El Gobierno del PP en Zaragoza vulneró el derecho a la información del PSOE con el spa de Ranillas, según una jueza
El Gobierno del PP en Zaragoza vulneró el derecho fundamental de participación política de los concejales del PSOE al no responder en plazo a una petición de documentación sobre el concurso de acreedores de Cublan Inversiones, la concesionaria del spa de Ranillas. Así lo establece una sentencia de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza en una resolución que estima parcialmente el recurso socialista, aunque rechaza que el Ayuntamiento deba entregarles el expediente judicial completo, algo que limita a la parte municipal.
La sentencia fue dictada el 15 de octubre. No impone costas y puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en un plazo de quince días.
El procedimiento arranca el 8 de julio de 2026. Ese día, el concejal del PSOE Horacio Royo pidió por escrito al coordinador del Área de Alcaldía una copia del expediente judicial del concurso de Cublan, en el que el Ayuntamiento está personado. Tras vencer sin resolución el plazo de cuatro días hábiles, Royo se presentó en las dependencias municipales para consultar la documentación, pero según la demanda no pudo hacerlo. La Asesoría Jurídica emitió después un dictamen que se limitaba a identificar el procedimiento y el juzgado.
La jueza concluye que esa falta de respuesta vulneró la Constitución, que protege la participación política y el ejercicio del cargo representativo. Si el Ayuntamiento consideraba que debía denegar el acceso, razona, tenía que hacerlo de forma expresa y motivada, mediante una resolución de la Alcaldía o de la Comisión de Gobierno. Subraya que un informe no vinculante de la Asesoría Jurídica no basta.
Dos argumentos del Gobierno rechazados
La sentencia rechaza también los dos argumentos con los que el Ayuntamiento pedía la inadmisión del recurso. El primero era que no existe un expediente municipal sobre el concurso, al tratarse de un procedimiento judicial: la magistrada distingue aquí entre el expediente judicial en sentido estricto y los informes y escritos que elabora el propio Ayuntamiento para presentarlos en ese procedimiento. El segundo argumento era que los socialistas debían haber acudido antes a la reclamación en materia de transparencia. La jueza responde que esa vía es solo potestativa para cualquier ciudadano y que no cabe imponer un régimen más restrictivo a un concejal electo.
La sentencia, sin embargo, no da la razón al PSOE en la entrega de la documentación. La magistrada considera que la petición, genérica y referida a la totalidad del expediente judicial, choca con el derecho a la tutela judicial efectiva. Recuerda que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, el acceso a los escritos de un procedimiento está reservado a las partes y a quienes acrediten un interés legítimo, y que las copias deben pedirse al juez competente, en este caso el del concurso. Deja abierta, eso sí, la posibilidad de acceder a los documentos elaborados por el propio Ayuntamiento, en cuyo caso los datos personales podrían excluirse o anonimizarse.
El fallo, por tanto, declara la vulneración por no haber resuelto en plazo, pero no obliga al Ayuntamiento a entregar documentación alguna. El Ministerio Fiscal había pedido la desestimación íntegra del recurso.
El PSOE estudia recurrir
La portavoz socialista, Lola Ranera, ha presentado este miércoles la sentencia como una confirmación de las dificultades de su grupo para fiscalizar al Gobierno de Natalia Chueca. “Hemos tenido que acudir a los tribunales buscando protección ante esta forma de gobernar de Natalia Chueca”, ha afirmado. Ranera ha defendido que el acceso a la información no es solo un derecho de los concejales, sino una garantía para la ciudadanía. “La sentencia lo deja muy claro. El Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Natalia Chueca, está vulnerando nuestro derecho a la información”, ha sostenido.
Los servicios jurídicos del PSOE estudian recurrir en apelación la parte de la sentencia que obliga a identificar documentos concretos en lugar de reclamar el expediente completo. Ranera ha cuestionado que se exija a los concejales señalar documentos a los que no han podido acceder y cuya existencia o contenido desconocen. “Nosotros lo que conocemos en esta casa son las carpetas y el número de las carpetas, lo que llamamos expedientes. Si no podemos acceder a los expedientes, tampoco podemos acceder a la documentación”, ha explicado.
Más allá del caso de Ranillas, Ranera ha denunciado que las trabas para acceder a la documentación se han convertido en una práctica habitual del Gobierno municipal. “Ya vale de tanto oscurantismo, ya vale de tanta falta de transparencia y ya vale con que nos estén vetando cada vez que hacemos una solicitud de información”, ha reclamado. “¿Qué está escondiendo este Ayuntamiento para que no podamos hacer control?”, se ha preguntado.
“No había pasado nunca”
La portavoz, que ha estado tanto en el Gobierno municipal como en la oposición, ha asegurado que nunca había vivido una situación semejante en el Ayuntamiento. “No había pasado nunca tanto oscurantismo y tanta falta de transparencia”, ha insistido. “No puede haber un buen gobierno sin una buena oposición y para realizar una buena oposición tenemos que tener la información”, ha añadido.
Ranera ha extendido sus críticas a otros proyectos en los que asegura encontrar obstáculos para acceder a la documentación: la nueva Romareda, por el volumen de recursos públicos comprometidos, las obras del río Huerva y el Tiro de Pichón. Ha invocado también el Reglamento Orgánico Municipal, que reconoce el derecho de los concejales a obtener información para ejercer sus funciones. “Quien gobierna es quien gestiona los recursos públicos y toma las decisiones, y quien hace oposición necesita esa información para fiscalizar al Gobierno y exigir las distintas responsabilidades”, ha señalado.
“Lo único que pido es que se cumpla la sentencia y que tengamos derecho a la información de los expedientes y la documentación que venimos solicitando desde hace tres años”, ha concluido.