La política educativa de Azcón: tres años de impulso a la concertada y tensión con la escuela pública
Jorge Azcón llegó al Gobierno de Aragón en agosto de 2023. Desde entonces ha terminado una legislatura, ha adelantado las elecciones por primera vez en la historia de Aragón y solo ha conseguido sacar adelante unos presupuestos, los de 2024. En todo este tiempo, la educación ha sido uno de los asuntos que más debate político y social ha generado. El Departamento ha tenido tres consejeras distintas, pero muchas de las decisiones que han marcado estos casi tres años han seguido una misma dirección: la apuesta por la concertación del Bachillerato, la ampliación de la Formación Profesional en centros privados, el cierre de aulas públicas o las críticas de sindicatos y familias por la planificación educativa.
La primera consejera fue Claudia Pérez Forniés. Llegó al cargo con el inicio de la legislatura, pero su etapa quedó marcada por el conflicto de la escuela de Caneto. El Gobierno de PP y Vox defendió desde el principio que el centro funcionaba de forma irregular y trató de cerrarlo, pero la decisión desencadenó una fuerte movilización de las familias y una larga batalla judicial. El TSJA ordenó reabrir cautelarmente el colegio y el conflicto se prolongó durante meses. Incluso un incendio en una de las aulas volvió a situar el caso en el centro del debate. La resolución definitiva no llegó hasta después de la salida de Pérez Forniés del Gobierno: la justicia acabó avalando la postura del Ejecutivo y las clases se trasladaron a unos locales del municipio.
Su relevo llegó en julio de 2024 con Tomasa Hernández. Fue durante su etapa cuando el Gobierno impulsó las medidas que más contestación han generado dentro de la comunidad educativa. Bajo su mandato se anunció la concertación del Bachillerato —la principal batalla educativa de la legislatura—, se dio un impulso a la Formación Profesional concertada con proyectos como Distrito 7 y se autorizó una parte importante de la nueva oferta de grados superiores en centros privados. También comenzaron otros debates, como el de la extensión de las aulas de 0 a 3 años o los cambios en el modelo de escolarización.
Tras las elecciones del pasado febrero, Carmen Susín asumió la Consejería de Educación dentro del nuevo Gobierno de coalición entre PP y Vox. Llegó al cargo en mayo con buena parte de esos frentes todavía abiertos: el Bachillerato concertado pendiente de un recurso judicial, las críticas por la planificación de la FP y una escuela pública inmersa en protestas por el cierre de aulas, la reducción de profesorado y el aumento de ratios.
A pesar de los cambios al frente del Departamento, ha habido una figura que se ha mantenido durante toda la legislatura: el secretario general técnico. En su perfil de LinkedIn figura como director general en excedencia de uno de los centros que podían beneficiarse de la concertación del Bachillerato. La oposición ha cuestionado en varias ocasiones su continuidad y ha solicitado la documentación del expediente administrativo con el que se tramitó la medida, una petición que, asegura, todavía no ha obtenido respuesta.
El Bachillerato concertado, el gran símbolo de la legislatura
La propuesta de concertar el Bachillerato ha sido el principal símbolo de la política educativa del Gobierno de Jorge Azcón. El anuncio llegó en septiembre de 2025, durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad. Entonces, el presidente defendió que era una medida “muy demandada por las familias” y anunció que entraría en vigor en el curso 2026-2027. Poco después se conoció el coste de la iniciativa: alrededor de siete millones de euros al año para concertar un nivel educativo en el que cada curso quedan libres unas 2.000 plazas en Aragón.
El proyecto quedó en pausa durante el invierno por la convocatoria de elecciones anticipadas del 8 de febrero. Durante ese periodo el Gobierno estaba en funciones, es decir, con sus competencias limitadas. Aun así, el 7 de abril la entonces consejera de Educación, Tomasa Hernández, aprobó la modificación de la orden de conciertos en el BOA, un paso que permitía concertar hasta 65 unidades de Bachillerato en alrededor de una veintena de centros educativos.
La decisión provocó una rápida contestación. La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, integrada por 17 organizaciones, presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Al mismo tiempo, varios expertos en Derecho Administrativo advirtieron de que un Gobierno en funciones no podía aprobar una medida con impacto presupuestario como la concertación del Bachillerato.
Mientras el recurso seguía su curso, la comunidad educativa protagonizó una de las mayores movilizaciones de los últimos años. Durante tres días, una huelga afectó a colegios e institutos de toda la comunidad y culminó con manifestaciones en las tres capitales de provincia y en numerosos municipios aragoneses. La tensión llegó también a las Cortes de Aragón, donde un grupo de representantes de la escuela pública interrumpió el primer pleno de la legislatura lanzando octavillas desde la tribuna de invitados para protestar contra la concertación del Bachillerato, lo que obligó a suspender temporalmente la sesión.
El 10 de junio, ya con el nuevo Gobierno constituido, el TSJA acordó la suspensión cautelar de la concertación del Bachillerato porque la orden se había aprobado cuando el Ejecutivo estaba en funciones. La decisión, de carácter provisional, fue recibida con satisfacción por las organizaciones que habían recurrido la medida, que la interpretaron como un respaldo a sus argumentos.
Pese al revés judicial, el Gobierno mantiene intacto su objetivo. Dos semanas después de la decisión del TSJA, Azcón anunció en las Cortes que volvería a impulsar la concertación del Bachillerato para el curso 2027-2028 con el objetivo de dotarla de “seguridad jurídica”. El presidente recordó que la medida figuraba tanto en el programa electoral del Partido Popular como en el acuerdo de gobierno firmado con Vox. “Queríamos cumplir con nuestra palabra. Queríamos ampliar derechos y que esas familias pudiesen tener la ayuda del Gobierno de Aragón”, defendió.
Distrito 7 y la expansión de la FP concertada
La Formación Profesional ha sido el otro gran frente de la política educativa del Gobierno de Azcón. Durante la legislatura, el Departamento ha ampliado la oferta de enseñanzas y una parte importante de los nuevos ciclos autorizados se impartirán en centros privados concertados, una decisión que también ha generado críticas por parte de sindicatos, organizaciones de familias y la oposición.
Uno de los proyectos más representativos ha sido Distrito 7, el centro de Formación Profesional impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza en la antigua fábrica de Giesa. Tras quedar desierto el concurso para gestionar el edificio, el consistorio adjudicó directamente la concesión al Grupo San Valero durante 30 años. Posteriormente, el Gobierno de Aragón autorizó siete ciclos formativos que comenzarán a impartirse en esas instalaciones. La adjudicación fue cuestionada por la oposición, que criticó tanto el procedimiento como la rapidez con la que se tramitó el expediente. La suspensión cautelar de la concertación del Bachillerato acordada por el TSJA también obligó a retrasar un año la puesta en marcha del proyecto.
Más allá de Distrito 7, la ampliación de la oferta de Formación Profesional también ha reabierto el debate sobre la planificación educativa. Según la documentación oficial del Departamento de Educación para el curso 2026-2027, siete de los nueve nuevos grados superiores autorizados se impartirán en centros privados concertados. Entre ellos figuran titulaciones vinculadas al ámbito audiovisual, la animación o el marketing. Esa misma documentación recoge también modificaciones de la oferta en centros públicos, con supresiones de ciclos y cambios de turnos en distintos institutos.
La escuela pública, entre cierres de aulas y protestas
A lo largo de estos tres cursos, las protestas han llegado a decenas de centros educativos de las tres provincias. El cierre de aulas de Infantil, la supresión de vías, la reducción de profesorado, el aumento de las ratios o el estado de algunas instalaciones han protagonizado buena parte de las movilizaciones de la comunidad educativa.
Uno de los conflictos más repetidos ha sido el de la planificación escolar. Durante estos tres años, el Departamento de Educación ha autorizado el cierre de decenas de aulas de Infantil en colegios públicos, una decisión que ha provocado protestas de familias en distintos municipios. En algunos casos, como el del CEIP Foro Romano de Cuarte de Huerva o el Parque Europa de Utebo, las familias llegaron incluso a acudir a los tribunales para intentar frenar el cierre de vías. En las últimas semanas, además, FAPAR ha denunciado que estas decisiones están provocando un aumento de las ratios y dificultando la escolarización del alumnado que se incorpora fuera de plazo.
Las críticas también han llegado desde los sindicatos. En la negociación de los cupos para el próximo curso, CCOO y CGT denunciaron una reducción del profesorado asignado a los centros públicos. Ambas organizaciones sostienen que la disminución de efectivos repercute en los apoyos al alumnado, los desdobles y la atención a la diversidad, además de aumentar la carga de trabajo de los equipos docentes.
La conflictividad no se ha limitado a la planificación. Durante la legislatura también se han sucedido las denuncias por las altas temperaturas en las aulas, el deterioro de algunas infraestructuras —como el pabellón con amianto del CEIP María Moliner— o actuaciones polémicas como la sustitución de la histórica valla que separaba dos colegios públicos de Zaragoza. Este diario ha solicitado al Departamento de Educación una valoración sobre el balance de estas medidas y de las críticas recibidas, pero desde el Departamento han rechazado hacer declaraciones.
La presidenta de FAPAR, Vanesa Jiménez, hace un balance muy crítico de estos tres años. Considera que la sucesión de tres consejeras refleja una falta de estabilidad al frente del Departamento y sostiene que las principales decisiones han ido encaminadas a “reforzar la red concertada”. Entre ellas cita la concertación del Bachillerato, la apertura de nuevas enseñanzas, los cambios en la escolarización, el cierre de aulas y el aumento de las ratios.
La federación también cuestiona el reparto de las subvenciones destinadas a las asociaciones de familias. Denuncia que la ayuda que recibe FAPAR se ha reducido un 20% mientras la destinada a FECAPAR, que agrupa a las asociaciones de madres y padres de la enseñanza concertada, se ha duplicado. Para Jiménez, esta diferencia “refleja una política educativa que, durante estos tres años, ha otorgado un mayor respaldo a la red concertada que a la escuela pública”.