El legado del 11S que lleva hasta Trump: islamofobia, represión migratoria y un millón de muertos en las guerras “contra el terrorismo”

Islamofobia en EEUU, represión de las personas migrantes, torturas en Guantánamo, leyes represivas, instituciones coercitivas y guerras que han dejado un millón de muertos. Los ataques del 11 de septiembre de 2001, cometidos hace 25 años por Al Qaeda y que causaron 3.000 muertes, desencadenaron una larga ola de acoso y persecución al diferente en EEUU que llega hasta nuestros días de forma aún más cruda: se desató la represión institucional, con redadas policiales, vigilancia comunitaria, procesos judiciales con la excusa del terrorismo y deportaciones masivas.

En paralelo, las guerras lanzadas por Estados Unidos tras el 11S, el único momento en el que la OTAN activó el Artículo 5 para defender a un aliado y atacar Kabul en octubre de 2001, han causado la muerte de cerca de un millón de personas en Afganistán, Irak, Pakistán y Yemen, según el proyecto Costs of War de la Universidad de Brown.

Esta investigación muestra que, desde los primeros días posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Congreso de EEUU creó y fue ampliando las facultades presidenciales para designar, detener y deportar a personas que la Administración determina unilateralmente como “terroristas”.

Asimismo, “las autoridades han elaborado durante mucho tiempo programas y políticas para vigilar, hostigar, detener, torturar y deportar a personas sin ciudadanía estadounidense que no son blancas, bajo la premisa de que resultan intrínsecamente sospechosas, sin pruebas reales de que hayan cometido alguna infracción”, algo que conecta directamente con la represión de la migración por parte de la Administración Trump, un eje fundamental de su agenda ultra.

A partir del 11S, se redobló la obsesión de las Administraciones estadounidenses por las fronteras, empezando por el presidente durante cuyo mandato se produjeron los ataques, George W. Bush, y siguiendo hasta la Administración actual de Donald Trump. Después del 11S, se impuso la idea de que en EEUU no había habido suficiente control en las fronteras para impedir la entrada de los terroristas. A raíz de eso, Bush firmó la Homeland Security Act (2002).

La ley crea el Departamento de Seguridad Nacional, del que dependen las agencias federales que están llevando a cabo la represión de la migración en EEUU a día de hoy: es decir, la obsesión con identificar al migrante hinca sus raíces en un presidente republicano, George W. Bush, que creó el marco institucional para cristalizar esa agenda. Y esas instituciones están siendo utilizadas ahora por otro presidente republicano, Donald Trump, para situar a los migrantes en la diana como enemigos –a pesar de las repercusiones negativas para la economía estadounidense por perseguir a una mano de obra fundamental–, a pesar de que los datos demuestran que los migrantes cometen menos delitos porque se encuentran en EEUU, básicamente, para sacar a sus familias adelante: los ciudadanos nativos en EEUU registran una tasa de 1.221 encarcelados por cada 100.000 personas, mientras que los migrantes indocumentados presentaron una tasa de 613 por cada 100.000 personas; y los regularizados, la tasa más baja, con 319 encarcelados por cada 100.000 personas.

En aquellos días de 2002, Bush sitúa bajo el mando del DHS a 22 agencias, en lo que supuso una de las mayores reorganizaciones del gobierno federal estadounidense desde después de la Segunda Guerra Mundial, y lo hace dentro del paradigma del contraterrorismo y la homeland security: el ICE, la agencia federal cuestionada por los demócratas por su papel de policía represora dependiente directamente de Donald Trump, nació, así, como consecuencia del 11S para formar parte del DHS.

En enero de 2002 también se creó el campo de detención de Guantánamo, donde ha sido habitual el uso de la tortura, como han documentado organismos internacionales, informes de inteligencia desclasificados y testimonios de los prisioneros. El centro fue ideado de forma extraterritorial para eludir el control de los tribunales estadounidenses y las leyes internacionales. A lo largo de los años, la mayoría de los casi 780 hombres y menores musulmanes que pasaron por allí estuvieron recluidos sin cargos ni juicio, y muchos fueron sometidos de forma sistemática a abusos físicos y psicológicos.

Vinculación de la migración y el terrorismo

Previamente, la inmigración era manejada por el Departamento de Justicia. Y, desde el 11S, la política migratoria empezó a estar vinculada institucionalmente con conceptos de terrorismo, seguridad nacional y control fronterizo.

Dentro del DOJ estaba el INS (Immigration and Naturalization Service), que se ocupaba de la migración: concedía beneficios migratorios (la residencia permanente, la ciudadanía y el refugio) y servía para investigar violaciones de las leyes migratorias, detener personas y llevar a cabo deportaciones, pero la cultura institucional de este organismo era distinta de la del ICE.

Después del 11S, y con el DHS, la migración quedó incorporada de manera explícita a la arquitectura de “seguridad nacional” creada como respuesta al “terrorismo”. Es decir, el ICE nació durante la “guerra contra el terror” lanzada por Bush.

“Ni el Congreso ni los tribunales han limitado de manera efectiva a los presidentes, ni les han exigido rendir cuentas por sus amplias pretensiones de autoridad bélica, poderes de seguridad nacional y mecanismos antiterroristas utilizados para justificar prácticas discriminatorias contra personas no ciudadanas y, en particular, contra personas de color”, afirma la Universidad de Brown.

Desde entonces, EEUU ha extendido la guerra contra el terror, en la que el fin lleva 25 años justificando los medios, a la guerra contra el narco, construyendo el concepto de narcoterrorismo que permite a la Casa Blanca intervenir militarmente en otros países, también en América Latina.

“Hubo muchas reacciones ante el 11 de septiembre. Una fue, obviamente, el miedo, el dolor y la conmoción, pero otra fue la ira. Y gran parte de esa ira se dirigió contra los musulmanes y contra quienes parecían serlo”, afirma la periodista Rozina Ali, autora de Seasons of Fury: Four Families and the Rise of Islamophobia in America, en Democracy Now.

Fahd Ahmed, director ejecutivo de Desis Rising Up and Moving (DRUM), una organización de trabajadores y familias migrantes del sur de Asia y del Caribe indio en Nueva York, señala, por su lado, que gran parte de las represalias antimusulmanas provinieron de las fuerzas policiales: “En la ciudad de Nueva York, en Nueva Jersey y en todo el país... fuimos testigos de detenciones masivas, principalmente de hombres musulmanes o de personas percibidas como tales; incluidas personas con ciudadanía estadounidense, titulares de tarjetas de residencia permanente y personas indocumentadas. Al menos 1.200 hombres fueron detenidos de esta manera”.

“Tras las detenciones masivas de esas 1.200 personas, la Administración Bush consideró necesario aplicar un enfoque más sistemático y creó el Sistema Nacional de Registro de Entrada y Salida por Seguridad Nacional (NSEERS, por sus siglas en inglés), que consistía en un registro para hombres y jóvenes —de al menos 15 años de edad— procedentes de cerca de dos docenas de países de mayoría musulmana. Estas personas estaban obligadas a registrarse. El resultado fue que se registraron unas 80.000 personas; miles de ellas fueron deportadas y, sin embargo, no se halló ni un solo caso de vínculos con el terrorismo. Y nunca se han ofrecido disculpas por ello”, tercia Ali.

La investigación del proyecto Costs of War calcula que más de 940.000 personas perdieron la vida debido a la violencia directa de las guerras posteriores a los atentados del 11 de septiembre en Irak, Afganistán, Siria, Yemen y Pakistán entre 2001 y 2023.

De ellas, más de 432.000 eran civiles. La cifra de personas heridas o enfermas a consecuencia de los conflictos es mucho mayor, al igual que el número de civiles que fallecieron de forma indirecta debido a la destrucción de economías, sistemas de salud, infraestructuras y del medio ambiente causada por las guerras.

La investigación de la Universidad de Brown calcula que “entre 3,6 y 3,8 millones de personas murieron indirectamente en las zonas de conflicto posteriores al 11 de septiembre, lo que eleva el número total de fallecidos a una cifra de entre 4,5 y 4,7 millones, como mínimo, y en aumento”.

Consecuencias mundiales de la guerra contra el terror

Según cuenta Philip Gordon, ex asesor de seguridad nacional durante la Administración Biden, “el enfoque de Bush sobre los asuntos mundiales se transformó en la llamada 'guerra global contra el terrorismo', la cual se convirtió en el paradigma principal de la política exterior estadounidense, equiparable al papel que desempeñó la Guerra Fría entre 1947 y 1989”.

Bush inició la guerra contra el terrorismo, pero no fue el último presidente en librarla. Barack Obama, pese a haber sido elegido en parte gracias a su oposición a la guerra de Irak, terminó intensificando la guerra en Afganistán —donde, entre 2009 y 2012, ordenó el despliegue de casi 50.000 soldados estadounidenses adicionales, elevando el total a unos 100.000— y convirtiendo los ataques letales con drones en una herramienta de guerra habitual.

En mayo de 2011, las fuerzas especiales de Estados Unidos asesinaron a Osama bin Laden, el artífice de los atentados del 11S, pero la guerra contra el terrorismo estaba lejos de haber terminado. Tres años después, el Estado Islámico en Irak y Siria —también conocido como ISIS— declaró un “califato” y emprendió una campaña de asesinatos, secuestros y violaciones, y EEUU prorrogó su intervención militar durante varios años en la región.

Después, Donald Trump continuó durante su primera presidencia llevando a cabo ataques con drones y operaciones de fuerzas especiales en Afganistán, Irak, Somalia, Siria y Yemen.

Así fue como, en enero de 2021, Joe Biden se convirtió en el cuarto presidente de Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre en comprobar cómo la lucha antiterrorista, y la guerra en Afganistán, en particular, interfería en su agenda inicial de política exterior, explica Gordon: “Biden heredó de Trump un acuerdo con los talibanes que incluía el compromiso de retirar todas las tropas estadounidenses de Afganistán, pero recayó sobre él la responsabilidad de implementarlo. Lo hizo, aunque a un alto precio. Sin el respaldo de las tropas estadounidenses y aliadas, el gobierno afgano colapsó rápidamente, lo que permitió a los talibanes tomar el control del país casi exactamente veinte años después de haber sido expulsados del poder”.

“El error de mayor envergadura fue emprender una campaña de tal magnitud desde el principio y creer que Estados Unidos podía emplear la fuerza militar para transformar Oriente Medio a su antojo”, sostiene Gordon.

Ahora, bajo el segundo mandato de Trump, la guerra contra el terrorismo parece ocupar un lugar menos relevante en su agenda frente a sus ataques en el Caribe y Venezuela con la excusa del “narcoterrorismo” y su guerra contra Irán. En efecto, lejos de priorizar la lucha contra el yihadismo global, la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump de noviembre de 2025 apenas lo menciona y, en su lugar, hace hincapié en deshacerse de las “cargas globales perpetuas”.

Según las estimaciones de Peter Bergen en Todas las guerras de los presidentes, las guerras de Irak y Afganistán costaron a Estados Unidos al menos 4 billones de dólares (6 billones si se incluyen las pensiones militares). Unos 7.000 militares estadounidenses perdieron la vida, así como unos 8.000 contratistas. Las estimaciones conservadoras sugieren que murieron 200.000 iraquíes, además de decenas de miles de afganos.

Más allá de los costes humanos y económicos, Bergen argumenta que las revelaciones sobre la manipulación de información de inteligencia por parte de la Administración Bush para justificar la guerra en Irak, el uso sistemático de la tortura, las violaciones de las leyes nacionales e internacionales y las bajas civiles en Oriente Medio y el sur de Asia derivadas de dos décadas de ataques con drones han pasado una factura enorme a la reputación mundial de EEUU, han agravado la desconfianza de los estadounidenses hacia su gobierno y han generado que toda una generación mundial sienta rechazo por EEUU.

La Administración de George W. Bush emprendió una guerra en Irak bajo pretextos falsos, sin pruebas de que su líder, Sadam Husein, hubiera participado en los atentados del 11 de septiembre ni de que tuviera armas de destrucción masiva. Nadie en la Administración de George W. Bush asumió jamás la responsabilidad de tales errores, y ni el ejército estadounidense ni sus superiores civiles se prepararon para el caos resultante.

Todos los sucesores de Bush tuvieron que lidiar con las consecuencias de sus decisiones: una guerra en Afganistán carente de recursos suficientes que no logró eliminar a Al Qaeda y una guerra en Irak que derivó tanto en una guerra civil como en una insurgencia antiamericana.

“La 'guerra contra el terrorismo' fue siempre una construcción destinada a librarse, nunca a concluirse realmente”, afirma Spencer Ackerman, autor de Reign of Terror: How the 9/11 Era Destabilized America and Produced Trump: “Desde el mismo comienzo de la 'guerra contra el terrorismo', vimos cómo nuestros líderes nos instaban a interpretar el 11S como un ataque perpetrado por una civilización extranjera, un ataque que nada tenía que ver con las consecuencias de la política exterior estadounidense —basada en la extracción y la explotación— en el mundo musulmán ni con su apoyo a Israel”.

Así, Ackerman señala en Democracy Now que la “guerra contra el terrorismo” y sus repercusiones han trascendido las guerras de Estados Unidos en Irak y Afganistán para abarcar su actual conflicto con Irán, el genocidio en Gaza y Cisjordania por parte de Israel, así como el desarrollo de sistemas de vigilancia y la represión estatal contra minorías musulmanas en todo el mundo: “Muchos regímenes de diversas partes del planeta, potencias emergentes que buscaban sacar provecho de la situación, observaron lo que EEUU estaba construyendo y comprendieron que querían lo mismo para sí mismos”.

Y añade: “Desde el principio, una corriente nativista en la política estadounidense sostuvo que la inmigración era cómplice del terrorismo; y se produjo un vaciamiento de la capacidad institucional de EEUU para frenar el nativismo, lo que abrió la puerta a figuras como Donald Trump. Y, dada toda la retórica de violencia de Trump y del movimiento MAGA, era inevitable que, aun presentándose como críticos de la 'guerra contra el terrorismo', terminaran librándola de manera aún más violenta y expansiva. Eso es exactamente lo que estamos viendo ahora en Irán, y lo que vemos en nuestras calles con el ICE, una agencia creada a raíz del 11S que actúa esencialmente como un escuadrón de la muerte”.