Meses de retraso para resolver las ayudas al alquiler joven: la Justicia de Aragón pide celeridad al Gobierno autonómico

La Justicia de Aragón ha instado al Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial a agilizar la tramitación de las ayudas del Bono Alquiler Joven ante los retrasos acumulados en la resolución de expedientes. La sugerencia se produce tras la queja presentada por un solicitante que, después de pedir la ayuda en julio de 2025, seguía sin una resolución definitiva varios meses después.

En una resolución firmada por la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, la institución plantea al Gobierno autonómico que evalúe si los medios personales y materiales destinados a gestionar estas ayudas son suficientes en relación con el volumen de solicitudes recibidas, y que adopte las medidas necesarias para reducir los tiempos de espera.

El caso analizado corresponde a un joven que presentó su solicitud el 8 de julio de 2025. Aunque en noviembre se emitió un requerimiento para subsanar un documento, este no le fue notificado hasta el 15 de enero de 2026. Ese mismo día aportó la documentación solicitada, pero posteriormente fue informado de que su expediente pasaba a tramitarse conforme a la fecha de subsanación, lo que retrasaba aún más la resolución.

En la información remitida al Justicia, el Departamento de Vivienda reconoció que la solicitud continúa en fase de instrucción y señaló que, una vez completados los trámites de control económico, la resolución podría dictarse “en las próximas semanas”.

En su resolución, la institución recuerda además que la propia convocatoria fijaba un plazo máximo de tres meses para resolver las solicitudes, un periodo que en el expediente analizado se había superado ampliamente. El Justicia considera que estas demoras pueden comprometer la finalidad de unas ayudas diseñadas para facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda de alquiler entre la población joven, y alerta de que los retrasos excesivos pueden acabar desvirtuando su carácter social

La institución recuerda que no es la primera vez que interviene por retrasos en las ayudas al alquiler joven y subraya que estas subvenciones tienen una finalidad social ligada al acceso a la vivienda. Por ello, advierte de que las demoras prolongadas pueden afectar a su objetivo de proporcionar una respuesta rápida y eficaz a jóvenes con dificultades para afrontar el coste del alquiler.

Asimismo, la resolución señala que estos retrasos pueden entrar en conflicto con los principios de eficacia, celeridad y buena administración que deben regir la actuación de las administraciones públicas. Por todo ello, la Justicia de Aragón ha solicitado formalmente al Ejecutivo autonómico que adopte medidas para acelerar la gestión de estas ayudas y le ha dado un plazo de un mes para comunicar si acepta o no la sugerencia formulada.