Uno de los acuerdos de cancelación se produjo hace unos meses en Zaragoza. La Fiscalía pidió en febrero sendas condenas de tres años de cárcel para tres constructores a los que imputaba un delito de apropiación indebida por la gestión de un crédito de 2,6 millones que uno de ellos había obtenido en 2010 de la CAI, posteriormente absorbida por Ibercaja tras ser reflotada con dinero público del FROB.
El dinero de ese préstamo, que vencía en enero de este año, fue aportado a otra empresa en la que eran socios los tres, los cuales, en agosto de 2011, se repartieron 3,9 millones en forma de dividendo tras reducir el capital social de esta segunda firma. El deudor no devolvió nada a CAI Inmuebles –la filial inmobiliaria de la entidad- pese a que se había comprometido a hacerlo con los beneficios que obtuviera en esa segunda sociedad. La entidad financiera presentó una denuncia por apropiación indebida.
La CAI, que financiaba “el 95%” de la actividad del empresario, según explicó este en el juicio, endosó ese crédito a la Sareb dentro de su cartera de activos tóxicos. Sin embargo, el constructor cerró unos meses antes del juicio, el julio de 2014, un acuerdo con el banco malo por el que el organismo público daba por liquidado el asunto y retiraba tanto la acusación penal como las acciones civiles. “He llegado a un acuerdo con Sareb”, confesó en el juicio el empresario, que eludió especificar los detalles del trato.
La sentencia, emitida por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, fue absolutoria pese al empeño de la Fiscalía en mantener la acusación. El tribunal basó la absolución en la falta de pruebas, “a lo que deberá añadirse que ningún perjuicio existe pues el Sareb, destinatario del crédito hipotecario sustentado por CAI, renuncia a todo tipo de acción civil y penal al estar dicho crédito abonado”.