una doble vía: por el número de diputados y por el grupo parlamentario en sí mismo. Por la primera vía, los partidos con más escaños recibían más dinero, pero por la segunda vía todos recibían la misma asignación. En 2018, el PSOE tenía 47 diputados y el PP 33, pero ambos recibieron la misma subvención por grupo: 245.760 euros. Podemos, con 15 escaños, Ciudadanos, con 9, e IU con 5, también recibieron la misma cuantía: 188.131 euros.
En 2019, esta segunda subvención para el grupo parlamentario se eliminó, por acuerdo de la Mesa, y se compensó aumentando la partida individual por diputado. Se decidió así, porque en la pasada legislatura se dio una circunstancia inédita, una especie de igualación horizontal de todas las fuerzas parlamentarias: el mayoritario -el PSOE con 33- era el menos mayoritario de la historia autonómica; y el minoritario era el más abultado (Vox, con 12 escaños).
El problema de eliminar aquella segunda subvención por grupo ha aflorado en este mandato, con reparto de poder más desequilibrado en la Cámara: 58 diputados el grupo mayoritario, dos el grupo mixto. La más perjudicada en la comparativa es la coalición Por Andalucía. Con cinco diputados, percibe seis veces menos dinero que IU en 2018, también con cinco escaños.
Con el sistema de reparto anterior, IU obtuvo 902.086 euros aquel año -713,954 euros por el número de diputados y 188.131 euros por grupos. Con el sistema que se implantó en 2019, le correspondieron 490.000 euros, casi la mitad. Ese “elemento de correción” o “cuota solidaria” que recogió el acuerdo de la Mesa de junio del año pasado aumentó esa asignación hasta los 690.000 euros actuales, que incluyen los 200.000 que les cedió el PP. Sin esta aportación, los cinco diputados de Por Andalucía reciben 412.000 euros menos que los cinco diputados de IU en 2018; con el plus del PP, la brecha se acorta a los 212.000 euros.
La importancia de ser grupo mixto
La asignación actual que percibe cada grupo por diputado es de 8.166 euros al mes. Los populares lograron 58 escaños en las elecciones del 19 de junio y proporcionalmente le correspondían 5,68 millones de euros al año, antes de ceder una pequeña parte a Por Andalucía.
Adelante Andalucía sólo tiene el salario de sus dos diputados -16.332 euros al mes-, al que ahora sumarán el pellizco del PP (4.166 euros al mes). Su capacidad de trabajo está muy mermada, no sólo porque son pocos, sino porque hasta hace nada no tenían ni televisor ni un ordenador extra para seguir desde el despacho los Plenos o las comisiones en las que no podían estar presentes por falta de tiempo.
Después del verano, la legislatura echa a andar y la Cámara reconoce a las dos diputadas de Adelante Andalucía la consideración de grupo mixto, conservando el nombre de su coalición, ensanchando algo su margen legislativo y reconociéndole un turno en las preguntas de control al presidente de la Junta. El PP señala ese instante como un punto de inflexión para, meses después, decidir que la coalición de Teresa Rodríguez, al ser un grupo más de la Cámara, merecía también un refuerzo presupuestario para poder ejercer un trabajo parlamentario digno.
Hay dos lecturas políticas sobre este asunto. Los populares tratan de demostrar que el partido de Juan Manuel Moreno no utiliza su mayoría absoluta para aplastar “como un rodillo” a sus rivales, como denuncia machaconamente la oposición. Para rebatir esta acusación, el PP recuerda cómo negoció, pactó y apoyó la única proposición no de ley que pudo registrar el grupo de Teresa Rodríguez en el último periodo de sesiones, en memoria de García Caparrós.
PP y Adelante Andalucía visibilizaron complicidad y armonía en aquel debate, se lanzaron elogios mutuos, y los populares llegaron a enriquecer la propuesta de Rodríguez con aportaciones en materia de Memoria Histórica que los de Moreno jamás habían llevado de motu proprio al Parlamento.
En cambio, en el seno de Por Andalucía están convencidos de que la estrategia del PP pasa por avivar la división del bloque progresista e insuflar oxígeno a Adelante Andalucía. Los de Teresa Rodríguez no sólo competían con la coalición de izquierdas apadrinada por Yolanda Díaz en las autonómicas, también volverán a disputarse ese espacio electoral en las municipales de mayo y en las generales de final de año.
La polémica por el nuevo reparto del dinero asignado a los grupos se ha solapado con un asunto complejo que va a marcar este periodo de sesiones. El PSOE ha invocado un artículo en desuso del reglamento de la Cámara -el 171- que regula las proposiciones no de ley (PNL) y restringe la tramitación de aquellas que versan sobre competencias exclusivas del Estado. “Sólo podrán ser incluidas en un orden del día si cuentan con el apoyo de las dos terceras partes de la Cámara o tres Grupos parlamentarios que representen la mayoría de la misma”, dice el precepto.
Los socialistas denuncian que 19 de las 20 PNL del PP en el arranque de legislatura derivaron en broncos debates y duras críticas contra el Gobierno de Pedro Sánchez, e invocan el citado artículo para “frenar la estrategia de confrontación” de los de Moreno. Un informe de los servicios jurídicos de la Cámara reconoce el uso que el PSOE quiere darle -aunque apenas se haya utilizado en los últimos 18 años-, pero para lograr que prospere la votación y tumbar una iniciativa del PP necesitan de 73 votos. Esto es, necesitan al menos la connivencia de los cinco diputados de Por Andalucía y los dos de Adelante.
Inma Nieto, presidenta del grupo de coalición, ha empatizado este miércoles con las quejas del PSOE, ha acusado al PP de usar las proposiciones no de ley para desgastar electoralmente al Gobierno de Sánchez y ha avalado la intención de los socialistas de invocar el artículo 171. Pero también ha advertido de que no lo apoyarán de forma genérica. “Habrá que ver caso a caso”. Adelante, en cambio, ha sido más ambiguo al desmarcarse de cualquier tipo de “veto” a un debate en el Parlamento.