Que no te tomen el pelo

El Vive Latino quizás más multitudinario –y sin duda el más caluroso– ha generado una polémica colateral que no es específica de este festival, sino común a muchos otros y no solo eso: también a cines o parques temáticos. Hablo de la prohibición, más o menos intensa, que establecen sus promotores para acceder al recinto con comida o bebida del exterior. Una restricción que habrás visto de manera habitual y que seguramente te preguntarás si es legal.

La controversia surgió al hacer público la organización Facua que había denunciado ante el Gobierno de Aragón –en concreto, ante la Dirección General de Interior y Protección Civil– a VLZGZ SL, la promotora del festival, por este impedimento que reflejó en su web. En la nota, la asociación de consumidores ya reveló algo importante: que la empresa no contaba con el preceptivo visado para ello, como le había trasladado el propio Ejecutivo.

Entonces decidimos indagar un poco más, hablar con expertos y analizar la jurisprudencia. Y lo que encontramos no habla en favor de los empresarios culturales. La abogada Miriam Pascual, experta en derechos de los usuarios, nos trasladó que, con todos los elementos que tenía sobre la mesa, había “argumentos jurídicos muy sólidos” para considerar “abusiva” esta restricción. Las sentencias previas sobre la cuestión también tienden a descartar esta prohibición, incluso cuando se justifican con motivaciones sanitarias, como arguyó el responsable de VLZGZ SL y promotor del festival, Nacho Royo. También intervino la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), cuyo presidente, José Ángel Oliván, nos contó con un punto de amargura que en el pasado ya requirieron al Gobierno de Aragón que aplicara la normativa con el Vive Latino, pero que nadie les hizo caso. 

La sensación final es que se trata de una derrota anunciada. Salvo excepciones –como querer introducir vidrio o botellas con tapón–, puedes entrar con comida o bebida del exterior, pero: (1) no todo el mundo es consciente de ello, (2) las amenazas más o menos veladas de los promotores suelen hacer que el usuario desista y (3) la pasividad de la Administración para frenar estas prácticas no contribuye a solucionarlo.

Por lo tanto, que no te tomen el pelo: tienes derecho a exigirlo.

Sobre el Vive, por cierto, Royo ha dado por hecho que habrá una sexta edición, en principio se supone que en Zaragoza, y que ya tiene a artistas “prácticamente firmados”.

Y aprovechando que también tiene como protagonista involuntario el recinto de la muestra de 2008, te incluyo en este resumen semanal un interesante análisis de Daniel Sarasa y Francisco Pellicer, titulado 'La Expo necesita vecinos', en el que exponen que, ante la próxima instalación de la Agencia Española de Salud Pública en lo que fue el edificio de Aragón, habría que aprovechar para promover la construcción de viviendas en la zona y mejorar las conexiones con los barrios contiguos con el objetivo de “construir ciudad”. Lo intentó en su día el difunto Javier Lambán con los 'cacahuetes', pero la iniciativa no fructificó.

El ritmo imposible de los centros de datos

Otro fenómeno que hemos tratado de analizar es el de la proliferación de centros de datos en Aragón. Si la comunidad tiene capacidad para absorber a semejante velocidad el despliegue de granjas de servidores en la comunidad. Y la respuesta no es muy positiva: parece más bien un sueño inalcanzable. Al menos, al ritmo con que se plantean.

La cuestión lleva meses en el aire y se ha intensificado estas últimas semanas a cuenta del real decreto que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez para regular la instalación de 'data centers' en el país. El Ejecutivo de Jorge Azcón lo ha considerado un ataque diseñado casi específicamente para "hundir" a Aragón, ya que según su tesis pone en riesgo miles de millones de euros de inversión en la comunidad.

Los datos son bastante elocuentes. Únicamente contando las granjas de servidores que tienen concedido el acceso a la red, la suma de la demanda eléctrica que requieren más que dobla la de la comunidad autónoma en su conjunto. Ni siquiera toda la generación de renovable desplegada ahora mismo en el territorio sería suficiente para abastecerles. Y eso que faltan los centros de datos aún pendientes, lo que dispararía la cifra.

De salir adelante el mencionado decreto ley, la situación sería incluso peor: si un estudio de la Universidad de Zaragoza ya calculó que, en el escenario de mayor magnitud, hasta un tercio de la superficie de Aragón tendría que llenarse de molinos de viento y placas solares para surtir de electricidad a los 'data centers', con los requisitos que establece la normativa en proyecto el tapizado sería incluso mayor, ya que por ejemplo exige que las plantas de renovables sean de nueva creación.

Tanto los promotores como administraciones como la aragonesa reclaman más celeridad en los trámites y en las inversiones en la red para poder canalizar toda la demanda, pero no podemos de la noche a la mañana conseguir que una entidad pública –para los agoreros de lo público, tampoco una empresa privada sería capaz– desbloquee decenas de miles de millones de euros para nudos de conexión, con el objetivo de propiciar unos desarrollos industriales cuyos beneficios para la sociedad, además, no están muy claros.

Porque al tiempo que tratan de convencernos de que estamos a punto de perder un tren histórico, en Zaragoza vivimos situaciones como la del centro de datos que promueve Microsoft junto a Puerto Venecia. Aquí, mientras el Ejecutivo y la multinacional escamotean dinero con la expropiación a propietarios del suelo, los partidos de la oposición exigen rigor para gestionar el amianto localizado en el terreno, que entraña riesgos para la salud, o incluso que se retire la licencia a la compañía.

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