El fiscal se queda sin testigos que identifiquen a los sindicalistas del SAT en el piquete de La Jarilla de 2008
El fiscal se queda sin testigos que puedan identificar a los 35 acusados, miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), en el juicio que ha arrancado este martes en un juzgado de Sevilla por la huelga en la finca La Jarilla, de La Rinconada. Los sindicalistas, que se enfrentan en conjunto a penas de hasta 67 años de cárcel y al pago de 107.000 euros por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores (en su modalidad de coacciones) y daños, han sido dispensados de asistir a la vista oral, lo cual dificulta la identificación de los acusados, también por el tiempo transcurrido desde que se produjeron los hechos, a finales de noviembre de 2008. El fiscal, de hecho, ha anunciado que, de seguir así el juicio, podría retirar su acusación al finalizar el mismo, lo que conllevaría la absolución de los 35 acusados.
La decena de testigos que ha comparecido este martes, en la primera de las cuatro sesiones previstas (el resto están citados el jueves y el viernes, dejando para el martes siguiente los informes finales de las partes), han seguido el mismo patrón: los integrantes del piquete informativo del SAT les impidieron entrar en la finca para trabajar pero no saben concretamente quiénes eran. Obligados a decir verdad como testigos, todos ellos han dicho al fiscal que presentaron una denuncia colectiva por ese motivo pero no conocían quiénes les cortaron el acceso a La Jarilla.
Entre los testigos que estaban citados este martes estaba el dueño de la finca, que ha recordado las “amenazas” y “algún empujón” ocurrido a las puertas de sus terrenos, que fueron bloqueadas, dejando las cerraduras “inutlizadas”. “Más de 200 efectivos” policiales acudieron al lugar, desalojando “sin violencia” a los sindicalistas de la zona. “Solo cuando entramos pudimos constatar los daños, pero ni la Guardia Civil ni nosotros pudimos saber quién los había ocasionado”, ha dicho. Tampoco ha podido identificar a los integrantes del piquete, que se encontraban en “actitud sindicalista”, según ha dicho, “impidiendo el paso”.
Renuncia a las responsablidades civiles
También ha declarado el dueño de un tractor que, al acudir a trabajar en aquella fecha, encontró dañadas sus ruedas, impidiéndole la labor encomendada. Tanto este como el dueño de la finca han renunciado a las responsabilidades civiles por los daños causados presuntamente por los acusados. El último testigo ha sido un agente de la Guardia Civil que, al día siguiente de los hechos (27 noviembre 2008) realizó un reportaje fotográfico con los daños producidos en los accesos a la finca sin que, lógicamente, pudiera advertir quiénes fueron los causantes de los mismos.
Los hechos se originaron a raíz de la no contratación de más de la mitad de los trabajadores que habían prestado servicio en la finca en la poda de los árboles frutales en el año anterior. Según el SAT, la decisión empresarial se produjo como “represalia sindical” ante una “flagrante vulneración” de los derechos de los trabajadores ya que no fueron contratados de nuevo por afiliarse al SAT.
Este juicio estaba previsto que se celebrase en un principio en cuatro días de junio y julio de 2018 en el Juzgado de lo Penal 4 de Sevilla, si bien finalmente fue aplazado a este mes de junio del 2019. Hace ahora dos años, el ex líder del SAT y exdiputado de Unidos Podemos por Jaén, Diego Cañamero, también fue acusado por estos mismos hechos, si bien su causa fue llevada por el Tribunal Supremo debido a su entonces condición de aforado. El alto tribunal archivo la causa en junio de 2017 al no poder individualizar el delito. La causa contra los 35 sindicalistas parece que podría discurrir por los mismos derroteros.
Cañamero ha dicho a este periódico antes del inicio del juicio que confía en la absolución de los miembros del SAT y ha culpado “a los terratenientes y a alguna manos más” que este caso siga su curso judicial cuando “a mí ya me absolvieron por los mismos hechos”. El secretario general del SAT, Óscar Reina, por su parte, ha explicado a este medio que “despidieron a dos cuadrillas y se convocó la huelga”, defendiendo la actuación del piquete para informar a los trabajadores. Una concentración a las puertas del juzgado, casi doce años después de los hechos, han apoyado a los acusados a las puertas de los juzgados de Sevilla.
