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Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel para una médica que presuntamente falsificó casi cien recetas para sí misma

Imagen de archivo de un centro de salud de Castilla y León.

EFE

11 de mayo de 2026 17:10 h

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La Fiscalía solicita dos años y medio de cárcel para una médica como supuesta responsable de un delito de falsificación de documento público, al expedir para sí misma, entre octubre de 2022 y julio de 2023, cerca de un centenar de recetas, en nombre de otras dos facultativas de Ávila.

En juicio esta previsto para los días 13 y 14 de mayo en la Audiencia Provincial de Ávila, si bien es previsible que no llegue a celebrarse al existe un acuerdo entre las partes, que tendrá que ser ratificado este miércoles, y cuyo contenido no se ha desvelado por el momento.

Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, la acusada, médica de profesión, “aprovechando su condición de paciente de dos doctoras, trabajadoras de un centro de salud de Ávila, falsificó sus firmas” y expidió a su nombre hasta un total de 97 recetas entre octubre de 2022 y julio de 2023.

De todas ellas, 93 fueron expedidas a nombre de una de las dos doctoras por un importe total de 732,19 euros, de los cuales 432,29 fueron abonados por el Sacyl, mientras que, de las cuatro recetas restantes, por un importe de 18,90 euros, lo abonado por Sanidad Castilla y León fue de 8,32 euros.

Para la Fiscalía, estos hechos son constitutivos de un delito continuado de falsificación de documento público, por el que solicita para la acusada dos años y medio de prisión y una pena de multa de 10 meses, con cuotas diarias de 20 euros, mientras que plantea una indemnización de 440,61 euros a la Junta.

Falsedad y estafa para la acusación particular

Por su parte, acusación particular pide seis años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento oficial y dos años y medio más por otro de estafa.

“La acusada, por su facilidad de acceso por su condición de médica, sustraía (cogía) recetas en blanco del SUAP (servicio de Urgencias) y después de hacer constar su nombre y apellidos y demás datos identificativos de la acusada, describía con su nombre o denominación el medicamento que le interesaba y estampaba un sello médica del SUAP”, sostiene la acusación particular.

Además, insiste en que “falsificaba la firma de la médica supuestamente expedidora de la receta respecto de una de las doctoras”, con el objetivo de “acceder a unos medicamentos que ella no podía adquirir sin receta médica”, y que algunas de las recetas figuran con una fecha en la que las doctoras ni siquiera estaban en Ávila.

Trastorno mental

Mientras, la defensa esgrime el “trastorno mental y del comportamiento” que desde antes de 2022 sufre la acusada, debido “al consumo de sedantes o hipnóticos y benzodiacepinas que generaron un síndrome de dependencia” que en 2023 determinó que en 2023 fuera ingresada en el Servicio de Urgencias del hospital 'Nuestra Señora de Sonsoles'.

Tras ser derivada al Servicio de Urgencias Hospitalarias de Psiquiatría, fue remitida al Servicio de Agudos del Complejo Asistencial, donde su psiquiatra recomendó su ingreso en agudos por “empeoramiento de sintomatología ansioso-depresiva e ideas pasivas de muerte”.

Una vez dada de alta, continuó con un tratamiento ambulatorio por “el trastorno ansioso depresivo y consumo perjudicial de benzodiacepinas, permaneciendo con tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico” con el objetivo de obtener “la abstinencia”, que no se ha conseguido.

La defensa considera que los hechos “no son constitutivos de infracción penal alguna”, si bien matiza que “si llegara a entenderse que alguna de las conductas puede merecer algún tipo de reproche penal, lo habría ejecutando sin comprender la ilicitud del hecho”, dada su alteración psíquica.

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