Rebelión en los institutos en Aragón con las extraescolares: decenas de anulaciones pese al decreto autonómico que las regula
El nuevo curso escolar ha arrancado en Aragón con los institutos plantándose ante la nueva regulación de las actividades extraescolares en la comunidad. Al menos 15 centros de Zaragoza han decidido suspender total o parcialmente excursiones, viajes de estudios y otras salidas educativas, mientras sus claustros valoran cómo aplicar la nueva regulación impulsada por el Gobierno de Aragón. La respuesta de los centros, que comenzó a tomar forma antes incluso del inicio de las clases, ya se ve en cancelaciones de actividades y amenaza también a campañas como la Semana Blanca.
El conflicto viene de meses atrás y está relacionado con la preocupación de los docentes por la responsabilidad que asumen cuando acompañan a los alumnos fuera del centro. El debate aumentó después de la muerte de un estudiante zaragozano durante un viaje escolar a Bélgica en 2022, un caso por el que dos docentes se enfrentan a un procedimiento judicial. A raíz de aquel episodio, varios centros reclamaron un entorno que estableciera las responsabilidades del profesorado en este tipo de actividades.
La preocupación de los profesores y profesoras no se ha quedado en una simple reclamación. Con el inicio del curso, los propios centros aragoneses están tomando posiciones y decidiendo hasta dónde quieren llegar con las salidas escolares. La Asociación de Directores de Institutos de Zaragoza (Adizar) considera que la nueva normativa no resuelve los problemas planteados por los equipos directivos y reclama más diálogo y participación en el desarrollo de la regulación.
Su presidente, Guillermo Sánchez, señala que los directores siguen teniendo dudas sobre las responsabilidades que asumen al organizar actividades fuera de los centros y cuestiona que tengan que interpretar cuestiones jurídicas para las que no cuentan con formación específica. “No somos expertos en leyes”, apunta Sánchez, que explica que los equipos directivos tienen que enfrentarse a un lenguaje jurídico-administrativo que puede generar dudas sobre cómo aplicar la normativa.
Sobre la responsabilidad penal, asegura que la petición de los directores no busca una exención, sino protección mientras no exista una resolución judicial. “Pedimos una protección civil y penal hasta el momento en el que una sentencia judicial diga que realmente se ha cometido una negligencia”, indica. Adizar reclama así que se concrete mejor el marco de actuación de los equipos directivos para que puedan organizar excursiones, viajes y otras actividades sin la incertidumbre que, según sostienen, mantiene la normativa actual.
Una norma que no ha cerrado el conflicto
El Gobierno de Aragón publicó el pasado 25 de agosto una regulación específica para las actividades complementarias y extraescolares, donde se establecen criterios para su organización, entre ellos la planificación dentro de la programación del centro, la evaluación de riesgos, medidas ante posibles incidentes, ratios de acompañamiento y actuaciones para atender a alumnos con necesidades específicas. Además, incluye un periodo mínimo de descanso para los docentes tras determinadas actividades.
Algunos centros han optado por suspender todas las salidas, mientras otros han decidido mantener aquellas que consideran más fáciles de gestionar, como actividades cercanas, realizadas durante el horario lectivo o sin pernoctar.
Según un listado publicado por 'El Periódico de Aragón', más de una veintena de centros de Zaragoza ya habían comunicado la suspensión de actividades extraescolares o bien limitado su aplicación, aunque no es un listado oficial y la situación puede seguir cambiando.
El conflicto amenaza la campaña de nieve
La reacción de los institutos empieza a tener un efecto que va más allá de las propias comunidades educativas. Las cancelaciones afectan a actividades que necesitan organizarse con meses de antelación, como la Semana Blanca, y ponen en dificultades a empresas que trabajan cada curso con los grupos de estudiantes.
Empresas del Pirineo aragonés vinculadas al alojamiento, el alquiler de material o la organización de actividades de nieve ya están recibiendo anulaciones de reservas de institutos, según 'Heraldo de Aragón'. La incertidumbre resulta especialmente relevante para una campaña que necesita cerrar con antelación tanto las plazas como los servicios necesarios.
Algunas empresas temen que, si el conflicto continúa, los centros de otras comunidades terminen ocupando las plazas que ahora quedan libres.
Desde el Gobierno de Aragón, la consejera de Educación, Carmen Susín, ha defendido la regulación y ha insistido en que el texto publicado en agosto no constituye todavía la norma definitiva. Según explicó, se trata de una orden de inicio del procedimiento y está previsto que la regulación definitiva llegue en 2027, ya que ha defendido que este curso debe servir para conocer cómo funciona el modelo.