El tercer acuerdo PP-Vox con la “prioridad nacional” eleva la presión sobre la negociación de Moreno con los ultras
Tres pactos de gobierno entre el PP y Vox en tres comunidades autónomas con un eje común: la “prioridad nacional” de los ultras. El acuerdo cerrado este miércoles en Castilla y León sigue la pauta de los sellados en Extremadura y Aragón: ejecutivos conjuntos, vicepresidencia y tres consejerías para la extrema derecha, además de limitar el acceso a determinados servicios públicos en función del origen del demandante. El foco se pone ahora en Andalucía y en Juan Manuel Moreno, quien advirtió en campaña electoral -hace menos de un mes- que la idea de Vox es “irreal” cuando no “ilegal”.
Moreno no tiene prisa por iniciar la negociación formal con Vox para pactar el Gobierno en Andalucía, aunque los votos de Vox son imprescindibles para que el barón del PP logre su tercer mandato al frente de la Junta. El presidente en funciones quiere apurar hasta la sesión constitutiva del Parlamento andaluz, el próximo jueves 11 de junio, para abrir el diálogo con la extrema derecha.
Ninguno de los dirigentes consultados por elDiario.es contempla la posibilidad de que la formación del Gobierno andaluz se retrase hasta después del verano. La cita parlamentaria de la semana que viene servirá para medir el estado de las relaciones entre el PP y Vox en Andalucía, donde los ultras han desplegado una de las campañas más agresivas contra Moreno, quien habitualmente pone distancia pública con los planteamientos de Vox y ha rechazado gobernar con ellos.
El problema es que, hasta el momento, el mini ciclo electoral abierto por el PP el pasado mes de diciembre ha confirmado la dependencia que tienen los de Alberto Núñez Feijóo del partido de Santiago Abascal. Extremadura celebró elecciones a finales de 2025, y cuatro meses después María Guardiola fue investida presidenta, tras sellar un acuerdo político con Vox que incluía dos consejerías, una con rango de vicepresidencia, para la extrema derecha. Aragón celebró sus comicios el 8 de febrero y Jorge Azcón fue reelegido presidente el 29 de abril. En este caso, el barón del PP también formó un Gobierno de coalición con Vox, que aumentó el precio y arrancó tres consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia.
El tercer acuerdo ha llegado en Castilla y León, que fue a las urnas el 15 de marzo. El pacto para hacer presidente a Alfonso Fernández Mañueco se anunció este miércoles. Vox repite: tres consejerías, una de ellas vicepresidencia.
En Andalucía todavía no ha transcurrido un mes desde las elecciones del 17 de mayo y el reloj del calendario legislativo no empieza a andar hasta la semana que viene. Vox quiere añadir la muesca andaluza a sus acuerdos de gobierno con el PP en las otras tres comunidades —todos sujetos al principio xenófobo de la “prioridad nacional”—, pero Moreno pretende hacer valer su peso político y virar el rumbo que han seguido sus compañeros, aunque haya perdido la mayoría absoluta que le convertía en un líder incontestable tanto ante los de Abascal como para la dirección nacional del PP.
La estrategia de Moreno pasa ahora por volcar toda la presión sobre sus futuros aliados, dejando patente que él no tiene ninguna ansiedad por estrechar lazos políticos con Vox, el partido “sin experiencia en las instituciones” y “sin profesionales preparados”, que puede meter a Andalucía en un “lío gordo”, contra el que viene advirtiendo durante toda la campaña electoral.
Génova prefiere acuerdos homogéneos
Moreno quiere evidenciar que hoy ni él ni el PP andaluz son los mismos de 2019. Entonces salían de las urnas con el peor resultado de su historia (26 diputados), necesitaban los 33 votos de otras dos formaciones para ser investido presidente —Ciudadanos y Vox— y ni siquiera ostentaba el suficiente liderazgo dentro de su partido como para poder pilotar él mismo las negociaciones de su investidura. Estas recayeron en manos de Teodoro García Egea, 'número dos' del entonces presidente nacional del PP, Pablo Casado.
La situación hoy es bien distinta. El barón andaluz se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta (53 diputados) y aspira a gobernar en solitario llegando a pactos puntuales con Vox, al que prevé convertir en un aliado de legislatura, pero dejarlo fuera del Consejo de Gobierno.
La dirección nacional del PP apuesta por que los acuerdos autonómicos sean homogéneos y no se generen distorsiones entre los diferentes territorios. Esta misma semana insistía en la idea un destacado miembro del equipo de Feijóo, quien auguraba en conversación con los periodistas que el pacto de Castilla y León seguiría la senda de los dos anteriores. Una idea aplicable a Andalucía también.
Frente al silencio táctico de Moreno, los de Abascal no han parado de lanzar mensajes contradictorios desde el 17-M: que negociarán atendiendo “a la proporcionalidad”, pero no le regalarán los dos escaños que necesita al candidato popular; que no cometerán “el error” de 2019, cuando decidieron no entrar en el Gobierno andaluz y el PP les “engañó”: esta vez exigirán varias consejerías; que no les importa tanto “los sillones como las políticas...”.
Lo que no ha variado en el discurso de Vox es fijar una línea roja irrenunciable: la “prioridad nacional”. Es el requisito de corte xenófobo que han impuesto en sus acuerdos con los populares en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Durante la campaña electoral, el barón andaluz del PP minimizó la importancia de este criterio —discriminar a los inmigrantes en el acceso a las prestaciones públicas— asegurando que era “un eslogan irreal”, y que tampoco le importaba cómo lo llamasen, porque ni encaja en el ordenamiento jurídico ni en la Constitución.
Algunos interpretaron de esas palabras, citadas en campaña, que el popular estaba despejando la pista para el aterrizaje de la “prioridad nacional” en Andalucía, restando importancia a las consecuencias prácticas de ceder en la batalla cultural de la ultraderecha. “Andalucía no puede ser menos, que se cumpla la voluntad de los andaluces”, ha zanjado este miércoles el portavoz andaluz de Vox, Manuel Gavira, tras consumarse el pacto de gobierno en Castilla y León.
Pero Moreno ni se siente concernido por las insistentes llamadas de Vox para iniciar cuanto antes la negociación, ni por el aviso de la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, que la semana pasada advirtió al barón andaluz de que sus acuerdos con Vox en Andalucía tendrán que cumplir con las directrices del documento marco del PP presentes en los acuerdos alcanzados en Extremadura, Aragón y Castilla y León.
El presidente de la Junta en funciones despacha directamente con Alberto Núñez Feijóo, que le ha dejado “manos libres” para “administrar sus tiempos” y “seguir sus estrategias, pegadas al terreno” para lograr su objetivo, confirman fuentes próximas al líder autonómico. También desde Génova, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, el malagueño Elías Bendodo, ha lanzado este miércoles un mensaje más próximo al planteamiento de Moreno que al de Gamarra.
“Las conversaciones empezarán de forma inminente en Andalucía”, por el simple hecho de que la semana que viene se constituye el Parlamento, y ambos partidos deben decidir si negocian el nombre del presidente de la segunda institución de Andalucía y el reparto de los miembros de la Mesa, órgano rector de la Cámara. “Será una negociación claramente en clave andaluza”, ha puntualizado Bendodo en una entrevista en Canal Sur Radio.
Sin plazo para el Pleno de investidura
El reloj de la negociación no empieza a andar hasta la sesión constitutiva del Parlamento, el próximo jueves, cuando los 109 diputados tomen posesión de sus escaños y voten la composición de la Mesa. Si PP y Vox no han cerrado un acuerdo previo para ese día, cada partido votará a sus candidatos para presidir el Parlamento, que quedaría en manos de los populares.
Ni en Extremadura ni en Aragón ni en Castilla y León, la extrema derecha ha mostrado especial interés por presidir la Cámara legislativa, que tiene un papel crucial para medir los tiempos de la legislatura y priorizar unas iniciativas sobre otras. En una legislatura sin mayoría absoluta este órgano será clave.
Constituida la Cámara, el nuevo presidente del Parlamento —el PP baraja ya el nombre de una consejera— abrirá una ronda de contactos con los portavoces de todos los grupos para proponer un candidato a la presidencia de la Junta. El reglamento de la Cámara fija un límite de 15 días hábiles para proponer candidato, pero no para la celebración de la sesión de investidura. Para eso no hay un plazo estipulado. Quien controle la Mesa del Parlamento andaluz puede proponer un candidato y convocar el Pleno para su votación la semana siguiente, o dos semanas después o dos meses después.
Es un momento clave, porque lo que activa la cuenta atrás para una hipotética repetición electoral es la fecha del Pleno de investidura, a partir de ahí, el Estatuto de Autonomía fija dos meses de plazo, si ningún candidato ha logrado los apoyos necesarios para formar gobierno, se disuelve automáticamente la Cámara y se convocan elecciones.
Pero mientras no se convoque el Pleno de investidura, el reloj no corre. Eso sí, no hay antecedentes de que se haya demorado tanto tiempo [en Extremadura pasaron dos meses desde la constitución de la Asamblea hasta la primera votación fallida de la investidura de María Guardiola].
En Andalucía, estirando muchos los plazos se podría llevar el debate de investidura de Moreno al mes de septiembre, pero sería este un escenario extremo. Lo razonable es que se convoque, a más tardar, en el mes de julio. Nunca se ha hecho en agosto, aunque el nuevo presidente del Parlamento podría estudiar esta opción como algo extraordinario, pero es poco probable.
Las tres fuerzas de izquierda en la oposición -PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía- están convencidas de que habrá nuevo Gobierno de Moreno antes del verano y que sus tiras y aflojas con Vox en la negociación previa “son puro teatro”. “Esto ya lo vivimos en 2019. Lo tienen ya todo más que atado”, advierten fuentes socialistas.