Solo un tercio de municipios andaluces está en VioGén mientras crece el discurso negacionista de la violencia machista

Andalucía acumuló casi un tercio de los crímenes machistas de 2025 del conjunto del país. En una reunión de crisis a primeros de año, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, reclamaba la incorporación de más ayuntamientos al sistema VioGén con tal de redoblar las medidas de seguridad ante unas cifras que, tras dos décadas, solo alcanza al 34% de las corporaciones locales en España, mientras que en la comunidad incrementa ligeramente, hasta el 37,2%: solo hay 292 municipios integrados del total de 785. A falta de un frente común, se suma el discurso negacionista contra la violencia de género que ha terminado por “calar” en las políticas de igualdad desplegadas en el territorio, profundizando en la grieta que existe.

Hace solo unas horas se ha producido el último asesinato machista en Andalucía, en concreto en la localidad de Fuensanta, en Córdoba. Un hombre de 65 años fue detenido como presunto autor de la muerte de su pareja, una mujer de 64 años. Ambos estaban en el sistema VioGén y sobre él pesaba una orden de alejamiento, mientras que ella contaba con protección por parte de la Policía Nacional. El crimen se produjo una hora antes de que se produjera un juicio rápido por violencia de género. Una vez confirmado, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG) eleva a cuatro los homicidios cometidos en Andalucía desde principios de año, siendo ya 16 las mujeres víctimas de la violencia machista y habiendo nueve casos en los que no constaba denuncia previa.

Para formar parte del sistema VioGén hay tres requisitos en los convenios que suscriben los ayuntamientos y el Ministerio de Interior: voluntad política, capacidad de interlocución y de acción coordinada entre las administraciones, y una financiación estable para facilitar la formación y los aspectos técnicos, resume Laura Flores Anarte, investigadora del departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla (US) y especialista en la materia.

La firma del convenio para ingresar en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) supone la coordinación entre las distintas administraciones. Con ello, la policía local pasa a realizar funciones de protección y seguimiento de los casos de violencia de género notificados —que se califican en nivel de peligro bajo, medio o no apreciado— y, al mismo tiempo, acceden a la información que hay disponible en la plataforma. Esos datos también están disponibles para los servicios municipales, desde donde se contribuye a perfeccionar las estadísticas con la subida de nuevos informes.

A partir del último informe, la distribución por provincias andaluzas sería: Almería (32); Cádiz (22); Córdoba (44); Granada (60); Huelva (20); Jaén (44); Málaga (23) y Sevilla (47), siendo el último Gerena. “Tras la crisis económica de 2008, los recursos públicos destinados a políticas públicas de igualdad en general y a la lucha contra la violencia de género en particular, se vieron diezmados a todos los niveles territoriales”, señala la experta. “Por ejemplo, la partida específica destinada por el Estado a los servicios de atención a las víctimas de violencia de género gestionada por las CCAA se vio reducida en un 50%”, detalla, recortando en presupuestos específicos y disminuyendo los recursos disponibles.

Discurso negacionista

En 2016, con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se logró recuperar el colchón económico perdido. Con una inversión prevista, ¿cuál es el obstáculo ahora? El último lustro ha estado marcado por una realidad mucho más acuciante: el negacionismo de la violencia de género: “Hay un repunte de los discursos que deslegitiman las leyes de igualdad por considerarlas ideológicas o sectarias y defienden la vuelta a unos valores patriarcales tradicionales; esto ha calado en las instituciones y ello se traduce en la pérdida de prioridad política de la articulación de las medidas en ellas previstas”. Prueba de ello, las declaraciones de Juan Fernández, alcalde de la localidad madrileña de Alpedrete, quien sostuvo que el hombre que asestó 50 puñaladas a su mujer la “quería mucho”.

Sin este tipo de declaraciones, pero sin haber dado el paso, está Benalmádena, en Málaga, una de las ciudades de más de 50.000 habitantes que no forman parte de VioGén. A preguntas de este medio, fuentes de la corporación dirigida por Juan Antonio Lara (PP) indican que “el seguimiento y la protección de las víctimas de violencia de género en el municipio están plenamente garantizados a través de la Policía Nacional”. Añaden que, a través de la Policía Local, “se mantiene una coordinación y colaboración permanentes con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como con los servicios sociales y asistenciales, garantizando una respuesta integral y eficaz”. Con una política de “tolerancia cero frente a la violencia de género”, aseguran que los agentes tienen formación específica y que la Mesa Técnica Contra la Violencia de Género coordina “los casos concretos” con el apoyo de un equipo interdisciplinar.

En lo concerniente a municipios de menor población, desde el Ministerio de Interior se explica que hay algunas trabas, como que los policías locales destinados a estas zonas solo tengan competencias administrativas o que se debe estar en disposición de integrar los servicios sociales en el sistema, lo que no siempre es posible. Ante la ausencia de esta herramienta en gran parte de Andalucía, subrayan que los gestores de VioGén “coordinan la reorganización de todos los recursos disponibles” en cada territorio, con tal de que nadie quede desprotegida “con independencia de su lugar de residencia”. Así, especifican que es función de las delegaciones del Gobierno mediar con los distintos interlocutores políticos para conseguir ampliar el área de actuación.

Impedimentos a la hora de acceder a la información

Pero, ¿qué ocurre en el día a día? Un trabajador del Servicio de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla, parte de VioGén, apunta a la falta de accesibilidad. La información sensible del sistema está disponible para el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), dependiente de la Junta de Andalucía, y para los agentes policiales, excepto para los servicios sociales. “Desde los centros integrales de atención a la mujer (CIAM) lo reivindicamos desde hace mucho tiempo, porque es muy importante en el trabajo que realizamos con las mujeres”, asevera la fuente consultada.

La recepción de un nuevo caso corre a cargo de la trabajadora social, que luego articulará una estrategia de abordaje junto al equipo formado por una asesora jurídica, una auxiliar administrativa y una psicóloga. Ese primer contacto es clave para dirimir cuáles son las atenciones que necesita la posible víctima que se acerque a las instalaciones. “No sabemos cuál es la traba y desde el Ayuntamiento nos dicen que se ha intentado en alguna ocasión, pero hay que volver a insistir”, manifiesta.

En respuesta a este periódico, el Ayuntamiento de Sevilla señala que, tanto en el gobierno municipal de Juan Espadas (PSOE) como en el actual de Jose Luis Sanz (PP), se “ha reclamado continuamente”, tanto de forma pública como por escrito en abril y junio de 2023. En la actualidad, la información es manejada tan solo por el grupo especializado que hay en la Policía Local, apuntan. Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla indica que el convenio con Interior no contempla el acceso al sistema de los servicios sociales de ayuntamientos ni al propio CIAM, en todo caso, en la denuncia de la víctima se debe autorizar expresamente a que sus datos pasen al IAM.

Bárbara Sordi, investigadora del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, atiende a este medio. Hace pocos días, el equipo liderado por el investigador de la US, Juanjo Medina, hizo entrega de las primeras conclusiones de Proyecto RiskPol - Vigilancia policial basada en el riesgo de la violencia de pareja y el modelo de riesgo VioGén, cofinanciado por la Junta de Andalucía. Todavía no se pueden desvelar los resultados finales, pero la especialista habla sobre los puntos positivos y los desafíos que entraña la colaboración entre la academia, la Justicia y los cuerpos de seguridad del Estado.

Primero, especifica que VioGén no deja de ser una herramienta dentro de un aparato de protección mucho más complejo en el Estado, con diferentes escalas y responsabilidades: “En Andalucía, hay que apostar por el incremento de este y otros recursos para extenderlos a todos los rincones, porque vemos un avance, y esta autonomía ha sido pionera en muchas cuestiones, pero existe un repunte y hay una evidencia: el discurso negacionista está cuajando cuando hay datos evidentes de violencia y de victimización entre jóvenes”. Con un marco legislativo más robusto que en el pasado, contempla el efecto de la manosfera entre las nuevas generaciones, “hay un problema de base”.

A tenor de las estadísticas de VioGén, llama la atención sobre que en el último informe publicado por el Ministerio de Interior había alrededor de un 50% de mujeres que habían interpuesto una denuncia previa. “¿Qué significa esto? Que escaló la violencia, por tanto, no estamos haciendo la labor desde el sistema de justicia a la hora de brindar las medidas de protección”, resalta.

Nuevo VioGén

La auditoría realizada por la Fundación Éticas, en colaboración con la Fundación Ana Bella, desveló que se subestimaba el riesgo para las víctimas, ya que hubo 71 falsos negativos y solo 55 mujeres recibieron algún tipo de protección policial debido a que el 73% de los casos no había presentado una denuncia policial y, en consecuencia, no se había asignado una puntuación en la valoración de riesgo (VPR) o la de evolución del riesgo (VPER). Al respecto, Laura Flores, investigadora de la US, añade que de esta forma quedaron comprobadas las deficiencias estructurales del primer modelo: “Un criterio determinante para el algoritmo que califica el riesgo al que se encuentran expuestas las víctimas eran los recursos policiales disponibles, de tal manera que el sistema solo da el número de puntuaciones de riesgo extremo que se puede permitir”.

Además, se le daba mayor peso en el cuestionario a la violencia física, subestimando así a la psicológica, y solo se permitían respuestas binarias, “lo que dificulta la precisión en la descripción de las realidades”. Con la puesta en marcha de VioGén 2 en enero de 2025, la finalidad es revertir estos fallos y lograr una herramienta a pleno funcionamiento en la que se produzca una gestión más rápida y concisa de los datos. La violencia digital, el intento de estrangulamiento, las agresiones a mujeres embarazadas o las amenazas de asesinar a los hijos serán incorporados como indicadores de riesgo para predecir el comportamiento del maltratador, anunció Interior en enero de este año. “Ahora habrá que ver los efectos de su efectiva implementación”, determina la investigadora.

Pilar, primera víctima por violencia machista este año, tenía 38 años y vivía en la localidad jiennense de Quesada. Estaba registrada en el sistema VioGén, pero su cuerpo fue hallado sin vida el 4 de enero. Alba Oseguera Gutiérrez, parte del Área de Feminismos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y de la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla (AFUS), retoma el quid de la cuestión: “Falta una mayor inversión y unos servicios que sean integrales. Por ejemplo, con la actual crisis de la vivienda hay muchas mujeres que no pueden dejar atrás a su maltratador e iniciar una nueva vida. La vivienda es uno de los puntos fundamentales de protección y reinicio”.

Con fecha de marzo, en Andalucía hay un total de 27.196 casos que están en activo y 1.286 supervisados. Del total de activos, hay 23.656 con calificación de riesgo baja, otros 3.316 en riesgo medio, mientras que 220 que de riesgo alta y 4 calificados como riesgo extremo.