Vidas cribadas

El 25 de noviembre, el movimiento feminista vuelve a organizarse para reivindicar, como cada año, una vida libre de violencias machistas. Una jornada que llega una vez más marcada por el incumplimiento sistemático, por parte de las instituciones y entidades públicas, de su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos, generando múltiples violencias machistas que repercuten en la vida de miles de personas.

Hace unas semanas, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA) denunció el fallo masivo en los cribados de prevención del cáncer de mama realizados por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Miles de mujeres andaluzas no fueron informadas de que sus resultados eran sospechosos o incluso positivos. Con el paso del tiempo, muchas desarrollaron cánceres más graves, metastásicos, e incluso algunas fallecieron. La asociación cifra en más de 3.000 las mujeres afectadas.

Estos cribados forman parte esencial de las políticas públicas de salud que las administraciones deben garantizar dentro de un sistema sanitario público, gratuito y universal. Sin embargo, no son las únicas violencias que enfrentamos. La imposibilidad de ejercer plenamente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo también constituye una violencia institucional. Esto se debe a la externalización del servicio, las desigualdades territoriales entre comunidades, la falta de protocolos homogéneos, la insuficiente formación de profesionales, la ausencia de una regulación clara sobre la objeción de conciencia y el estigma que aún pesa sobre este derecho, tal como señala el informe El aborto en España, 2025, del Instituto de las Mujeres.

Y, por otro lado, ¿qué ocurre con todas las personas que deciden llevar a término su embarazo? También ellas se enfrentan a tratos degradantes, irrespetuosos y violentos. La violencia obstétrica es una vulneración sistemática de derechos que afecta de lleno a su salud física y emocional. Episiotomías innecesarias, falta de anestesia, cesáreas injustificadas o maniobras agresivas no son “prácticas médicas aisladas”, son la expresión de un modelo jerárquico y autoritario, donde no todos los cuerpos son escuchados, respetados ni considerados.

No solo en el ámbito de la salud y los derechos sexuales y reproductivos se pueden encontrar esta violencia ejercida por las instituciones. Andalucía también encabeza las listas de espera de la dependencia. Más de 51.000 personas esperan una valoración y más de 5.200 han muerto sin recibir ningún tipo de ayuda, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. ¿En qué centran sus políticas las instituciones andaluzas? Si el objetivo no es el cuidado y la vida digna de las personas dependientes y de sus cuidadoras, ¿cuál es entonces?

En el ámbito municipal, también encontramos violencias. Recientemente, el Ayuntamiento de Sevilla, con el beneplácito de la extrema derecha, retiró de los centros educativos unos cuadernillos de educación “afectivo-sexual” que, desde una perspectiva integral adecuada a la edad de niñas y niños, abordaban el conocimiento del cuerpo, la diversidad sexual, la prevención de infecciones de transmisión sexual y el fomento de la igualdad de género.

A esto se suma la creación de la llamada “oficina de ayuda a la maternidad”, una iniciativa impulsada bajo el mismo pacto político que responde más a una agenda antiabortista que a una verdadera política de apoyo a las personas gestantes. Ni escucha sus demandas reales, ni atiende sus condiciones materiales, sociales y habitacionales. Ambas medidas suponen un retroceso en nuestros derechos sexuales y reproductivos.

Porque cuando se habla de cribar, lo que realmente se está haciendo es poner en uso su otro significado: discriminar. Seleccionar excluyendo, segregar, dar un trato desigual por motivos políticos, de edad, condición física o mental, o de sexo. Las violencias institucionales de género se expresan también en el maltrato que ejercen las administraciones hacia las personas trans y/o no binarias, al excluirlas de los cribados sanitarios y de las políticas de prevención específicas. Son las mismas violencias que enfrentan miles de mujeres migrantes en el acceso a la sanidad pública, especialmente al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, sintiéndose culpables, obligadas a desplazarse fuera de sus comunidades autónomas, no informadas de sus derechos y cuestionadas al requerirles documentos legales sin motivo.

La privatización de la sanidad y la educación, el inaccesible mercado de la vivienda, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, la precariedad en la atención a la dependencia y el desprecio hacia la diversidad son expresiones de un sistema patriarcal que jerarquiza unas vidas sobre otras. Un sistema que considera prescindibles las vidas de las mujeres, de las personas trans, no binarias, migrantes y pobres.

Por eso, este 25 de noviembre, día internacional contra las violencias machistas, nos juntamos para reivindicar derechos sociales feministas, exigir responsabilidad institucional y defender el derecho a vivir vidas dignas, libres y plenas. Porque nos va la vida en ello.