Cuatro meses para perder diez millones: el Gobierno de Zaragoza sigue sin activar la reclamación a un elitista club deportivo

El reloj sigue corriendo para el Ayuntamiento de Zaragoza en el conflicto con el Tiro de Pichón, un elitista club privado al que debe reclamar más de 10 millones de euros por un terreno público del que se apropió años atrás. En diciembre se cumplen cuatro años del recurso de reposición planteado por la propiedad del centro deportivo, que el Gobierno del PP ha evitado desde entonces resolver. Esto abre la puerta a una eventual prescripción de la deuda que el Consistorio niega. El conflicto se encuentra judicializado, a lo que se agarra el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, para justificar que la reclamación siga en barbecho.

De esta forma, pese a que el pago de esta millonaria deuda está avalada tanto por el Consejo Consultivo de Aragón como por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el Gobierno municipal sigue sin activar el cobro. Y eso que el propio Serrano admitió en un pleno municipal que el recurso del Tiro de Pichón “no suspendería la ejecutividad del acto”.

El Tiro de Pichón es un club de gran raigambre en la ciudad. En 2028 cumplirá ochenta años de vida y ha tenido como socios a reconocidas familias de la élite zaragozana, entre ellas la del actual presidente aragonés, Jorge Azcón, que ha llegado a ejercer como tesorero en la junta del club.

Para entender el origen de la disputa hay que remontarse a 2005 –en el contexto del periodo previo a la Expo de 2008–, cuando el Ayuntamiento y el club pactaron la expropiación de unos 12.500 metros cuadrados de ribera del Ebro que entonces pertenecían al Tiro de Pichón. Las diferencias por el justiprecio se prolongaron más de una década: el club privado reclamaba 9,6 millones de euros al atribuir a ese suelo un potencial uso residencial, mientras que el Consistorio –apoyado en informes de la CHE– defendía una valoración de 2,4 millones al limitarlo a usos dotacionales. El jurado de expropiación llegó a fijar en 2011 un precio muy inferior, de apenas 237.000 euros, pero finalmente prevaleció la oferta municipal.

Recurrida esa decisión, el Tribunal Supremo dio la razón al Tiro de Pichón en 2016 y confirmó los 9,6 millones de euros, más intereses.

Un documento de 1976

Pero ese año apareció el elemento que cambió el signo del conflicto. La asociación de vecinos de La Almozara hizo llegar al Ayuntamiento un documento de 1976 de la Comisaría de Aguas de la CHE que revelaba que los terrenos expropiados procedían de un antiguo vertido de escombros autorizado por el propio organismo de cuenca y, por lo tanto, formaban parte del dominio público.

Entonces, el Gobierno municipal de Pedro Santisteve (Zaragoza en Común) intentó revertir la sentencia del Supremo mediante un recurso extraordinario de revisión, que no prosperó, y después abrió un procedimiento de revisión de oficio contra el acuerdo expropiatorio de 2007. En abril de 2019, en las postrimerías del mandato de Santisteve, el Consistorio pidió a la CHE que practicara el deslinde de la parcela. Con el respaldo de un informe de la Abogacía del Estado, el organismo de cuenca resolvió –ya bajo el mandato de Jorge Azcón, en diciembre de 2021– que la porción de terreno era efectivamente de dominio público y, por tanto, inexpropiable por ley. Con ese respaldo, el Ayuntamiento reabrió la revisión de oficio, que obtuvo un dictamen favorable del Consejo Consultivo de Aragón en octubre de 2022.

Poco después, el pleno declaró formalmente nula la expropiación de 2007. Lo hizo por unanimidad. Es decir, que el Tiro de Pichón debía devolver a las arcas municipales los en torno a 9,8 millones de euros, más intereses, que se llevó de la expropiación.

Como cabía esperar, el club deportivo privado recurrió en reposición contra ese acuerdo. Pero el equipo de gobierno del PP no solo renunció a resolver –el silencio administrativo es desestimatorio–, sino que la Gerencia de Urbanismo optó por aplicar una suspensión cautelar al acuerdo plenario. Justificó su decisión en que el Tiro de Pichón había presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra el deslinde aprobado por la CHE.

Un expediente congelado

Desde entonces, el expediente no se ha movido: permanece sin número asignado y sin que se haya dado traslado a ningún servicio municipal para su informe. En diciembre se cumplirán cuatro años desde que ese recurso quedó congelado, el mismo plazo que la legislación fija de forma genérica para la prescripción de las deudas con las administraciones públicas. El Gobierno de Azcón sostiene que la deuda no prescribirá porque el asunto sigue judicializado a la espera de que el TSJA se pronuncie sobre el deslinde de la CHE.

Mientras tanto, la reclamación cuenta con todos los avales institucionales para activarse: el Consejo Consultivo de Aragón certificó la nulidad de la expropiación y, por extensión, de los pagos asociados a ella, y la propia Confederación Hidrográfica del Ebro respalda el carácter público de los terrenos. Pese a ello, el Ayuntamiento de Zaragoza sigue sin reclamar formalmente al elitista club deportivo los más de diez millones de euros que, según su propia documentación interna, le debe.

A finales del mes pasado, en la última comisión de Hacienda previa a las vacaciones de agosto, la concejal socialista Marta Aparicio llevó la cuestión en forma de interpelación, con la esperanza de conocer si se había producido “algún avance”.

“Nos arriesgamos a que prescriba la deuda”

Aparicio afeó que el recurso de reposición siga “sin resolverse” con la excusa del contencioso, cuando este proceso “no suspende la ejecutividad del acto”. A su vez, la edil del PSOE criticó que el equipo de gobierno se ampare en un informe de los servicios jurídicos que no ha proporcionado a la oposición: “Parece que Urbanismo no lo encuentra, tal cual. ¿Qué les parece esto? Que lo están buscando, esa es la respuesta que he obtenido”, lamentó.

Para terminar, advirtió de que en diciembre se cumplen cuatro años de la revisión de oficio: “¿Son conscientes de que nos arriesgamos a que prescriba la deuda y a que no se la podamos volver a pedir nunca?”, destacó Aparicio.

Le contestó la concejala delegada de Contratación Pública y Bienes Municipales, Pilar Cortés, para quien el Ayuntamiento había hecho “todo lo que está en su mano” y había seguido “todos los itinerarios que la normativa le ponía encima de la mesa”. “Que no corre el plazo de prescripción lo están diciendo los Servicios Jurídicos”, argumentó Cortés, para quien la decisión de esperar a que se resuelva el contencioso se ha tomado bajo un principio de “prudencia”.

Este argumento lo corroboran fuentes municipales del área de Urbanismo. Explican que la prescripción “está suspendida” y recuerdan que se trata de “un pleito complejo del Tiro de Pichón contra el acto administrativo de la Confederación”, en el que el Ayuntamiento de Zaragoza está “como coadyuvante”.