El Gobierno de España desdeña las viviendas que Aragón reserva para acoger refugiados
El Gobierno central desdeña las 87 viviendas que el de Aragón ofrece para acoger a refugiados en la comunidad: siguen vacías casi dos años después de que la comunidad suscribiera un protocolo para utilizarlas con varias de las entidades sociales que participan en el dispositivo de acogida a los migrantes desplazados por los conflictos bélicos en Oriente Medio.
“Ojalá pudiese decir que el convenio ha dado sus frutos y hemos podido dar respuesta a los refugiados”, señaló la directora general de Vivienda, Mayte Andreu, ante la Comisión de Vertebración del Territorio de las Cortes, en la que compareció a petición del PP para explicar el desarrollo de esos acuerdos. “El Gobierno español hace lo que mejor sabe: mirar hacia otro lado”, añadió, al tiempo que recordaba cómo el Ejecutivo de Rajoy rechaza implicar en el dispositivo de acogida a comunidades y ayuntamientos pese a la insistencia de ambos en participar. “¿Y usted me dice que qué hemos hecho en la comunidad?”, le afeó al portavoz de los conservadores, Javier Campoy.
87 viviendas reservadas
Andreu explicó cómo desde finales de 2015 la comunidad dispone de un protocolo de acogida que incluye la reserva de 87 viviendas. “Están disponibles para ocupar hoy mismo” pero “no han sido ocupadas”, anotó, pese a que en ese periodo “en torno a las 300 personas han sido acogidas” en Aragón.
Se trata mayoritariamente de viviendas protegidas adscritas a la bolsa de alquiler social autonómico, algunas de las cuales “ni siquiera han sido estrenadas”. Se encuentran sin amueblar, aunque el grupo de trabajo sobre refugiados ha mantenido contactos con algunos distribuidores de mobiliario para adquirirlos a bajo precio –entre 5.000 y 7.000 euros para casas de hasta cuatro habitaciones-.
Andreu, que mostró su “tristeza” por el hecho de que los refugiados no hayan llegado a utilizar esas casas, destacó que, en esta materia, “estamos dando respuesta a lo que nos dejan dar respuesta”, ya que “el Estado ha decidido que tengamos un papel secundario” e impedir que “seamos una comunidad de acogida”.
Campoy, que destacó que la acogida de refugiados es una “competencia exclusiva estatal” en cuya primera fase “esta comunidad no puede intervenir”, cifró en 233 el número de solicitantes de asilo llegados a Aragón en estos dos años y se mostró “absolutamente de acuerdo” con el protocolo, aunque sostuvo que “no hay viviendas suficientes” para cubrir la demanda.
“Salen los números pero están vacías”
“Hoy no se cubren estas necesidades habitacionales, siguen faltando viviendas para ofrecérselas a los refugiados”, señaló, antes de preguntar “¿qué medidas están llevando a cabo para solventar este déficit?” “Me sigue saliendo un número importante de personas que no vamos a poder ubicar”, añadió.
Andreu, por su parte, insistió en que, “aunque no hay ninguna vivienda ocupada, si hacemos las cuentas nos salen los números”, ya que los refugiados están llegando a Aragón en familias de cuatro miembros como media.
La directora general de Vivienda se mostró muy crítica con la actuación que la UE y la mayoría de sus estados miembros están teniendo ante la crisis de los refugiados. “Vulneramos los derechos humanos y el respeto a la vida, y dejamos que la muerte siga en el Mediterráneo”, al que “hemos convertido en un cementerio” y “a los países de la UE en verdugos”.
Los portavoces de varios grupos mostraron su acuerdo con la posición de Andreu. Así, mientras el diputado de Podemos Nacho Escartín le señaló que “nos tendrá a su lado si afronta esta situación con rasmia y con determinación”, el socialista Fernando Sabés abogó por “tratar de acabar entre todos con un conflicto que supera todas las barreras y cifras que se puedan poner encima de la mesa”. “Todos coincidimos en la vergüenza que sentimos con respecto a este tema”, añadió Jesús Sansó, de C’s.
