Un fallo administrativo retrasa hasta septiembre la aprobación de la nueva ordenanza cívica de Zaragoza
La nueva Ordenanza Cívica y de Convivencia Ciudadana de Zaragoza no se aprobará finalmente este mes. Un error administrativo en la tramitación del expediente ha obligado al Ayuntamiento a aplazar su aprobación definitiva hasta septiembre, cuando estaba previsto que pasara por el pleno municipal de julio.
El problema se produjo en la documentación necesaria para llevar la norma a votación. El expediente no contaba con uno de los requisitos adminitrativos en los plazos que estaban establecidos, la documentación debía estar disponible para los grupos municipales con una antelación mínima de 48 horas antes del pleno. Al no cumplirse este requisito, el Gobierno de Zaragoza ha optado por retrasar su aprobación.
La aprobación definitiva tendrá que esperar así al primer pleno al acabar verano. El retraso no modifica el contenido de la ordenanza, que ya ha sido negociada entre el Partido Popular y Vox y que salió adelante con su apoyo.
Una norma con multas de hasta 3.000 euros
La norma pretende regular el uso del espacio público y establecer sanciones ante determinados comportamientos considerados incívicos.
Entre las medidas incluidas figuran multas que pueden alcanzar los 3.000 euros en los casos más graves. El texto contempla sanciones por actos vandálicos, grafitis o venta ambulante no autorizada, además de otras conductas como el botellón, despedidad de soltero o comportamientos que generen molestias en el espacio público.
Uno de los puntos que más debate ha generado durante la tramitación de la ordenanza es la sanción por dormir en parques y jardines. La norma incluye multas para quienes utilicen estos espacios públicos como lugar de descanso, una medida que ha sido especialmente criticada por su posible impacto en las personas sin hogar. Desde el Ayuntamiento defienden que se trata de una regulación sobre el uso del espacio público, mientras que las entidades sociales y parte de la oposición consideran que puede acabar sancionando situaciones de vulnerabilidad.