Ensueños de alcaldesa
Parafraseando al exdirigente soviético Nikita Kruschev, la alcaldesa de Zaragoza promete construir puentes incluso donde no hay ríos.
Natalia Chueca ha ofrecido este jueves un discurso de algo más de hora y media de duración, con motivo del debate sobre el estado de la ciudad, en el que ha dibujado una Zaragoza idílica, de ensueño, con anuncios de todos los colores. Se trata del último debate antes de las municipales del año que viene: tocaba activar el modo electoral. Como te hemos contado en una crónica posterior, a la lluvia de millones y a la ausencia de crítica –se lo ha afeado hasta Vox– se han unido los consabidos ataques a Pedro Sánchez y al Gobierno de España. Tampoco podía faltar la mención a ETA.
Como dicta el manual, todos los proyectos positivos se pueden atribuir a la gestión del PP en el Ayuntamiento, mientras que cada fiasco tiene como origen gobiernos de otros partidos: así sucede, según sus palabras, con Distrito 7 o Etopia.
Más allá de tacticismos políticos, el problema es que la alcaldesa de Zaragoza parece creerse que la ciudad que describe existe. Que no se trata de una mera ensoñación.
La capital aragonesa se está aprovechando del fuerte viento de cola que sopla: a un ciclo económico expansivo como no se veía antes del crac de 2008 –algún papel tendrá en ello el Gobierno central, ¿no?– se suma el maná de los fondos europeos –esos que tanto criticó en su día Jorge Azcón– y el impacto de la instalación de empresas tecnológicas en el entorno de la capital –ahora solo vemos los beneficios, mientras que los costes tardarán en aflorar–.
El resultado de mezclar este cóctel: una capacidad de gasto como no ha tenido ninguna administración desde hace dos décadas. Atribuir esa circunstancia únicamente a los méritos propios no parece lo más oportuno.
Lo que resulta lícito plantearse es si ese maná inversor va en la buena dirección.
Es cierto que muchas de las actuaciones que se han puesto en marcha en los últimos años corresponden a déficits que se venían arrastrando desde hacía años, precisamente por la quiebra que se vivió a finales de los 2000: la avenida de Navarra, San Miguel o la cicatriz del Portillo, por poner tres ejemplos. O el impulso de viviendas de alquiler asequible, aunque aquí surge la duda de los resultados que tendrá la colaboración público-privada de la que hace gala el Gobierno municipal.
Pero también se están levantando puentes donde no había ríos: como la reforma de La Romareda, que se va a llevar más de 80 millones de euros de las arcas municipales –recordemos que no iba a costar ni un euro–. O el nuevo contrato del autobús urbano, cifrado en 1.200 millones para diez años. O el cheque bebé, que aspira a fomentar la natalidad pero que la práctica demuestra que no tiene ningún efecto en ella. O los vuelos internacionales, con un gasto por determinar. Sin olvidar la política urbanística del Gobierno de Chueca, más preocupada en propiciar pelotazos que en propiciar el desarrollo armónico de la ciudad.
Políticas todas ellas que comprometen no solo a la actual corporación, sino a las futuras.
Tres años de política educativa con Azcón
Tres consejeras de Educación en tres ejercicios de Jorge Azcón como presidente, pero un único rumbo: la apuesta decidida por lo privado frente a lo público y la crispación provocada por esta deriva en el colectivo docente.
Este jueves hacemos un recorrido por lo que ha sucedido en este tiempo, en el que el movimiento más simbólico ha sido el de la concertación del Bachillerato, aún sin aplicar gracias a los tribunales –y a los recursos interpuestos por un buen número de colectivos–. Con la colisión de intereses que conlleva el hecho de que uno de los altos cargos del Departamento, casi el único que se mantiene desde el inicio, vaya a garantizar fondos públicos para el colegio del que es director en excedencia.
Una política tan controvertida y que implica un uso muy relevante de los recursos públicos debería llevar aparejada una dosis máxima de transparencia, pero sucede justo lo contrario: la oposición ha denunciado que el Ejecutivo oculta los informes de Intervención y de Inspección Educativa que justifican la medida.
Pero hay más. Frente al recorte del 20% en las ayudas a la federación de asociaciones de padres y madres de la pública (FAPAR), las cesiones a la federación que representa a la privada (FECAPA) se han duplicado.
Además, la privatización se extiende también a la formación pública, con el caso de Distrito 7, en Zaragoza, como ejemplo paradigmático: cursos que llevaban años cerrados por falta de alumnos van a ser recuperados, regados ahora con dinero público para beneficio de entidades privadas.
Y, entre tanto, el colectivo que representa a la educación pública ve cómo el movimiento es el contrario: aulas cerradas, infraestructuras que envejecen sin que el Gobierno de Aragón le ponga remedio y termómetros disparados en las clases.