Aragón alega contra el decreto de centros de datos por incluir exigencias de “casi imposible cumplimiento”

El Gobierno de Aragón ha presentado cinco alegaciones al proyecto de real decreto estatal que regulará los centros de datos al considerar que su actual redacción puede comprometer la transformación digital y la competitividad y poner en riesgo las inversiones previstas en la comunidad. La consejera de Economía, Eva Valle, ha advertido de que existe ya “mucha inquietud e incertidumbre entre los inversores” ante unas exigencias que, a su juicio, pueden llegar a paralizar tanto proyectos en marcha como nuevas iniciativas.

Valle se ha mostrado partidaria de impulsar el desarrollo sostenible y eficiente de los centros de datos, pero ha considerado que los requisitos contemplados en el borrador “distan mucho de alcanzar el equilibrio deseado”. Aragón es una de las comunidades con mayor volumen de inversiones comprometidas en este sector y el Ejecutivo autonómico teme que el nuevo marco normativo pueda frenar su desarrollo.

La primera alegación cuestiona unas exigencias energéticas que Aragón considera de “casi imposible cumplimiento”. Entre ellas figuran los requisitos establecidos mientras el porcentaje de generación renovable no alcance el 90% en el sistema eléctrico español, la obligación de cubrir el 80% del consumo mediante generación renovable adicional y la denominada correlación horaria, que exige garantizar esa producción hora a hora durante las 24 horas del día.

Según Valle, estas condiciones no contribuirían a ordenar el sector, como pretende la norma, sino que supondrían en la práctica una barrera de entrada a la actividad. El Gobierno aragonés considera, además, que unas limitaciones de este alcance requerirían una norma con rango de ley.

La segunda alegación sostiene precisamente que el proyecto excede la habilitación legal otorgada al Gobierno de España para desarrollar esta regulación, al introducir mediante un reglamento limitaciones que afectan al régimen de acceso y conexión a la red eléctrica.

El tercer reparo se refiere a los efectos retroactivos del decreto. Aragón advierte de que las disposiciones transitorias afectarían también a instalaciones que se encuentran ya en tramitación e incluso en fases avanzadas de desarrollo. A juicio del Ejecutivo autonómico, esto supone una alteración sustancial del marco regulatorio, genera inseguridad jurídica y eleva el riesgo de litigios y de posibles reclamaciones patrimoniales contra las administraciones.

La cuarta alegación apunta a la pérdida de competitividad. Aragón considera que, de aprobarse el decreto en los términos actuales, España tendría un régimen más restrictivo que otros países europeos, con el consiguiente riesgo de que las inversiones terminen desplazándose a otros Estados.

Valle ha recordado que el marco normativo comunitario todavía se encuentra en negociación y que otros Estados miembros están optando por modelos más graduales, con periodos transitorios y requisitos más flexibles. En su opinión, imponer ahora unas condiciones más exigentes colocaría a España y a Aragón en una situación de desventaja competitiva.

La quinta alegación cuestiona la memoria económica que acompaña al proyecto. El Gobierno aragonés considera que no incorpora una evaluación suficientemente rigurosa de sus consecuencias sobre la economía y la competencia ni analiza adecuadamente sus efectos presupuestarios y territoriales, tanto para el Estado como para las comunidades autónomas.

Para Valle, una regulación de este alcance debería incluir un estudio detallado de su impacto sobre el empleo, la actividad económica, la inversión y la competitividad.

Revisión integral de la norma

Ante estas objeciones, el Ejecutivo aragonés reclama una revisión integral del texto para evitar que la nueva regulación se convierta “de facto” en una prohibición de la actividad del sector y garantizar que respete los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y neutralidad competitiva, además de adaptarse a la realidad energética y tecnológica.

En concreto, Aragón solicita revisar los requisitos más exigentes contenidos en los artículos 7, 8 y 9, que considera de muy difícil cumplimiento tanto individualmente como en su conjunto. También reclama modificar el régimen transitorio para impedir efectos retroactivos y reducir el riesgo de litigiosidad.

El Gobierno autonómico pide asimismo rebajar el alcance y la intensidad de las obligaciones previstas para evitar un deterioro de la posición competitiva de España y Aragón y una eventual deslocalización de inversiones.

Todo ello, según Valle, debería abordarse mediante un proceso de diálogo y coordinación con las comunidades autónomas y los agentes afectados. “España y Aragón son uno de los principales polos europeos de la economía del dato y creemos que la regulación debe estar dirigida a compatibilizar la sostenibilidad con el aprovechamiento de la oportunidad industrial, tecnológica y de empleo que representan los centros de datos”, ha señalado.

Una de las principales preocupaciones del Gobierno aragonés son las tres disposiciones transitorias incluidas en el borrador y su posible incidencia sobre inversiones que se encuentran ya en desarrollo.

Valle ha citado proyectos como los de Microsoft, donde ya se están realizando movimientos de tierras, así como los de Blackstone y Azora, cuyas obras está previsto que comiencen próximamente. La preocupación radica en que estas inversiones puedan quedar sometidas a los nuevos requisitos pese a haberse iniciado su tramitación con el marco regulatorio actualmente vigente.

“Hay mucha inquietud e incertidumbre entre los inversores y la situación de acceso a la red de transporte es un cuello de botella. Detectamos que intereses de inversores se están desmotivando para venir a Aragón”, ha advertido la consejera.

En relación con el PIGA de Blackstone, Valle ha explicado que el Ejecutivo autonómico mantiene su calendario de actuación conforme al marco normativo vigente y continúa con la tramitación ordinaria. No obstante, ha insistido en que el borrador estatal introduce un riesgo elevado no solo para los centros de datos, sino también para sectores vinculados como el eléctrico y el fotovoltaico, dado que una parte importante de su demanda futura depende de estas instalaciones.

La consejera ha señalado que su departamento no ha cuantificado por el momento las posibles reclamaciones patrimoniales derivadas de un cambio normativo, aunque ha advertido de que podrían constituir un elemento importante que debería ser tenido en cuenta.

Valle ha incidido además en que el problema de Aragón no es la falta de generación eléctrica. La comunidad produce más del doble de la energía que consume, pero una parte de esa producción no puede aprovecharse por las limitaciones existentes para acceder a la red.

También ha puesto como ejemplo la exigencia de garantizar un 80% de producción renovable con correlación horaria durante las 24 horas del día. Según la consejera, actualmente ningún proyecto podría cumplir ese requisito, entre otras razones porque durante la noche no existe producción solar y las tecnologías alternativas no están todavía suficientemente maduras para garantizar ese suministro de forma continuada.

A ello se suma la referencia al 90% de producción renovable, un porcentaje que Valle considera igualmente muy difícil de alcanzar. Aragón, pese a situarse entre las comunidades con mayor producción renovable, se encuentra actualmente en torno al 83%, según los datos aportados por la consejera.

Respecto a los plazos, Valle ha recordado que la tramitación de este real decreto se ha reducido a la mitad. El Ministerio deberá ahora estudiar las 500 alegaciones presentadas por los distintos actores y decidir cuáles incorpora al proyecto. El texto deberá tener en cuenta también el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al afectar la regulación a materias de su ámbito, y posteriormente pasar por el Consejo de Estado. Con el calendario acelerado iniciado el pasado 25 de agosto, el Gobierno de Aragón calcula que la tramitación podría concluir a finales de octubre.

Reunión sobre el nudo Mudéjar el 1 de octubre

Valle se ha referido también a la situación del nudo Mudéjar de Andorra tras el recorte anunciado por Endesa al proyecto planteado tras el cierre de la térmica de Andorra, dejando en un tercio la potencia prevista, y ha recordado los tres compromisos asumidos por el Gobierno aragonés y recogidos en un manifiesto: intentar aprovechar de la forma más flexible posible la capacidad de generación y consumo liberada tras la reducción del proyecto de Endesa, considerar el nudo como una localización potencial para nuevas inversiones y mantener un diálogo permanente con los municipios y agentes afectados.

En este contexto, el Gobierno de Aragón ha convocado para el próximo 1 de octubre en Andorra una reunión con todos los municipios implicados para realizar un seguimiento de la situación, recoger sus planteamientos e informar sobre los avances.

“La intención es ofrecer una solución económica y de empleo y una perspectiva de futuro”, ha concluido Eva Valle.