El PSOE de Andalucía se ha servido este lunes de una puesta en escena potente -con los 26 senadores andaluces en la sede regional del partido- para presentar el anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley de simplificación administrativa aprobado por el Gobierno de PP y Ciudadanos. La norma, que cambia de un plumazo 21 leyes, seis decretos y elimina 100 trámites burocráticos, fue aprobada el 9 de marzo, entró en vigor el día 13 -un día antes de la declaración del estado de alarma- y fue convalidada por un Parlamento en servicios mínimos con los votos de PP, Cs y Vox.
El recurso de los socialistas andaluces, firmado por sus 50 senadores, es el tercer golpe en los tribunales que encaja este decreto ley, tras el que ha presentado el Gobierno de España por invasión de competencias, y el que ha anunciado la coalición de izquierdas Adelante Andalucía. El que interpuso el Gobierno supuso la suspensión de un par de artículos, y la Junta se avino a renegociar y modificar la redacción de los mismos (afectaban a la publicidad institucional en las televisiones y radios 'pirata', que el decreto permitirá regularizar; y a los permisos de obras en municipios con Bienes de Interés Cultural, para proteger el patrimonio histórico).
El PSOE andaluz va más allá en sus argumentos jurídicos, considera que una norma que cambia o elimina trámites burocráticos y medioambientales para iniciar proyectos urbanísticos, abrir negocios o liberalizar horarios comerciales “no requería el trámite de urgencia” de la figura de un decreto ley [la Junta ha impulsado 14 decretos ley en año y medio de legislatura].
Además, la norma fue convalidada por la Diputación Permanente, órgano que vela por los poderes de la Cámara legislativa en periodo inhábil, y los socialistas creen que la trascendencia de los cambios legales que ésta introduce exigía de un debate mayor con los grupos de la oposición y con los agentes sociales y asociaciones que han criticado la reforma por “falta de diálogo”. El diputado del PSOE y ex vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, explicó que han pedido amparo al Constitucional al considerar que se ha “vulnerado el derecho de participación de los diputados” en la oposición.
El Parlamento ha funcionado a medio gas durante el estado de alarma, pero la convocatoria de la Diputación Permanente para que gestionase y aprobase los decretos que exigía la gestión de la crisis del coronavirus contó con el apoyo unánime de todos los grupos. El PSOE y Adelante se arrepintieron de dar ese apoyo más tarde, cuando la coalición de derechas aprobó su superdecreto, argumentando que las reformas económicas que introducía ayudarían a amortiguar el impacto de la crisis que se avecinaba. “Esta norma es como la contrarreforma legislativa de Lerroux y la CEDA en el bienio negro”, ha denunciado Jiménez Barrios. “Se trata de una barbaridad jurídica”, ha remarcado la senadora y ex presidenta del PSOE, Micaela Navarro.
El decreto ley fue presentado por todo lo alto por seis de los 11 miembros del Gobierno de Juan Manuel Moreno, otorgándole una importancia de primer nivel. El proyecto quedó eclipsado inmediatamente por el impacto de la pandemia de COVID-19, pero la norma siguió su tramitación parlamentaria, incluso después de que la Cámara legislativa cesase su actividad regular y quedase en servicios mínimos. Las modificaciones que introduce el decreto son de carácter estructural y suponen un giro radical en el modelo productivo desarrollado por anteriores gobiernos socialistas: se aligera el aparato legal de la Junta, se reducen tasas, se liberalizan los horarios comerciales, se eliminan permisos que ahora son obligatorios (muchos de ellos en materia de protección ambiental, que acompañan reformas en materia urbanística para fomentar la construcción de viviendas...).
También se avanza en la privatización de las emisoras municipales y permite la publicidad institucional y comercial en las ilegales, algo que ha desatado la protesta airada de todo el sector de la radiodifusión. Todo ello con el objetivo de desenredar la maraña burocrática de la Administración “para ganar en competitividad” y atraer más inversiones. “Son reformas que hemos hecho de la mano del sector privado”, subrayó en su momento el consejero de Hacienda, Juan Bravo.
El frente judicial que ha abierto el PSOE contra este decreto ley va en consonancia con el peso específico que la Junta le ha querido dar. Los socialistas han encontrado un relato para armar su oposición, acusando a los socios de derechas de buscar en el ladrillo y la construcción la reactivación de la economía, como “hizo el Gobierno de Aznar en los 90”. En esa línea, también critican duramente el proyecto de la futura ley andaluza del suelo, que agilizará los proyectos urbanísticos y donde la Junta ve una plataforma de salvación para el muy dañado sector del turismo. “Simplificar no es desregular”, ha dicho Navarro.
Para el Gobierno andaluz, el envite de los socialistas les permite acusar al equipo de Susana Díaz de ir contra los intereses de Andalucía, y empeñarse en frenar el desarrollo económico de esta comunidad. PP y Ciudadanos afean al líder de la oposición que haya ido más allá que el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha planteado un recurso de inconstitucionalidad “menor”, y piden a Díaz que no avance con el recurso. “A lomos de la pandemia están intentando cargarse el patrimonio histórico y medioambiental, quitar la seguridad jurídica y volver a la cultura del pelotazo”, sentenció el senador socialista Javier Aragón.