El alcalde de Jaca, investigado por unas supuestas viviendas autorizadas como casetas en un entorno protegido

El alcalde de Jaca, Carlos Serrano, y quien fuera responsable municipal de Urbanismo, José Luis Bartolomé, han sido citados a declarar en calidad de investigados por unas construcciones realizadas en terrenos de Villanovilla, en el término municipal de Jaca. Ambos deberán comparecer el próximo 20 de noviembre ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Jaca y han manifestado que todas las actuaciones siguieron los criterios técnicos. La causa parte de las denuncias presentadas por la Asociación de Vecinos de Villanovilla, que cuestiona las actuaciones urbanísticas desarrolladas en varias parcelas situadas fuera del casco urbano. Según sostiene la asociación, en estos terrenos se han producido movimientos de tierra, apertura de caminos y otras actuaciones y se concedieron licencias para cuatro construcciones calificadas como casas o casetas de aperos. Los vecinos consideran que algunas de ellas podrían estar siendo utilizadas como viviendas.

En concreto, la asociación señala una construcción levantada en una parcela rústica que, según su interpretación de la documentación urbanística, “supera las condiciones” recogidas en la licencia: asegura que se trata de un edificio de dos plantas y más de 60 metros cuadrados, frente a una autorización para una construcción de una planta y un máximo de 30 metros cuadrados. También sostiene que el inmueble cuenta con cocina, baño y dormitorio, elementos que, a su juicio, apuntarían a un posible uso residencial. Por tanto, consideran que la concesión de licencias por parte del anterior responsable de Urbanismo y del alcalde de Jaca, puede constituir un presunto delito de prevaricación urbanística y un presunto delito contra la ordenación del territorio.

Los vecinos aseguran haber trasladado sus denuncias a distintas administraciones y organismos, entre ellos el Seprona, la Justicia de Aragón, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y la Confederación Hidrográfica del Ebro. También afirman haber solicitado al Ayuntamiento la declaración de caducidad de otras tres licencias concedidas en parcelas de Villanovilla, una petición que, según la asociación, fue desestimada. Para la Asociación de vecinos esta es “la gota que colma el vaso tras años de vertidos de residuos de excavaciones, apertura de pistas, vallados sin licencia, deterioro de pistas públicas, ocupación de caminos públicos”.

“Pedimos que se esclarezcan los hechos y que se proteja el entorno de Villanovilla. Hemos acudido a distintas administraciones para que nuestras denuncias reciban una respuesta fundada”, señala la Asociación de Vecinos de Villanovilla. La asociación recuerda el valor ambiental del valle de la Garcipollera y solicita que se determinen las responsabilidades que pudieran corresponder, con respeto a la presunción de inocencia de todas las personas investigadas.

El conflicto se produce además en un entorno con una protección urbanística y ambiental específica. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Jaca establece alrededor del casco urbano de Villanovilla un ámbito de 16,77 hectáreas de protección paisajística, clasificado como suelo no urbanizable de especial protección. En esta zona, el planeamiento restringe la construcción de edificaciones y contempla como excepción las casetas agrícolas, siempre que cumplan las condiciones establecidas en la normativa. Villanovilla se encuentra además en el valle de la Garcipollera, junto al río Ijuez, en un espacio que incluye terrenos del Monte de Utilidad Pública número 381, Valle de la Garcipollera, y que forma parte del espacio Garcipollera-Selva de Villanúa, integrado en la Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Conservación. La propia documentación urbanística municipal recoge estas figuras de protección en el entorno del núcleo.

El Ayuntamiento defiende que actuó conforme a los informes técnicos

Ante la apertura de las diligencias y las acusaciones de los vecinos, el Ayuntamiento de Jaca ha defendido este miércoles que todas las actuaciones municipales relacionadas con el caso se han realizado siguiendo los procedimientos administrativos y los informes de los servicios técnicos de Urbanismo. El Consistorio enmarca el asunto en un conflicto entre particulares que se inició en 2021.

Según explica el Ayuntamiento, inicialmente se concedió una licencia para una caseta de aperos. Posteriormente, a raíz de las reclamaciones de los vecinos, se realizó una inspección y los servicios municipales determinaron que determinadas actuaciones debían adecuarse a la licencia y a la normativa urbanística. Como consecuencia, se tramitó una licencia complementaria, manteniendo en todo momento el uso autorizado de caseta de aperos.

El alcalde, Carlos Serrano, ha mostrado su “sorpresa” por la citación y ha asegurado que está “tranquilo” y dispuesto a colaborar con la Justicia. Serrano sostiene que la licencia urbanística inicial correspondía al mandato anterior y que, durante el actual, el Ayuntamiento llevó a cabo nuevas inspecciones después de las reclamaciones formuladas por los vecinos. El regidor también ha defendido que la firma de las licencias se realiza sobre la base de los informes y propuestas de los técnicos municipales. “Los alcaldes no somos técnicos”, ha señalado, para añadir que los informes correspondientes estarán a disposición de la Justicia si son requeridos.

El Ayuntamiento asegura además que durante 2025 se realizaron nuevas comprobaciones e inspecciones. En una de ellas, según el Consistorio, se constató que la estructura de la construcción mantenía las características de una caseta de aperos, aunque en su interior se encontraron elementos como una cama y un hornillo. Ante ello, se requirió que se mantuviera el uso autorizado y que el inmueble no se utilizara como vivienda.

El caso se encuentra todavía en fase de investigación. El juzgado ha citado a declarar a varias personas los días 19 y 20 de noviembre, entre ellas Serrano y Bartolomé, y será a partir de estas diligencias cuando se determine si existe alguna responsabilidad por los hechos denunciados.