También el decreto estatal de universidades. El Gobierno de Azcón mantiene la estrategia de judicializar las decisiones políticas del Ejecutivo central y llevará al Tribunal Supremo el real decreto que pone coto a la proliferación de campus privados en el país.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta y portavoz Mar Vaquero tras la reunión del Consejo de Gobierno, que ha autorizado a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma a presentar el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Alto Tribunal.
En Aragón hay en estos momentos tres universidades privadas que corren peligro por el desarrollo normativo que impulsa el Ejecutivo de Pedro Sánchez: The Power, que aspira a instalarse en uno de los 'cacahuetes' de la Expo; Società delle Scienze Umane, en Calatayud, y NCI Aragón, del grupo Magister y de carácter 'online'.
En opinión de Vaquero, el real decreto “no sirve para mejorar la calidad de la enseñanza universitaria, sino que está impregnado de límites sectarios o ideológicos”. Para el Gobierno de Azcón, la normativa “genera inseguridad jurídica”.
Además, los populares consideran que la normativa “invade competencias y perjudica a territorios como Aragón”. Por ejemplo, ha reflejado Vaquero, “con requisitos como que las universidades superen los 4.500 alumnos”, lo que no tiene en cuenta la “realidad demográfica” en la región. Los Servicios Jurídicos autonómicos también consideran que invade competencias el hecho de que las universidades 'online' pasen a ser de competencia estatal.
Por último, y pese a que en el caso de las universidades presenciales la normativa en proyecto incorpora como novedad “un informe preceptivo y vinculante de las agencias autonómicas de calidad”, la vicepresidenta aragonesa ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez “impone miembros en la comisión evaluadora de la agencia autonómica”.