Asturias aprueba la reforma legal para exonerar de la deuda del salario social e IU pide “perdón” a los afectados por “el error”
Asturias ha querido enmendar el error de la administración y eximir a las familias afectadas por los cobros indebidos del salario social. Todos los partidos del arco parlamentario, salvo Vox, han sumado sus votos para sacar adelante la reforma legislativa que permitirá condonar la deuda a todas aquellas personas que percibieron simultáneamente el Salario Social Básico (SSB) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). El partido de ultraderecha se abstuvo en la votación celebrada este jueves en la Junta General del Principado.
La proposición de ley para modificar la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales había sido planteada por el PSOE e IU-Convocatoria por Asturies (IU-CA).
Vegas: “Perdón, perdón y mil veces perdón”
El portavoz parlamentario de CA, Xabel Vegas, ha llegado a pedir perdón de forma reiterada a los afectados que seguían la sesión plenaria desde la tribuna.
“Perdón, perdón y mil veces perdón. Perdón en primer lugar por tener una administración sin alma. Una administración en la que la burocracia no tiene en cuenta la realidad que viven los ciudadanos y las consecuencias de aquellas decisiones que les afectan”, ha asegurado el diputado.
Xabel Vegas no ha dudado en calificar la situación vivida por los beneficiarios como “propia de una novela de Kafka”, al detallar cómo la Administración del Principado continuó abonando el Salario Social a familias que ya habían comenzado a cobrar el Ingreso Mínimo Vital estatal, pese a los avisos de las propias personas afectadas.
Empeoramiento de la salud mental
“Esta situación no solo deterioró las condiciones económicas de estas personas. También afectó en muchos casos a su salud mental, añadiendo sufrimiento a unas vidas ya de por si muy complicadas”, ha subrayado.
No obstante, ha resaltado la relevancia de este acuerdo que convierte a la Junta General del Principado en la primera Cámara autonómica en legislar de forma directa sobre un problema de ámbito nacional, apoyándose en los principios de justicia y reparación.
Del mismo modo, Vegas ha afeado los “discursos clasistas” que estigmatizan a los colectivos vulnerables y ha incidido en que el Ingreso Mínimo Vital y el Salario Social “no son un regalo ni una ayuda”, sino “un derecho subjetivo cuya mera existencia nos convierte en un país un poco más decente”.
La diputada de Vox en la Junta General, Sara Álvarez Rouco, ha justificado el voto de abstención de su grupo con el siguiente argumento: “votar a favor sería respaldar la actual chapuza socialcomunista”.
Los argumentos para la abstención
Sara Álvarez Rouco ha reconocido que “los desfavorecidos no deben pagar nunca las consecuencias de la incompetencia gubernamental”, al mismo tiempo que entiende “la preocupación y el sufrimiento” de las familias “atrapadas por la exigencia de devolver cantidades que percibieron sin que exista responsabilidad achacable a ellas”.
Sin embargo, ha acusado al Gobierno de reaccionar tarde ante un problema que ha sido provocado por su propia gestión: “Solo cuando la prensa, las protestas y el clamor popular atosigan a los socios de Gobierno se les ocurre modificar la ley e introducir un nuevo artículo 18 bis”, ha reprochado.
La protección de los afectados
La parlamentaria ha insistido en diferenciar la protección de las familias afectadas del respaldo al modelo socialista. “Estamos a favor de ayudar a las personas vulnerables y a quien realmente lo necesita. Lo que no compartimos es el actual modelo de ayudas socialista”, ha explicado.
La iniciativa impulsada por PSOE e IU-Convocatoria por Asturies está encaminada a exonerar de las deudas contraídas por la percepción indebida del salario social por causas imputables a la Administración.
Evitar situaciones de desamparo
El origen del problema está relacionado con la entrada en vigor del ingreso mínimo vital, la prestación estatal diseñada para los hogares económicamente vulnerables que viene a sustituir, con carácter general, al salario social, de carácter autonómico.
El Principado mantuvo de forma transitoria el pago del salario social para evitar situaciones de desamparo y, en algunos casos, se solaparon ambas prestaciones, lo que ha dado lugar a reclamaciones de la administración.
La proposición de ley se basa en la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales del Principado, que, en su artículo 18, establece el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.
Retraso, error u omisión
El texto aprobado este jueves modifica la ley para impedir que las personas beneficiarias tengan que devolver cantidades cobradas indebidamente cuando el pago se haya mantenido “por un retraso, error u omisión imputable a la Administración”.
La proposición plantea que la aplicación automática de esa regla general puede producir resultados “materialmente injustos” cuando “la persona beneficiaria ha actuado de buena fe, ha cumplido su obligación de comunicar el cambio de circunstancias en tiempo y forma, ha aportado datos veraces y suficientes y, pese a ello, la Administración no ha tramitado con la diligencia debida la revisión, suspensión, reducción o extinción de la prestación”.
La responsabilidad en estos casos no es achacable a las personas que recibieron el salario social, sino a la propia Administración.
Incorporar un nuevo artículo
El texto acordado entre ambos grupos parlamentarios plantea incorporar un nuevo artículo (18 bis) a la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales.
Para los supuestos en los que no quepa la exoneración completa, pero tampoco exista “fraude ni mala fe”, se abre la puerta a suprimir el cobro de intereses de demora, así como a ofrecer un plan flexible de devolución de las cantidades ajustado a la capacidad económica real de la persona.
Solicitar la devolución
La reforma legal también tiene en cuenta a quienes, pese a estar en alguna de las situaciones contempladas, ya han pagado total o parcialmente las cantidades que se les ha requerido.
Una disposición transitoria les permitirá solicitar la devolución de tales abonos en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la reforma.