Los registros oficiales desmienten el discurso de Vox: Aragón está al 50% de su capacidad para acoger menores migrantes
Durante meses, Vox ha sostenido desde el Gobierno de Aragón que la comunidad no podía asumir la llegada de más menores migrantes no acompañados. Ha defendido que los centros estaban saturados, ha impulsado medidas como el refuerzo de la seguridad en estos recursos y ha llegado a acusar a los medios de comunicación de ocultar información sobre este colectivo. Sin embargo, los registros oficiales dibujan una realidad distinta. A 30 de junio de 2026, Aragón tutela a 238 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, según los datos a los que ha tenido acceso elDiario.es. La cifra equivale a un menor por cada 6.000 habitantes y sitúa a la comunidad al 50% de la capacidad ordinaria que el Estado considera necesaria para atender a este colectivo.
El pasado 29 de junio, el Consejo de Ministros aprobó la capacidad estructural de acogida que corresponde a cada comunidad autónoma en aplicación del Real Decreto-ley 2/2025, la norma que regula la respuesta ante situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. En el caso de Aragón, esa capacidad se fijó en 476 plazas. Con los 238 menores que tutela actualmente, el sistema autonómico se encuentra lejos de ese límite.
Los registros oficiales muestran, además, que la entrada en vigor del nuevo modelo de reparto apenas ha modificado la situación en Aragón. Antes de la aprobación del Real Decreto-ley, a comienzos de 2025, la comunidad acogía a 218 menores migrantes no acompañados. Un año y medio después son veinte más, una evolución que contrasta con el discurso sobre una supuesta sobresaturación del sistema mantenido por el Ejecutivo autonómico.
A ello se suma la financiación transferida por el Estado para atender a estos menores. El Gobierno central destinó el pasado año 3.258.150 euros extraordinarios a Aragón y este martes aprobará un nuevo reparto de 577.083 euros para reforzar la atención a la infancia migrante no acompañada.
Meses de ofensiva contra los menores
Las cifras llegan después de meses en los que Vox ha situado a los menores migrantes en el centro de su estrategia política desde su entrada en el Gobierno de Aragón. El partido ha defendido reiteradamente que los centros de acogida estaban saturados y ha endurecido progresivamente su discurso contra este colectivo. En mayo, el Ejecutivo anunció, a petición de Vox, un refuerzo de la seguridad en los centros específicos para menores migrantes no acompañados. La medida fue criticada por organizaciones sociales y profesionales del sistema de protección, que consideraron que contribuía a estigmatizar a estos adolescentes y recordaron que las competencias sobre estos recursos corresponden al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
Semanas después, el vicepresidente Alejandro Nolasco presentó un paquete de medidas centradas en este colectivo, entre ellas la realización de pruebas forenses para determinar la edad de quienes generaran dudas sobre su documentación o el impulso de retornos a sus países de origen, pese a que la comunidad autónoma carece de competencias para ello. Durante esa comparecencia mezcló datos de delincuencia general con cifras sobre menores extranjeros para tratar de establecer una relación entre inmigración y violencia y llegó a cuestionar la edad de una niña de nueve años, asegurando que podría tener 13, una circunstancia que, en cualquier caso, no alteraría su condición de menor no acompañada.
La escalada continuó cuando el portal oficial de información del Gobierno de Aragón difundió una noticia sobre un menor migrante investigado por una agresión sexual, una utilización de los canales institucionales que fue criticada por entidades sociales y juristas por considerar que contribuía a señalar a un colectivo especialmente vulnerable. Posteriormente, Nolasco volvió a cargar contra los medios de comunicación aragoneses, a los que acusó de no informar sobre los menores migrantes “porque están a la orden de determinados partidos políticos”. Ese mismo día presentó un documento con el que trató de sostener la relación entre inmigración y delincuencia, un informe que posteriormente fue respaldado por el presidente aragonés, Jorge Azcón.
Ese documento agrupaba en una misma categoría menores detenidos, investigados, denunciados, sometidos a medidas judiciales, implicados en incidentes ocurridos dentro de centros de protección o incluidos en expedientes internos, pese a tratarse de situaciones con consecuencias jurídicas muy diferentes. Tampoco explicaba los criterios de selección de los casos, no contextualizaba esas cifras respecto al conjunto de los cerca de 1.700 menores tutelados por el sistema aragonés y utilizaba conceptos que no existen en el ordenamiento penal español. Especialistas consultados por este periódico advirtieron por ello de que las conclusiones del documento debían interpretarse con cautela.
Pese a esas objeciones, Azcón respaldó públicamente a su vicepresidente cuando fue preguntado por la polémica en las Cortes de Aragón. El presidente aseguró que apoyaba a todos los miembros de su Gobierno “si dicen la verdad y siempre que estén dentro de la legalidad”. Todo ello mientras el Ejecutivo autonómico mantiene su rechazo al modelo estatal de reparto de menores migrantes y ha recurrido judicialmente distintos aspectos de la norma.
El debate político ha coincidido, además, con las críticas de profesionales del sistema de protección de menores, aunque por motivos diferentes. Trabajadores y entidades sociales llevan meses denunciando que el Ejecutivo autonómico ha reducido recursos propios destinados a la protección de la infancia con el cierre de tres centros y la pérdida de unas 70 plazas en los últimos años. A su juicio, los problemas del sistema responden a decisiones de gestión y no al número de menores migrantes tutelados por la comunidad.
Los datos nacionales tampoco respaldan otra de las principales tesis defendidas por PP y Vox: la existencia de un supuesto “efecto llamada” provocado por el nuevo sistema de reparto. Según los datos oficiales a los que ha tenido acceso elDiario.es Aragón, actualmente hay menos de 14.000 menores migrantes no acompañados en el sistema de protección español, la cifra más baja desde julio de 2024. A finales de 2024 y comienzos de 2025 el número llegó a superar los 16.000, pero desde entonces la evolución ha sido descendente de forma prácticamente continuada. En el último año, más de un millar de adolescentes han abandonado el sistema tras alcanzar la mayoría de edad. Los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración apuntan, además, que el 62% de las personas extuteladas figuraba afiliado a la Seguridad Social en junio de 2025, un indicador de su incorporación al mercado laboral tras abandonar el sistema de protección.