Aragón cree de “imposible cumplimiento” el decreto de centros de datos y el Miteco le acusa de manejar cifras “irreales”
El Gobierno de Aragón ha presentado cinco alegaciones al proyecto de real decreto estatal que regulará los centros de datos al considerar que su actual redacción puede comprometer la transformación digital y la competitividad y poner en riesgo las inversiones previstas en la comunidad. La consejera de Economía, Eva Valle, ha advertido de que existe ya “mucha inquietud e incertidumbre entre los inversores” ante unas exigencias que, a su juicio, pueden llegar a paralizar tanto proyectos en marcha como nuevas iniciativas.
Valle se ha mostrado partidaria de impulsar el desarrollo sostenible y eficiente de los centros de datos, pero ha considerado que los requisitos contemplados en el borrador “distan mucho de alcanzar el equilibrio deseado”. Aragón es una de las comunidades con mayor volumen de inversiones comprometidas en este sector y el Ejecutivo autonómico teme que el nuevo marco normativo pueda frenar su desarrollo.
La primera alegación cuestiona unas exigencias energéticas que Aragón considera de “casi imposible cumplimiento”. Entre ellas figuran los requisitos establecidos mientras el porcentaje de generación renovable no alcance el 90% en el sistema eléctrico español, la obligación de cubrir el 80% del consumo mediante generación renovable adicional y la denominada correlación horaria, que exige garantizar esa producción hora a hora durante las 24 horas del día. Según Valle, estas condiciones no contribuirían a ordenar el sector, como pretende la norma, sino que supondrían en la práctica una barrera de entrada a la actividad. El Gobierno aragonés considera, además, que unas limitaciones de este alcance requerirían una norma con rango de ley.
La segunda alegación sostiene precisamente que el proyecto excede la habilitación legal otorgada al Gobierno de España para desarrollar esta regulación, al introducir mediante un reglamento limitaciones que afectan al régimen de acceso y conexión a la red eléctrica.
El tercer reparo se refiere a los efectos retroactivos del decreto. Aragón advierte de que las disposiciones transitorias afectarían también a instalaciones que se encuentran ya en tramitación e incluso en fases avanzadas de desarrollo. A juicio del Ejecutivo autonómico, esto supone una alteración sustancial del marco regulatorio, genera inseguridad jurídica y eleva el riesgo de litigios y de posibles reclamaciones patrimoniales contra las administraciones.
Discriminación con otros países
La cuarta alegación apunta a la pérdida de competitividad. Aragón considera que, de aprobarse el decreto en los términos actuales, España tendría un régimen más restrictivo que otros países europeos, con el consiguiente riesgo de que las inversiones terminen desplazándose a otros Estados.
Finalmente, la quinta alegación cuestiona la memoria económica que acompaña al proyecto. El Gobierno aragonés considera que no incorpora una evaluación suficientemente rigurosa de sus consecuencias sobre la economía y la competencia ni analiza adecuadamente sus efectos presupuestarios y territoriales, tanto para el Estado como para las comunidades autónomas.
Para Valle, una regulación de este alcance debería incluir un estudio detallado de su impacto sobre el empleo, la actividad económica, la inversión y la competitividad.
Ante estas objeciones, el Ejecutivo aragonés reclama una revisión integral del texto para evitar que la nueva regulación se convierta “de facto” en una prohibición de la actividad del sector y garantizar que respete los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y neutralidad competitiva, además de adaptarse a la realidad energética y tecnológica.
Una de las principales preocupaciones del Gobierno aragonés son las tres disposiciones transitorias incluidas en el borrador y su posible incidencia sobre inversiones que se encuentran ya en desarrollo.
Las solicitudes desbordan cualquier previsión
El Ministerio de Transición Ecológica, por su parte, justifica la norma partiendo de una paradoja de escala: España se ha convertido en un destino muy atractivo para centros de procesamiento de datos gracias a su ubicación, clima y peso en renovables, pero el volumen de solicitudes desborda cualquier previsión. La Estrategia de IA (2024) calculaba una demanda de unos 4 GW para 2030, y sin embargo ya se han concedido derechos de acceso a la red por más de 12 GW –el triple del objetivo–, con más solicitudes pendientes.
El desajuste se concentra territorialmente: en Aragón hay ya 3,6 GW concedidos, el triple de la demanda eléctrica actual de la comunidad; en Madrid, 4,1 GW, el doble de su consumo. El Ministerio cita como advertencia los casos de Irlanda, Países Bajos y EEUU, donde el crecimiento desordenado de las granjas de servidores ha disparado precios eléctricos (hasta un 70% en EEUU para 2030 en algunas regiones), generado tensiones hídricas y provocado rechazo social y moratorias.
Frente a esto, el Gobierno defiende que, dado el fuerte interés del sector, España puede permitirse ser selectiva y quedarse con “los mejores” centros de datos: mayor beneficio, menor impacto, sin subir la factura eléctrica al resto de consumidores. El decreto exige dos bloques de requisitos a las instalaciones de más de 1 MW: soberanía digital (operador establecido en la UE, datos en territorio comunitario, salvaguardas frente a accesos de terceros países) y sostenibilidad (etiquetado europeo Categoría A en consumo de agua –WUE– y energía –PUE–, más 80% de energía renovable nueva en todas las horas de funcionamiento, ya sea por autoconsumo o PPA a largo plazo, un umbral que caerá cuando el mix nacional supere el 90% renovable).
El cumplimiento se verificará periódicamente por MITECO y Transformación Digital; el incumplimiento del 80% renovable conlleva penalizaciones crecientes en cargos y peajes eléctricos –para no trasladar el sobrecoste a otros consumidores– y, si se repite, la pérdida del acceso a la red. Los proyectos aún no conectados tienen seis meses para acreditar conformidad o renunciar a sus derechos, sin ejecución de garantías.
El Ministerio cierra señalando que la fase de audiencia pública ya concluyó, con más de 600 alegaciones recibidas, muchas de ellas con preocupaciones ambientales y sociales, y presenta la norma como un ejercicio de “liderazgo avanzado” frente a un debate que, dice, aún está abierto a nivel europeo.