El Gobierno de Azcón reactiva su ley de Vivienda e incluirá la prioridad nacional pactada con Vox en la fase de enmiendas
El Gobierno de Aragón ha reactivado este miércoles la tramitación de su futura ley de Vivienda. El Consejo de Gobierno ha aprobado la remisión a las Cortes del proyecto legislativo que ya inició su recorrido parlamentario en 2024 y cuya aprobación definitiva quedó paralizada por el adelanto electoral. El Ejecutivo de Jorge Azcón enviará al Parlamento exactamente el mismo texto que entonces, aunque PP y Vox prevén introducir nuevas enmiendas para adaptarlo al acuerdo de gobernabilidad alcanzado tras las elecciones autonómicas e incluir así el concepto de prioridad nacional o arraigo.
“Cumpliendo un compromiso político”, ha señalado López, el Ejecutivo ha decidido remitir a las Cortes el mismo texto que ya se aprobó para su tramitación en diciembre de 2024. El consejero ha defendido que esta decisión permitirá aprovechar el trabajo ya realizado y optimizar los plazos parlamentarios, aunque ha recordado que los grupos podrán presentar nuevas enmiendas durante el debate. Entre esas modificaciones figurará la incorporación del denominado principio de prioridad nacional para el acceso a la vivienda protegida y al alquiler asequible, una de las medidas incluidas en el pacto entre ambas formaciones. Según ha explicado el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, el objetivo es que la norma pueda quedar aprobada durante el primer trimestre de 2027.
En este sentido, ha avanzado que tanto el PP como Vox registrarán propuestas por separado y también conjuntamente para adaptar el proyecto al acuerdo programático firmado por ambos partidos. Entre ellas se encuentra la regulación de los criterios de arraigo para el acceso a la vivienda protegida.
Según recoge ese pacto, se establecería un sistema de adjudicación inspirado en el principio de prioridad nacional que otorgaría preferencia a quienes acrediten una vinculación duradera con el territorio. El acuerdo contempla un mínimo de diez años de residencia para acceder a la compra de vivienda protegida y cinco años para optar al alquiler asequible, además de valorar factores como la vinculación laboral, familiar, económica o social con Aragón.
Preguntado por esta cuestión, López ha señalado que el contenido definitivo deberá ajustarse a la realidad concreta de la ley durante la tramitación parlamentaria. “Está claro el concepto de arraigo, de vinculación, apostar por quien tenga un arraigo especial al margen de la nacionalidad”, ha afirmado.
La futura ley pretende convertirse en la primera norma autonómica específica en materia de vivienda, más de cuarenta años después de que Aragón asumiera las competencias en este ámbito. López ha recordado que el proyecto responde a uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno autonómico al inicio de la legislatura y ha lamentado que el adelanto electoral impidiera culminar su aprobación el pasado año.
Más vivienda pública y apoyo a la VPO
Entre los principales objetivos de la norma figura el incremento del parque público de vivienda y el impulso de la vivienda protegida. El consejero ha vinculado estas medidas a la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y ha recordado que en Aragón todavía hay alrededor de 47.000 personas que no han podido emanciparse.
El proyecto se enmarca además en el Plan Aragón Más Vivienda, una estrategia dotada con 400 millones de euros para los próximos seis años. Según ha explicado el consejero, la ley servirá de soporte normativo para medidas como la rehabilitación de vivienda pública en municipios pequeños, la movilización de suelo público para nuevas promociones o el impulso de la colaboración público-privada.
El texto también contempla la actualización del módulo de vivienda protegida para favorecer la viabilidad económica de las promociones y evitar que se paralice la construcción de nuevas viviendas asequibles. Asimismo, regula nuevas fórmulas residenciales adaptadas a las necesidades actuales y prevé soluciones específicas para colectivos vulnerables.
López ha defendido además el “blindaje” de la vivienda protegida en Aragón, una cuestión que, según ha asegurado, quedará recogida en la futura ley.
Oposición a la ley estatal
Durante su comparecencia, el consejero ha reiterado la oposición del Gobierno aragonés a la ley estatal de vivienda aprobada por el Ejecutivo central. También ha anunciado la creación de una cátedra especializada en vivienda en la Universidad de Zaragoza y de un Observatorio de la Vivienda para analizar la evolución del mercado y orientar las políticas públicas en este ámbito.
Además, el Ejecutivo prevé impulsar una reforma del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para facilitar el acceso a la vivienda, una medida que podría incorporarse en futuras leyes presupuestarias.
López ha defendido la gestión del Gobierno autonómico en esta materia y ha asegurado que Aragón es actualmente la primera comunidad autónoma en construcción de vivienda pública destinada al alquiler asequible en términos relativos. También ha destacado el impulso a la promoción de vivienda protegida desarrollado durante la legislatura.
El proyecto de ley remitido a las Cortes se estructura en un título preliminar, cuatro títulos que suman 78 artículos, tres disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y cinco disposiciones finales. Según el Ejecutivo, durante su elaboración se incorporaron 59 aportaciones completas y 184 parciales procedentes del proceso de participación pública.