El Ayuntamiento del PP en Oviedo comprará chalecos antibalas a una filial de la israelí Elbit, implicada en el genocidio
El Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu ha adjudicado el contrato para la adquisición de la equipación de la Policía Local que incluiría la compra de chalecos antibalas a Guardian Homeland Security, el representante oficial en España de los principales fabricantes israelíes de material policial y militar.
Guardian Homeland Security fue establecida en España por antiguos miembros de los servicios especiales de seguridad del Estado de Israel. Es la filial de IMI Systems, integrada en la empresa israelí Elbit Systems, e implicada en el genocidio.
El precio más bajo
A este concurso optaban dos empresas: además de la israelí competía por este contrato Soltec pro uniformidad y aunque ambas estaban igualadas en la calidad de los materiales y plazo de entrega, el consistorio se decantó por Guardian Homeland Security al ofrecer un precio más reducido. Su oferta suponía 540 euros por prenda frente a los 600 euros por unidad de Soltec pro uniformidad.
La organización Civio, que escogió su denominación de “cívico, que pertenece a la ciudadanía”, ha hecho una labor de fiscalización de esta adjudicación. Una de sus integrantes es Olalla Tuñas, quien ha confirmado a elDiario.es Asturias que el equipo de gobierno de la capital asturiana, que lidera el Partido Popular (PP), adjudicó ayer el contrato a través de la figura del acuerdo marco por el que eligen a los proveedores a los que les pueden comprar, en las condiciones pactadas, durante el tiempo que esté en vigor, y que en este caso es de cuatro años.
Chalecos antibalas made in Israel
Los componentes de Civio resaltan el hecho de que el ayuntamiento no haya tenido en cuenta el fuerte rechazo que actualmente mueve cualquier relación con Israel a raíz del genocidio en Gaza.
Especialmente destacan que la adjudicación se haya formalizado en fechas posteriores al 25 de septiembre de 2025 cuando entró en vigor el decreto ley que prohíbe la importación y exportación de material de Defensa israelí y al ser este dato relevante al afirmar la propia empresa que los chalecos incluidos en su catálogo están fabricados en Israel.
Equipos de protección vetados
El contrato que afecta a la capital asturiana contempla la posible adquisición de 77 chalecos por un importe total de 41.580 euros.
Según explican desde Civio, el decreto ley de embargo incluye entre los materiales vetados equipos de protección como cascos y chalecos antibalas, salvo aquellos que acompañen a su usuario para protección personal, por lo que esta compra de material podría ser denunciada como ilegal y su importación debería prohibirse.
Balas para la Guardia Civil
“El decreto ley veta la entrada y salida de productos incluidos en los anexos del Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, entre los que están los equipos de protección como cascos, trajes blindados o antibalas, salvo cuando acompañen a su usuario para su protección personal, esto es, cuando lo lleven puesto”.
La organización recuerda cómo en abril de 2025, apenas cinco meses antes de que entrara en vigor el real decreto, Guardian Homeland Security saltó a los titulares de prensa por un contrato de 6,6 millones de compra de balas para la Guardia Civil.
El genocidio
“En ese caso, actuaba como representante de la firma israelí IMI Systems. Pese a que la polémica surgió en abril, y la promesa del Gobierno de que cancelarían el contrato llevaba meses en el aire, no fue hasta el pasado 29 de septiembre, ya con el paraguas legal del decreto ley de embargo, cuando se anuló de forma oficial.
El genocidio de Israel en Gaza no ha dejado indiferentes a los colectivos de activistas asturianos, quienes han mostrado públicamente su rechazo con acciones de protesta, manifestaciones, concentraciones y encadenamientos a edificios, entre otros.
Las protestas en Asturias
Una de las últimas acciones de protesta con encadenamiento incluido fue el que protagonizaron en junio de 2025 -tres meses antes del real decreto- un grupo de activistas que bloquearon la puerta de entrada a la fábrica de armas de Trubia, en Oviedo/Uviéu.
Los jóvenes iban provistos de pancartas con el lema “El Xenocidiu entama equí” (“El genocidio empieza aquí”) y “ STOP Genocidio”. La protesta, que incluyó el encadenamiento de sus portavoces a las verjas, duró una hora y media y finalizó cuando los agentes solicitaron a unos trabajadores de la fábrica que cortasen las cadenas con una cizalla de la empresa.
Esta acción se sumó a otras anteriores que se han llevado a cabo en Asturias, con manifestaciones, concentraciones y acampadas universitarias como la de los estudiantes de la Universidad de Oviedo en el campus del Milán, donde se posicionaron “en contra de la complicidad de las instituciones españolas en la ocupación y limpieza étnica del pueblo gazatí”.
Suspender las relaciones comerciales
Apenas un año antes del real decreto, en julio de 2024, tanto la relatora de la ONU, Francesca Albanese, como la Corte Internacional de Justicia pidieron la suspensión de relaciones comerciales y de inversión que “contribuyan a la situación en los territorios ocupados palestinos” en relación con la ocupación ilegal y la segregación.
La Comisión de Investigación asignada por la ONU (que en 2025 concluyó que “hay un genocidio en Gaza”) pidió suspender todas las relaciones armamentisticas y comerciales que contribuyan de algún modo, lo que supone, como indica también la relatora, suspender este tipo de comercio, que engrosa las arcas de filiales de empresas israelies que son eje vertebral de la ocupación y el apartheid denunciado por Amnistía Internacional, HRW, la Corte Internacional de Justicia y B’Tselem.