Cronología de un desastre: el Parque de Atracciones se convierte en un dolor de cabeza para el PP en Zaragoza
La ampliación del Parque de Atracciones de Zaragoza ha acabado convirtiéndose en un recorrido plagado de tropiezos políticos, dudas técnicas y ahora, desavenencias entre los socios. Desde las primeras reuniones discretas en restaurantes pagadas con dinero público hasta el bloqueo actual de la concesión. Este proyecto empezó a fraguarse en 2024 y actualmente, en abril de 2026, el parque solo abrirá para eventos ya comprometidos —siempre y cuando las atracciones obtengan el certificado de seguridad y se valide la situación económica de la empresa— y 81 trabajadores sin saber si van a conservar sus empleos.
Este viernes, el Parque de Atracciones ha recibido del Ayuntamiento de Zaragoza la autorización de apertura tras entregar el plan detallado de los eventos comprometidos con sus fechas cerradas y la primera será este sábado, día 11 de abril. El plan que la nueva concesionaria ha entregado al Consistorio señala que quieren cumplir con los compromisos de los banquetes ya concertados. A partir del 6 de junio, tras finalizar los compromisos de los banquetes existentes, el Parque de Atracciones prevé la “reapertura progresiva de su instalaciones al público en general”, pero siempre y cuando se cumplan dos condiciones: la obtención de certificado de seguridad del 80% de las atracciones, por lo que técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza analizan la seguridad de las atracciones, y la validación de la situación económica de la empresa por parte del administrador concursal asignado. Las dudas, pues, continúan.
Sin embargo, los trabajadores del Parque de Atracciones de Zaragoza han reclamado abrir “con la calidad que los zaragozanos se merecen, no de tapadillo y solamente para 70 comensales”, según ha calificado el presidente del comité de empresa, Raúl Jiménez, en el día de entrada en vigor del Expediente de Regulación Temporal de Empleo —ERTE— para sus 81 empleados, víspera de la apertura reducida de las instalaciones para atender dos comuniones.
El origen: comidas pagadas con dinero público
El punto de partida es septiembre de 2024. El día 9, el coordinador general del área de Presidencia, Felipe Castán, junto a otros altos cargos municipales, mantuvo una comida con consultores del sector en el restaurante El Real para analizar el futuro del parque. El 13 de noviembre se repitió la escena: una segunda comida, también en el mismo establecimiento, en la que se reunió el director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño, con funcionarios, asesores y consultores externos para avanzar en el diseño de la ampliación. El 19 de febrero se reveló que dichas comidas fueron pagadas con dinero público: 530 euros en total. El Ayuntamiento las justificó como reuniones de trabajo ligadas a un proyecto estratégico. El 20 de febrero, Ruiz de Temiño compareció en la Comisión de Presidencia y se negó a revelar con quién comió y qué trató en esas reuniones. El edil de Zaragoza en Común (ZeC) Suso Domínguez criticó en ese momento que se recurriera a comidas en un reservado, con dinero público, en lugar de a la consulta preliminar de mercado prevista por ley.
Antes de conocerse que estos encuentros se habían financiado con dinero público, el 18 de noviembre la Comisión de Urbanismo aprobó inicialmente la modificación del PGOU. El 28 de ese mismo mes, el pleno dio luz verde definitiva con los votos de PP y Vox a una ampliación de 40.000 metros cuadrados —hasta alcanzar las 15,21 hectáreas— que incluye un parque acuático y cuya gestión recaería en una empresa privada. El proyecto se apoyaba en suelos ya previstos en el planeamiento desde 2005, aunque nunca desarrollados, en una zona que actualmente combina espacios sin uso con masa forestal similar a la de los Pinares de Venecia.
El debate se centró desde el inicio en el impacto ambiental. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, negó que la actuación implicara la tala de árboles y defendió que buena parte del ámbito corresponde a aparcamientos que no se modificarán, limitándose la intervención a cambios de calificación y nuevos accesos. Frente a ello, asociaciones vecinales de Torrero y colectivos ecologistas denunciaron la “privatización” de suelo público y alertaron de la posible eliminación de más de 2.000 pinos, además de cuestionar el diagnóstico municipal sobre el estado del pinar.
La oposición elevó el tono en el pleno. El PSOE acusó al Gobierno de actuar con opacidad y de anticipar decisiones antes de completar los procedimientos, mientras Zaragoza en Común habló de “modificaciones a la carta” y políticas ambientales “de pura literatura”. Vox, por su parte, respaldó la operación al considerar que no había “contraindicaciones” y que la ampliación era necesaria para garantizar la viabilidad de la futura concesión.
Sin embargo, la posición de Vox cambió unos meses después. El 14 de abril de 2025, la segunda fuerza política del Ayuntamiento —que el PP necesita para sacar adelante las propuestas y presupuestos— votó a favor de retirar el expediente en la Comisión de Urbanismo, alegando que el aparcamiento de pago previsto podría reducir las visitas al Monumento a la Legión. La decisión pilló por sorpresa al PP: la alcaldesa, Natalia Chueca, admitió que desconocía la posición de su socio hasta la víspera. Apenas once días después, el 25 de abril, Vox rectificó tras lograr el compromiso de garantizar aparcamiento gratuito en el entorno.
Impacto ambiental de la ampliación
En paralelo, crecieron las dudas sobre el encaje legal y ambiental del proyecto. El 29 de abril, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, instó a evaluar el impacto de la ampliación tras recibir las advertencias de la plataforma vecinal en defensa de los Pinares de Venecia. En su respuesta, subrayó el valor de este espacio como “sistema forestal consolidado” con funciones ecológicas y sociales clave para Zaragoza, y advirtió de la necesidad de analizar las consecuencias de la modificación urbanística en relación a la cobertura arbórea y la calidad del ecosistema.
El PSOE recogió ese planteamiento y exigió retirar el expediente ante un “más que posible vicio de legalidad”. Los concejales socialistas Horacio Royo y Ros Cihuelo defendieron que la actuación debería contar con una evaluación ambiental previa o, al menos, con un informe jurídico que justificara su ausencia, apoyándose en la legislación estatal. Alertaron además de que continuar con la tramitación podría desembocar en una judicialización del proyecto que acabase bloqueando la futura concesión, al tiempo que criticaron la “falta de rigor y de diálogo” del Gobierno municipal.
El Ayuntamiento rechazó estas acusaciones y sostuvo que la evaluación ambiental no es obligatoria en esta fase. Según el equipo de gobierno, la modificación del PGOU se limita a reajustar los límites de la parcela y sería más adelante, cuando se concretase el plan especial y los usos exactos del espacio, cuando pueda valorarse la necesidad de ese análisis. Los populares defendieron el trabajo técnico realizado y acusaron al PSOE de cuestionarlo “de manera infundada”. En junio de 2025, el Consistorio da un paso más y publica los pliegos de la licitación: la concesión fijó una inversión mínima de 15 millones de euros, un canon anual de al menos 70.000 euros y una aportación adicional para el mantenimiento de los Pinares de Venecia.
Aprobado justo del proyecto
El 29 de octubre se hizo pública el acta de la Comisión de Selección y solo se había presentado una candidatura, integrada por la familia Morte y la multinacional argentina Fénix Entertainment bajo la marca Noriland. La propuesta, que plantea una inversión de 17 millones de euros y la reapertura del parque en 2027, obtuvo 36,5 puntos sobre 65 en la evaluación técnica, un aprobado ajustado para una concesión de 50 años.
Los informes técnicos fueron especialmente críticos con varios aspectos clave del proyecto. Detectaron “deficiencias” en el diseño —calificado como “poco homogéneo y continuista”—, en el cronograma de ejecución —considerado “poco realista”— y en la estrategia medioambiental, donde se señala “una falta de concreción y de medidas verificables”. También se apuntaron “carencias” en la planificación de accesos, aparcamientos y fases de obra, así como dudas sobre la viabilidad de algunas infraestructuras propuestas y la “escasa innovación” en la oferta de atracciones y restauración. En materia medioambiental la propuesta obtuvo un 3,5 sobre 7 al presentar compromisos genéricos sin información técnica verificable sobre cómo se protegerá el entorno de los Pinares de Venecia.
Pese a que el Gobierno del PP prometió inicialmente que introduciría mejoras para ajustar el proyecto a las expectativas municipales, la realidad administrativa ha sido otra: el contrato se ha cerrado sin avances respecto a los mínimos exigidos. Para el concejal de Zaragoza en Común (ZeC), Suso Domínguez, el proceso es un “verdadero fiasco” que deja al Ayuntamiento sin margen de maniobra, ya que los pliegos no permiten exigir inversiones ni cánones superiores a los ya establecidos.
Frente a estas deficiencias, el consejero de Presidencia, Ángel Lorén, explicó el pasado 18 de marzo que la escasa concurrencia se debe a la “alta exigencia” del pliego. “El nivel de exigencia que se ha hecho en esta concesión no se ha hecho probablemente en ninguna”, afirmó Lorén, que justificaba así que las mejoras ya estaban integradas en las condiciones de salida, como la inversión mínima de 15 millones de euros o el canon para mantenimiento forestal.
81 empleos en el aire
El último capítulo —por el momento— de este proyecto ha llegado estas últimas semanas, cuando el traspaso de poderes entre las dos empresas ha saltado por los aires. El acuerdo entre los socios de Moncayo Leisure —la alianza formada por la multinacional argentina Fénix Entertainment (80%) y la familia Morte (20%)— se ha roto por discrepancias económicas sobre el precio de las atracciones existentes y el recelo de los inversores argentinos ante la situación preconcursal de sus socios locales. Ante la imposibilidad de formalizar el acta de entrega, el Ayuntamiento se ha visto obligado a activar la “orden de continuidad” prevista en el pliego, forzando a los Morte a seguir operando el recinto hasta el 3 de noviembre de 2026 para evitar el cierre total de la temporada.
Esta parálisis administrativa ha dejado a 81 trabajadores con incertidumbre respecto a su futuro. Mientras 29 empleados fijos acuden a diario a un parque desierto y sin actividad, otros 50 fijos discontinuos ni siquiera han sido llamados para iniciar la campaña. El comité de empresa, liderado por CCOO, ha explicado que en marzo debería haberse producido el llamamiento de los empleados para el inicio de la actividad laboral, pero no se produjo debido a que el nuevo adjudicatario no ha formalizado el contrato. Mapi, trabajadora del parque de atracciones, ha trasladado a los medios de comunicación la inseguridad laboral en la que se encuentra la plantilla, “en este momento de incertidumbre, los trabajadores fijos han seguido trabajando con la esperanza de que esto se solucionara, pero con un futuro incierto porque no sabían qué iba a pasar. Por otra parte, los fijos discontinuos hemos estado esperando una firma o una respuesta que nunca ha llegado, desde febrero o marzo.”
La plantilla del parque de atracciones la conforman trabajadores y trabajadoras de diferentes edades. “Los que somos jóvenes podemos estar más tranquilos porque podemos buscar otras opciones, pero hay trabajadores en una situación mucho más complicada, después de casi 30 años trabajando, sin saber qué va a pasar”, ha asegurado la trabajadora del parque de atracciones. Ante este escenario, el sindicato atribuye la situación a una responsabilidad compartida entre las empresas que han optado a la licitación y el Ayuntamiento de Zaragoza, por su falta de previsión al establecer condiciones difíciles de cumplir en el pliego, así como por la supervisión sobre la solvencia de las empresas licitadoras. La solución propuesta por la empresa pasa por la aplicación de un ERTE hasta noviembre sin compensación para los trabajadores, una medida que CCOO califica de “inaceptable”. El sindicato denuncia que se pretende activar la actividad basándose únicamente en la “esperanza” de la plantilla, pero con un coste real para los trabajadores: quienes cuentan con prestación por desempleo la consumirán (la mayoría solo hasta julio) y quienes no dispongan de cobertura quedan en una situación de total desamparo.
Por su parte, el consejero Ángel Lorén ha evitado asumir responsabilidades, limitándose a señalar que la gestión de la plantilla es “responsabilidad exclusiva de la empresa”.
La oposición ha elevado el tono ante lo que consideran una dejación de funciones del Gobierno de Natalia Chueca. El portavoz socialista, Horacio Royo, ha censurado que el Ayuntamiento actúe como “mediador” en un conflicto privado en lugar de forzar el cumplimiento de lo firmado en enero. Para el PSOE, la falta de transparencia en las prórrogas y la incertidumbre sobre la apertura real del parque esta temporada confirman que el proyecto “estrella” del PP se ha estrellado antes de empezar. “Es un asunto interno de dos empresas que el Ayuntamiento usa como excusa para no hacer cumplir el pliego”, expresó Royo. Este jueves, Ranera exigió a Chueca que se “garantice” la subrogación de los empleados del parque, que “no amenace con sanciones a la empresa, lo importante y lo prioritario en estos momentos es que funcione de nuevo el Parque de Atracciones para la ciudad y los 81 trabajadores vuelvan a ocupar su puesto de trabajo”. Desde el PSOE se ha solicitado ya la comparecencia del consejero de Presidencia, Ángel Lorén, el jueves que viene en Comisión, “es el responsable político principal y debe asumir la responsabilidad de este fracaso que ya es real, han fracasado y cuando uno fracasa en política debe asumir también las responsabilidades”.
Por parte de Zaragoza en Común, Elena Tomás ha acusado al Gobierno del PP de incurrir en una “falta de responsabilidad con la plantilla y la ciudadanía”. Ha recordado que el parque puede seguir abierto hasta noviembre de 2026 “siempre que las atracciones estén en condiciones óptimas de manteamiento” y que esto posibilitaría pagar a la plantilla: “Creemos que es un claro ejemplo de la pésima gestión del gobierno de Chueca, con unos pliegos mal realizados, un control deficiente de la concesión y un equipo de gobierno más preocupado por los grandes titulares que por hacer las cosas bien”.