La Junta de Castilla y León defiende la falta de sanción por edificación ilegal del presidente del PP de Burgos

“Hemos actuado conforme al procedimiento”. Así ha defendido el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, que el gobierno autonómico no haya impuesto una sola sanción a El Granero de San Francisco SL, una empresa que hasta hace unos meses tenía entre sus propietarios al presidente del PP y de la Diputación de Burgos, Borja Suárez. El Granero de San Francisco construyó un granero de tipo americano en suelo rústico de protección cultural en Santa Gadea del Cid e intentó legalizarlo años después de que empezase a utilizarse para celebrar bodas y eventos. La licencia que se solicitó, solo para uso agrícola, ya que cualquier otro está prohibido, se denegó entre otras cosas porque la edificación contravenía la normativa urbanística del municipio tanto en estructura como en materiales y color.

A pesar de que no tenía ningún tipo de licencia, El Granero de San Francisco siguió organizando bodas, conciertos y visitas culturales sin que se paralizase su actividad. En 2023, se intentó legalizar de nuevo, y se vinculó la licencia de uso agrícola -nunca para eventos- a que se reformase la estructura del tejado y se cambiasen los materiales empleados, madera, por mortero de cemento pintado en color crema. La Ley de Urbanismo de Castilla y León contempla sanciones por infracción aunque la edificación se legalice. Pero no impuso una sola multa en El Granero de San Francisco, y la mercantil nunca reformó la edificación que según informes de dos técnicos de la Comisión Territorial de Urbanismo, dependiente de la Junta, era manifiestamente ilegal. Carriedo ha repetido varias veces antes las preguntas de elDiario.es que “se actuó conforme al procedimiento” sin explicar en qué consiste y sin negar los hechos: que no se ha reformado, que no se ha multado y que se desarrollan actividades que nada tienen que ver con la agricultura. Carriedo ha animado a que “si hay alguna persona que detecta un incumplimiento” use “los cauces previstos en el Estado de Derecho”, o lo que es lo mismo, que se denuncien. De esa manera, la Junta deja a la iniciativa particular la restitución de la legalidad, y a pesar de los informes de sus propios técnicos.