La Agencia Aragonesa de Integridad y Ética Públicas sigue sin crearse ocho años después de ver la luz la ley que la ampara
Ocho años después de su aprobación, la Agencia Aragonesa de Integridad y Ética Públicas continúa en un cajón. Acción Cívica Aragonesa ha pedido esta semana a las Cortes de Aragón que se desbloquee este proyecto, la entidad registró el pasado 26 de agosto una solicitud dirigida a la presidenta del Parlamento autonómico para que se inicie el proceso de nombramiento de su director y se incluyan en los Presupuestos de 2026 las partidas necesarias para ponerla en marcha.
La ley que le dio origen se presentó como un hito en la lucha contra la corrupción y la mejora del buen gobierno, pero nunca se llegó a materializar, según confirman fuentes parlamentarias.
El texto legal, publicado en el BOE el 31 de julio de 2017, dotaba a la futura agencia de un amplio abanico de competencias: desde investigar casos de fraude, corrupción o clientelismo hasta gestionar el registro autonómico de lobbies, asesorar a las instituciones aragonesas y evaluar la calidad de las políticas públicas.
Su estructura estaba llamada a ser ligera pero con autonomía garantizada, encabezada por un director elegido por mayoría cualificada de las Cortes y asistido por tres subdirectores en las áreas de investigación, evaluación y régimen interior. El legislador también estableció un estricto régimen de incompatibilidades para sus responsables, con el fin de garantizar su independencia.
Pese a esas previsiones, con el paso de los años este proyecto no se ha puesto en marcha. El 25 de mayo de 2024, el grupo parlamentario de Chunta Aragonesista reclamó que el Ejecutivo autonómico adoptase “las decisiones políticas adecuadas” para constituir la Agencia. Su portavoz, José Luis Soro, recordaba entonces que habían transcurrido casi siete años desde la aprobación de la ley sin que el organismo se hubiera activado.
Más recientemente, el 16 de julio de 2025, la Mesa de las Cortes autorizó el debate de otra proposición no de ley, presentada por Aragón-Teruel Existe, con el mismo objetivo: desbloquear la situación y activar el ente previsto por la normativa.
La última iniciativa ha llegado de la mano de Acción Cívica Aragonesa. El pasado 26 de agosto de 2025, la entidad registró en el Parlamento autonómico una petición formal dirigida a la presidenta de las Cortes para que se inicie el proceso. “Con la creación de dicha Agencia, nuestra Comunidad venía a homologarse a otras autonomías que ya disponían de entidades especializadas en la prevención de la corrupción y el fraude en el sector público, adoptando con ello la estrategia de prevención marcada por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003”, señala el escrito registrado por Acción Cívica, firmado por su presidente, Julio Guiral.
En su petición, la entidad recuerda que corresponde a la Mesa de las Cortes iniciar el procedimiento de elección del director, un cargo que requiere mayoría de tres quintos de la Cámara y que constituye el primer paso para dotar de funcionamiento real al organismo.