Paisajes de Teruel pide suspender las fotovoltaicas de Forestalia en Andorra y denuncia “irregularidades significativas”
La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel ha remitido al Ayuntamiento de Andorra un escrito en el que solicita la suspensión de las centrales fotovoltaicas proyectadas en el municipio por Forestalia y posteriormente traspasadas a BRUC, cuyo inicio de obras se ha anunciado como inminente en los últimos días.
Las plantas afectadas son Mudejar I, Encuentro, Gargallo I, Illio III, San Pedro, Sedeis II, III y VI, y Tolocha I. Tras un “estudio exhaustivo” de las licencias concedidas por el consistorio y de las resoluciones emitidas por el Gobierno de Aragón, la plataforma asegura haber detectado “irregularidades significativas que deberían suspender cualquier actividad relacionada con los citados proyectos”.
Entre los principales argumentos, el colectivo señala que las licencias municipales fueron concedidas “un año antes” de la publicación en el BOA de las autorizaciones de la Dirección General de Energía y Minas. A su juicio, esto sería “el equivalente a conceder licencia para una obra particular sin haber presentado un proyecto visado”. Además, sostienen que las autorizaciones autonómicas “no se corresponden con el proyecto aprobado por el consistorio”, al incluir modificaciones posteriores que afectan tanto a los vértices del vallado como a la tipología de los módulos fotovoltaicos.
La plataforma también advierte de que en algunos proyectos, como Ilio III, Sedeis II y Sedeis VI, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se publicó meses después de la concesión de las licencias municipales. Recuerdan que estas deben incorporar el contenido ambiental de dicha declaración, por lo que “deben ser posteriores” y no pueden otorgarse de forma condicionada, ya que sería “como conceder una licencia de obras sujeta a que el informe del arquitecto municipal sea favorable”.
El escrito vincula además la tramitación de estas centrales con el “escándalo de la empresa promotora”, que “presuntamente obtuvo las autorizaciones ambientales de sus proyectos de forma corrupta”. En este sentido, citan la diligencia de una funcionaria encargada de la evaluación ambiental, que dejó constancia de que la tramitación de informes pasó de la empresa pública SARGA a “una empresa privada participada por cargos vinculados a partidos políticos y que había trabajado para Forestalia con anterioridad”. Este hecho, añaden, quedó expuesto en la Comisión sobre renovables celebrada en las Cortes de Aragón, “sin consecuencias”.
Otro de los puntos que subraya la plataforma es que, en su opinión, los nueve parques conforman en realidad “un único proyecto fragmentado de forma artificial” para su tramitación ante el Gobierno de Aragón y el INAGA. Argumentan que las instalaciones “forman un continuo”, comparten línea de evacuación y subestación eléctrica, y pertenecen a la misma promotora.
Por último, apuntan a un posible incumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Según indican, tras la concesión de las licencias municipales, la Comisión de Urbanismo realizó anotaciones y requerimientos relacionados con la posible ocupación de suelo no urbanizable especial, con fecha de 9 de junio de 2023, “seis meses después de haber sido concedidas las licencias”.
A la vista de estos elementos, la plataforma considera que existen “argumentos suficientes” para que el Ayuntamiento suspenda las licencias y “todas las acciones derivadas de las mismas”. Asimismo, sostiene que el consistorio “no puede excusarse en motivaciones económicas ni convertir en rehenes conceptos como el desarrollo o la industrialización”, al entender que plantean “un falso dilema” y que “no existe ningún bien que se derive de la corrupción”.