Decenas de alcaldes se plantan ante el nuevo contrato de bus del Gobierno de Azcón: “Los viajeros están aborrecidos”
Alrededor de 40 alcaldes de las comarcas del Aranda, Calatayud, Cariñena, Daroca y Valdejalón han remitido este martes un escrito a la Presidencia del Gobierno de Aragón en el que reclaman el cumplimiento del pliego de condiciones por parte de la empresa adjudicataria del servicio de transporte regular interurbano de viajeros en estas zonas.
Los regidores dan un plazo máximo de diez días hábiles al Ejecutivo de Jorge Azcón para que adopte medidas, ante los “incumplimientos graves y reiterados” que, según denuncian, se vienen produciendo desde la puesta en marcha del servicio el pasado 15 de diciembre. La concesión está en manos de la empresa Carretera Directa, S.L., cuyos fallos —advierten— afectan directamente a la calidad, regularidad y accesibilidad del transporte público en el medio rural.
Según relatan numerosos afectados, hay líneas completas sin servicio, como las del valle del Isuela, lo que deja a muchos vecinos sin posibilidad de desplazarse a Calatayud para acudir a consultas médicas, en muchos casos su único medio de transporte. Se han presentado reclamaciones desde localidades como Trasobares, Arándiga, Purujosa o Calcena, cuyos vecinos se ven obligados a realizar trayectos de hasta dos horas para asistir a sus citas sanitarias.
De hecho, a finales de diciembre, los alcaldes de Purujosa, Calcena, Trasobares, Tierga, Mesones de Isuela, Nigüella, Arándiga y Chodes firmaron un documento denunciando que la desaparición del servicio directo hacia Calatayud –el centro médico de referencia y sede del hospital comarcal– suponía un perjuicio grave para nuestros vecinos. “La población del corredor del Isuela está muy envejecida, y son precisamente las personas mayores quienes necesitan desplazarse con mayor frecuencia para consultas, pruebas diagnósticas y tratamientos. A ello se suma el mal estado de las carreteras A1301 y A2302, que dificulta que muchas personas mayores se atrevan a realizar largos desplazamientos en vehículo particular, incrementando aún más su dependencia del transporte público”, apuntaba el documento.
Para el alcalde de Tierga, Adrián de la Mella, la falta de alternativas reales para la movilidad rural de estos pequeños municipios, que ya sufren una situación de vulnerabilidad demográfica, agrava la despoblación y dificulta la vida diaria de quienes no disponen de vehículo propio, especialmente personas mayores y familias con recursos limitados.
En su zona la gente utiliza más el bus para ir a consultas pero en localidades próximas a Calatayud los usuarios son sobre todo trabajadores.
Parches
Los alcaldes denuncian que la empresa está resolviendo los problemas “a base de parches”, recurriendo a taxis o furgonetas que carecen de tarjeta de transporte. Uno de estos vehículos, que cubría el trayecto Codos–Cariñena, ha llegado a ser intervenido por la Guardia Civil por un incumplimiento grave.
Las deficiencias afectan también a usuarios que dependen a diario del servicio. Es el caso de un joven de Gotor que acude cada día al centro de atención integral de la Fundación Rey Ardid, en Calatayud, o de una joven de Jarque que se desplaza al centro de Amibil. Aunque el servicio se presta en algunos casos a demanda, con aviso previo de 24 horas, los fallos persisten y en ocasiones los autobuses no regresan a recoger a los pasajeros.
Los regidores critican además que la empresa reaccione únicamente tras las quejas ciudadanas. Recuerdan, por ejemplo, el caso de un vecino que en Nochevieja al que pretendían dejar en La Almunia de Doña Godina negándose a trasladarlo hasta Trasobares.
El alcalde de Gotor y presidente de la Comarca del Aranda, José Ángel Calvo, lamenta que “no se esté cumpliendo nada de lo que recogía el pliego, pese a haber tenido dos años para poner el servicio en marcha”. Frente al argumento del Gobierno de Aragón de que no hay suficientes viajeros, replica que sí los hay, pero “están aborrecidos por este desastre total”.
Empresas locales excluidas del concurso
Al malestar vecinal e institucional se suma el de las empresas de transporte de la zona, que se vieron excluidas del proceso de adjudicación por las exigentes condiciones impuestas en el pliego. Según denuncian, el concurso dejó fuera a operadores locales con experiencia y arraigo en el territorio, favoreciendo a una empresa que ahora no estaría cumpliendo lo firmado.
El pliego exigía, entre otros requisitos, que los vehículos no fueran anteriores a 2022, la incorporación de autobuses híbridos —que, según los alcaldes, no se han visto— y marquesinas con información en tiempo real mediante GPS. Sin embargo, denuncian que la empresa adjudicataria utiliza autobuses antiguos, algunos con menos de las 29 plazas mínimas exigidas, sustituidos por furgonetas; no hay control de pasajeros, se modifican horarios sin informar y algunos se adaptan para coincidir con servicios que la empresa presta a Renfe.
Antes de la nueva concesión, el transporte interurbano lo prestaban cuatro empresas de la zona, que no pudieron concurrir al concurso al no poder cumplir las condiciones impuestas.
El escrito de queja
En el documento remitido al Gobierno de Aragón, los alcaldes señalan que, tras las protestas vecinales e institucionales, se han restablecido recientemente algunas frecuencias y horarios coincidentes con los recogidos en el contrato, lo que —afirman— supone “un reconocimiento implícito de los recortes e incumplimientos previos imputables a la empresa concesionaria”.
Pese a esta rectificación parcial, advierten de que persisten incumplimientos relevantes, como la supresión de líneas sin autorización expresa, la falta de adscripción efectiva de todos los vehículos comprometidos, el uso de vehículos distintos a los ofertados, el incumplimiento de frecuencias y la prestación deficiente del servicio por insuficiencia de medios materiales y humanos.
Estos hechos, subrayan, “revisten especial gravedad” al poder afectar a las condiciones legales y técnicas exigidas para el transporte público de viajeros, con posibles riesgos para la seguridad de los usuarios y derivación de responsabilidades.
Por ello, exigen una inspección exhaustiva e inmediata del servicio, la verificación de los vehículos adscritos y de su habilitación administrativa, la adopción de medidas legales y la garantía de una prestación íntegra conforme al contrato. Si no obtienen respuesta en el plazo de diez días hábiles, advierten de que podrían adoptar otras medidas.
Respuesta del Gobierno de Aragón
Por su parte, el Gobierno de Aragón desmintió este martes las críticas vertidas en Calatayud por la candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, quien aseguró que solo 11 autobuses están prestando servicio frente a los 28 recogidos en el contrato.
Desde la Dirección General de Transportes negaron esta afirmación y apelaron a la complejidad de poner en marcha un lote de grandes dimensiones, admitiendo “ciertos desajustes” que, según señalaron, se han ido subsanando a través de las solicitudes canalizadas por los alcaldes.
Los socialistas replicaron que no se atienden las reclamaciones y que la ciudadanía está “harta” de los problemas diarios. El alcalde de Ariza, José Carlos Tirado, afirmó que vecinos y regidores no hacen más que grabar vídeos para dejar constancia de “los despropósitos que se viven cada día”.
Los alcaldes son conscientes de que estas rutas no son rentables económicamente, pero la Administración autonómica debe medirlo “en términos sociales”, máxime cuando tanto se habla de despoblación. Adrián de la Mella cree que el Gobierno de Aragón debe velar por el cumplimiento del pliego porque la empresa cobra por ello y no dejar a su suerte a los vecinos, “porque con el servicio que dan, cada vez habrá menos usuarios. Lógicamente, la gente se busca la vida”.
Los alcaldes creen que en los lotes mezclan líneas deficitarias con otras más rentables, como la línea de La Almunia-Zaragoza pero empresas locales no pudieron acceder al concurso y la actual “se la ha colado” a la DGA porque no tiene los medios que aseguró.
El Ejecutivo autonómico recuerda que el Lote 13 es uno de los más amplios de la nueva red de autobuses, da servicio a 72.000 habitantes de 112 municipios de siete comarcas y comprende 36 rutas activas desde el 15 de diciembre. Insiste en que se trata de un proceso aún en ajuste, cuyo objetivo es adaptar los servicios a las necesidades de los usuarios y promover una movilidad pública “eficaz y sostenible” en Aragón.