PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El PP amaga con cambiar el reglamento del Parlamento si el PSOE lo usa “de forma masiva” para vetar sus críticas al Gobierno

A una semana de que se reactive la actividad ordinaria en el Parlamento andaluz, el PP ha denunciado con extrema dureza las “amenazas” del PSOE de vetar las iniciativas que versen sobre competencias exclusivas del Estado, y que en el arranque de legislatura se han traducido sistemáticamente en duras críticas de las derechas contra el Gobierno de Pedro Sánchez en la antesala de un año electoral decisivo.

Los socialistas invocan un artículo en desuso del reglamento de la Cámara -el 171-, que regula las proposiciones no de ley (PNL) y restringe la tramitación de aquellas que versan sobre competencias exclusivas del Estado. “Sólo podrán ser incluidas en un orden del día si cuentan con el apoyo de las dos terceras partes de la Cámara o tres Grupos parlamentarios que representen la mayoría de la misma”, dice el precepto.

A instancias del PSOE, el presidente del Parlamento, el popular Jesús Aguirre, solicitó a los servicios jurídicos un informe sobre la interpretación de dicho artículo y el procedimiento más idóneo para su aplicación. El informe, adelantado por este periódico, concluyó que el precepto es perfectamente legal y puede usarse en los términos que plantean los socialistas para frenar en seco los ataques del PP al Gobierno de Sánchez.

Pero, acto seguido, los letrados de la Cámara denunciaban que el artículo es “contrario a la práctica democrática”, una “vía conflictiva” que puede terminar impugnado ante el Tribunal Constitucional, y llegaban a sugerir una reforma del mismo que ningún grupo había planteado. Hasta ahora. El artículo 171, concluye el documento, “podría conllevar una restricción excesiva al debate parlamentario sobre algunas materias (...) y, además, supone una excepción a la práctica democrática ordinaria”.

El PP andaluz ha recogido el guante de esas valoraciones y, a pocos días de que se ponga a prueba la táctica anunciada por el PSOE, denuncian que el “uso masivo” del artículo 171 para vetar sus PNL supondría un “ataque a la libertad parlamentaria”, “una mordaza a la Cámara” y “un bloqueo a la democracia parlamentaria”, en palabras de su portavoz, Toni Martín.

Los servicios jurídicos del Parlamento andaluz no encontraron ningún artículo igual en ninguna otra Cámara autonómica, sólo un antecedente similar en el reglamento de las Cortes Valencianas que fue impugnado y anulado por el Constitucional. El 171 fue incluido en el reglamento de la Cámara andaluza en la reforma de 2005 y apenas ha sido invocado desde entonces, bien porque la mayoría necesaria -dos tercios- nunca se ha dado, bien porque el consenso entre los grupos y la práctica parlamentaria no lo hicieron necesario.

El Constitucional o la reforma exprés

El portavoz parlamentario del PP-A ha advertido por adelantado al PSOE de que si persiste en la idea de “recurrir a una argucia parlamentaria para intentar limitar la libertad de esta Cámara”, su grupo no descarta contraatacar, bien con un recurso ante el Constitucional -la vía lenta- bien con una reforma exprés del reglamento para eliminar de un plumazo dicho artículo (la vía rápida). Los populares, con 58 diputados, tienen la mayoría absoluta necesaria para abordar dicha reforma sin necesidad de pactarla con el resto de formaciones políticas.

“No vamos a permanecer impasible. Inicialmente vamos a denunciar sistemáticamente cuando lo hagan, pero nos reservamos todas las iniciativas necesarias para preservar la calidad democrática de este Parlamento”, ha asegurado Martín. El presidente Aguirre trabaja ya con todos los grupos sobre una reforma pendiente del reglamento, con cambios urgentes de logística para adaptarlo a la nueva realidad política -turnos de intervención en una Cámara muy fraccionada, regular las reuniones telemáticas que se estrenaron con la pandemia...- y otros de mayor calado.

El portavoz popular ha admitido que “se está planteando una reforma general del reglamento”, pero añade que “la invocación de este artículo por parte del PSOE de una forma masiva transforma el escenario”. “En este momento no descartamos nada”, ha asegurado, a la pregunta de si el PP usaría su mayoría absoluta para eliminar el polémico artículo de la normativa interna de la Cámara.

Para que prospere el veto del PSOE a una proposición no de ley registrada a través del artículo 171, necesitaría la connivencia de Por Andalucía y de Adelante Andalucía. El bloque de fuerzas progresistas suma 73 diputados, justo la mayoría de dos tercios que exige el reglamento para tumbar las iniciativas que versen sobre competencias exclusivas del Estado. Los populares han declarado la guerra abierta a ese precepto del reglamento, “no sólo por interés de mi grupo, sino por preservar la libertad del mismo PSOE cuando gobierne en España Alberto Núñez Feijóo”, sugiere Martín.

19 de 20 contra Sánchez; 83 de 99 contra Rajoy

El grupo que lidera Juan Espadas desempolvó el polémico artículo antes de Navidad y reclamó el informe jurídico que ahora esgrimen para minar la estrategia del PP contra Sánchez. El PSOE denunció entonces que 19 de las 20 PNL de los populares en el arranque de la legislatura versaban sobre competencias exclusivas del Estado, que derivaron en debates muy broncos y duros ataques de la derecha contra el Gobierno de Sánchez y, de rebote, contra la propia bancada socialista.

Para darle la réplica, los populares han contabilizado las proposiciones no de ley que el PSOE registró en el Parlamento andaluz en la X legislatura, cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno de España. La estrategia de confrontación era muy similar: 83 de las 99 iniciativas socialistas de aquel mandato afectaban a competencias estatales y se debatieron sin que ningún grupo invocase el artículo 171.

Aunque tampoco habría servido de nada invocarlo, porque entonces los populares no tenían con quién sumar apoyos para alcanzar la mayoría de dos tercios que exige el reglamento para vetar las PNL. De aquellas iniciativas surgieron debates en el Parlamento andaluz sobre la guerra de Irak, la guerra de Siria o tratados armamentísticos internacionales, de ahí que el PP defienda ahora su derecho a usar la Cámara para “pedir a Pedro Sánchez que se reforme el sistema de financiación autonómica” o denunciar que “31 criminales agresores sexuales andaluces se hayan beneficiado ya de este adefesio de ley aprobada por este Gobierno”, en relación a la llamada ley del sólo sí es sí.

La comparecencia de Martín este miércoles en el Parlamento ha versado exclusivamente sobre este asunto: el diputado popular, persona de confianza del presidente Juan Manuel Moreno, ha denunciado que “el PSOE es una fuerza política irreconocible”, que intenta poner “una mordaza” al debate parlamentario. Martín ha hecho primero “un llamamiento a la sensatez del resto de partidos”, consciente de que la estrategia socialista necesita apoyarse en los votos de Por Andalucía y Adelante Andalucía.

“Por encima de subterfugios reglamentarios ha primado durante 40 años la altura institucional de los grupos, por primera vez esa altura institucional se está derrumbando”, ha denunciado. Luego ha instado a los periodistas a hablar “con el padre de ese reglamento y preguntarle si su intención” al incluir ese artículo era el uso “torticero” que plantea el PSOE. “Nos tememos que en año electoral, con perspectivas no buenas para Sánchez, van a intentar vetar el debate parlamentario sobre los desmanes del Gobierno de España con Andalucía”, concluyó.

El informe de los letrados de la Cámara, de 24 páginas, incluye las mismas advertencias que esgrime ahora el PP: “El artículo 171, si se utilizara de forma generalizada, podría dar lugar a importantes dificultades de interpretación y afectar a la gestión ordinaria de la actividad parlamentaria. El peor escenario sería uno en el que se sucedieran discusiones en las sesiones de Junta de Portavoces sobre si una materia es o no de competencia exclusiva del Estado, o si afecta a intereses de los andaluces, y en el que finalmente, algo tan relevante y de tanto calado político, como la inclusión en el orden del día de las iniciativas se hiciera depender del juicio técnico de los servicios jurídicos (...), comenzando así una vía conflictiva que, eventualmente, pudiera terminar en el Constitucional”, reza el documento.

Desde el grupo socialista, consideran que los letrados se han “extralimitado” en su informe, rebasando el “juicio técnico-jurídico” que se les ha demandado, para elaborar unas “conclusiones de parte al dictado del PP”. “El objetivo del PSOE no es hurtar el debate parlamentario sobre temas de política general que puedan afectar a Andalucía, sino evitar que el PP y el Gobierno de Moreno utilicen sistemáticamente este procedimiento y el Parlamento andaluz para cargar contra el Gobierno de Sánchez con claros motivos electorales”, aseguran desde el PSOE.