Las cuentas de Azcón se cerraron con gastos sanitarios sin presupuesto, contratos irregulares y opacidad
La Cámara de Cuentas de Aragón dibuja en su informe de fiscalización de 2024 una comunidad que cumple formalmente los objetivos de estabilidad presupuestaria, pero que arrastra graves problemas estructurales de gestión, liquidez y control interno. Aunque Aragón cerró el ejercicio con un superávit de 185 millones y redujo el periodo medio de pago a proveedores, el órgano fiscalizador advierte de un remanente de tesorería negativo de hasta 682 millones, una deuda pública récord de 9.402 millones y 458 millones de fondos europeos Next Generation aún sin ejecutar. El informe detecta además 35,9 millones en gastos realizados sin contrato, 54,7 millones en facturas sanitarias sin crédito presupuestario y una temporalidad del 45,9% en el empleo público, muy lejos del límite legal del 8%.
El Gobierno de Aragón tuvo que aprobar importantes modificaciones presupuestarias para poder afrontar gastos corrientes que no contaban con dotación suficiente en los presupuestos iniciales. Las mayores tensiones volvieron a concentrarse en el Servicio Aragonés de Salud y en el Departamento de Educación. Según la Cámara, las modificaciones necesarias para cubrir estas insuficiencias ascendieron a 301,75 millones de euros. El grueso corresponde a gasto sanitario y de personal, especialmente en adquisición de bienes corrientes y servicios del SALUD.
El informe conecta además esta situación con otros problemas detectados durante la fiscalización, como el uso recurrente de la cuenta 413 de acreedores pendientes y la necesidad de recurrir al endeudamiento y al Fondo de Liquidez Autonómica para sostener el equilibrio financiero del sistema.
Desequilibrios estructurales
El informe lanza un mensaje claro: Aragón mantiene formalmente el cumplimiento de los grandes indicadores fiscales europeos, pero lo hace sobre una estructura financiera tensionada y con problemas persistentes de gestión. La Comunidad Autónoma registró un resultado presupuestario ajustado positivo de 185 millones y un superávit del 0,24 % del PIB regional en términos de contabilidad nacional. Sin embargo, esa imagen positiva convive con una posición de liquidez muy deteriorada.
La Cámara subraya que el remanente de tesorería consolidado fue negativo en 619 millones de euros y que, aplicando los ajustes de auditoría, el desfase real asciende a 682 millones. Si además se incorporaran todos los gastos pendientes de imputación presupuestaria, el deterioro alcanzaría los 912 millones. Para los auditores, este dato refleja un problema estructural y no coyuntural.
La deuda total de la CA Aragón aumentó en 217 millones respecto a 2023, situándose en 9.402 millones al cierre de 2024, nuevo máximo histórico en términos absolutos, lo que representa el 19% del PIB regional, en el límite comprometido ante la Unión Europea, sin apenas margen adicional.
El informe también alerta del fuerte incremento de los gastos financieros derivados de la subida de tipos de interés. Los intereses de la deuda pasaron de 116 millones en 2023 a 175,6 millones en 2024, un aumento del 52,6%. Además, los auditores advierten de que esta presión continuará creciendo en 2025 por el impacto de los préstamos del FLA contratados en ejercicios anteriores.
La Cámara considera especialmente preocupante que buena parte del endeudamiento siga utilizándose para financiar déficits acumulados de servicios esenciales y gasto corriente, en lugar de inversiones productivas.
El gasto sanitario
Sanidad vuelve a aparecer como el principal foco de presión financiera y contable. El gasto en asistencia sanitaria alcanzó los 2.814 millones de euros, un 12,6% más que el año anterior. Paralelamente, la Cámara detectó al menos 54,7 millones de euros en facturas que no pudieron imputarse al presupuesto por insuficiencia de crédito, principalmente relacionadas con receta farmacéutica y farmacia hospitalaria.
El informe señala que esta práctica es recurrente y se canaliza a través de la cuenta de acreedores por operaciones devengadas, utilizada para desplazar gastos a ejercicios posteriores. La Cámara considera que esta situación vulnera el principio de anualidad presupuestaria y evidencia una insuficiente dotación inicial de determinadas partidas.
Además, el SALUD mantiene problemas importantes de control interno. El 73,1% de las compras de farmacia hospitalaria se realizaron sin expediente de contratación, porcentaje similar al de 2023 y muy superior al registrado antes de 2022. En algunos sectores sanitarios prácticamente toda la compra hospitalaria se realiza mediante adquisición directa.
Uno de los apartados más duros del informe afecta a la contratación pública. Durante 2024 el Gobierno de Aragón aprobó 195 acuerdos de convalidación por valor de 35,9 millones de euros correspondientes a gastos ejecutados sin contrato o sin expediente de contratación adecuado.
La Cámara recalca que no se trata de incidencias aisladas, sino de un problema estructural que se repite año tras año. Entre 2021 y 2024 los gastos convalidados recurrentes suman ya más de 102 millones de euros.
Los auditores identifican casos especialmente graves, como la prórroga extraordinaria del contrato de helicópteros sanitarios o la continuidad durante 18 meses de un servicio tecnológico sanitario con el contrato caducado y sin nueva licitación.
Temporalidad masiva lejos de la legalidad
El informe considera insuficiente la reducción de la temporalidad en el empleo público. La tasa bajó del 50,3 % al 45,9 %, pero continúa enormemente alejada del objetivo legal del 8% fijado por la Ley 20/2021.
La situación afecta a todos los sectores del sector público autonómico: administración general, docentes y personal sanitario. En el ámbito educativo incluso aumentó el número absoluto de trabajadores temporales.
La Cámara recuerda además que el Gobierno de Aragón no publicó el listado completo de plazas afectadas por los procesos de estabilización, tal y como exigía la ley de presupuestos de 2024.
Riesgo de retrasos de los Fondos UE
La ejecución de los fondos Next Generation mejoró respecto a ejercicios anteriores y alcanzó el 53,6% al cierre de 2024. Aun así, permanecen pendientes de ejecutar 458 millones de euros a menos de dos años del cierre definitivo del mecanismo europeo.
Los peores datos corresponden a energía y vivienda, precisamente dos de los programas con mayor dotación económica. La Cámara advierte de que el ritmo actual podría impedir ejecutar la totalidad de los fondos antes de 2026 y aumentar el riesgo de devolución de recursos europeos.
El informe vuelve a detectar importantes deficiencias en la contabilidad patrimonial. Las carreteras autonómicas continúan sin amortizarse correctamente porque nunca se separaron los elementos amortizables de los no amortizables en su registro contable inicial. El valor contabilizado asciende a 637 millones y la Cámara reconoce que el efecto acumulado no puede cuantificarse.
También persisten problemas en el inmovilizado en curso. A cierre de 2024 existían casi 298 millones contabilizados como inversiones en ejecución, aunque muchos de esos activos llevan más de una década registrados sin movimiento y ya están realmente en funcionamiento. Los auditores calculan que solo en los expedientes revisados existe una amortización no contabilizada de al menos 24 millones.
Uno de los pocos apartados claramente positivos es la evolución del periodo medio de pago a proveedores. Aragón redujo el PMP desde los 36,8 días de 2023 hasta 23,6 días en 2024, situándose por primera vez desde 2018 por debajo del límite legal de 30 días.
Sin embargo, la Cámara introduce varios matices. Durante enero y febrero todavía se incumplió el límite legal y, además, el uso creciente del endoso de facturas distorsiona parcialmente el indicador. En 2024 se endosaron facturas por 114 millones de euros, transformando deuda comercial visible en deuda financiera.
La Cámara también critica reiteradamente problemas de transparencia institucional. Diez entidades públicas no rindieron cuentas en 2024, entre ellas la sociedad Pabellón de Aragón 92, que lleva más de veinte años sin formular cuentas sin que se haya procedido a su liquidación.
El informe señala además que el Portal de Transparencia sigue sin publicar información obligatoria sobre gastos convalidados y que varios organismos y fundaciones mantienen deficiencias importantes en publicidad activa y acceso a información pública.
Deterioro acumulativo
El análisis comparativo con 2023 muestra una tendencia preocupante. La deuda continúa creciendo, los gastos financieros se disparan, aumentan los acreedores pendientes de pago y persisten los problemas de contratación y temporalidad.
La conclusión de fondo de la Cámara es que Aragón mantiene una administración funcional y capaz de sostener los servicios públicos esenciales, pero lo hace con una estructura financiera cada vez más tensionada y con problemas estructurales que siguen sin resolverse pese a las advertencias reiteradas de ejercicios anteriores.
Durante el informe, hubo correcciones parciales, pero no una rectificación sustancial del diagnóstico. La Cámara mantiene prácticamente intactas las críticas de fondo en cuanto a presupuestación insuficiente; abuso de modificaciones de crédito; problemas contables; baja ejecución de fondos europeos; debilidades de control interno, y deficiencias de transparencia.