La consejera de Hacienda de Ceuta y un diputado tránsfuga, investigados por prevaricación y malversación

La consejera de Hacienda de Ceuta, Kissy Chandiramani, y el diputado no adscrito Mohammed Navil Rahal, exparlamentario del PSOE que rompió con su partido y posteriormente ha respaldado al Gobierno del PP de Juan Vivas, tendrán que declarar como investigados el próximo 22 de septiembre por la adjudicación de los mataderos portátiles de la Fiesta del Sacrificio. La causa judicial, impulsada por la Fundación Abogados Cristianos, examina posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos en un contrato de 2.313.131 euros adjudicado a Herederos de M. Jimena S.L., una empresa administrada por la esposa de Rahal. Ella también comparecerá, aunque en su caso como testigo.

La investigación judicial llega después de una trayectoria política de Rahal que ha tenido consecuencias directas en la aritmética de la Asamblea de Ceuta. El diputado abandonó el PSOE después de romper la disciplina de voto de su formación y pasó al grupo de los no adscritos. Desde entonces, sus apoyos han resultado relevantes para el Ejecutivo de Juan Vivas, incluido el respaldo a los presupuestos de la Ciudad, mientras empresas vinculadas a su entorno familiar han continuado recibiendo contratos de la Administración local.

De diputado del PSOE a apoyo parlamentario del PP

Rahal formaba parte del grupo socialista de la Asamblea junto a otros diputados que posteriormente también acabarían fuera de las filas del PSOE. A mediados de 2024, él y Fidda Mustafa se saltaron la disciplina de voto de su partido al apoyar una iniciativa del Gobierno de la Ciudad. Ambos fueron expulsados de la formación y pasaron a engrosar el grupo de los no adscritos.

La salida de Rahal del PSOE alteró el equilibrio político de una Asamblea en la que los diputados sin partido fueron ganando peso hasta convertirse en un grupo determinante para la aprobación de iniciativas del Ejecutivo. La ruptura se produjo además en un momento en el que el PP necesitaba apoyos para sacar adelante sus cuentas y otras decisiones relevantes de la legislatura.

Ese nuevo escenario tuvo una de sus expresiones más claras en la aprobación de los presupuestos para 2026. Rahal votó a favor de las cuentas del Gobierno de Juan Vivas y pasó así a formar parte de la mayoría parlamentaria que permitió al Ejecutivo popular sacarlas adelante. Entre las modificaciones introducidas durante la tramitación se encontraba precisamente el aumento de la partida destinada a los mataderos portátiles de la Fiesta del Sacrificio.

El proyecto inicial reservaba 377.180 euros para este servicio, pero una enmienda elevó la cantidad hasta 580.896 euros. El incremento adquirió relevancia por la relación existente entre el diputado y el entramado empresarial que venía prestando el servicio y por el hecho de que Rahal había respaldado las cuentas municipales en las que se produjo ese aumento.

Las relaciones contractuales del entorno del diputado con la Administración local ya habían generado críticas de sus antiguos compañeros socialistas, que llegaron a acusar al PP de “comprar voluntades” y a Rahal de transfuguismo. El Gobierno de Vivas ha defendido, por su parte, la legalidad de los contratos y el propio presidente de la Ciudad negó haber sido el artífice de la configuración de la actual mayoría de diputados no adscritos.

Contratos en la órbita familiar de Rahal

La empresa que ahora se encuentra en el centro de la investigación judicial, Herederos de M. Jimena S.L., está administrada por la esposa de Rahal. La sociedad resultó adjudicataria del contrato para instalar y gestionar los mataderos portátiles durante la Fiesta del Sacrificio por 578.282,75 euros anuales, hasta alcanzar los 2.313.131 euros durante los cuatro años de vigencia, impuestos incluidos. Los pliegos contemplan además una posible prórroga de un año.

No se trata, sin embargo, del primer contrato relacionado con los mataderos que recae en el entorno empresarial del diputado. Entre 2022 y 2025 el servicio fue prestado por R&B Sebta, una sociedad vinculada a su entorno familiar y de la que Rahal fue apoderado. Aquel contrato alcanzó aproximadamente 1,5 millones de euros, unos 375.000 euros por cada ejercicio.

A esas adjudicaciones se suman otros encargos de la Administración local a empresas relacionadas con la familia o el entorno empresarial del ex diputado socialista. Academia Rahal S.L., administrada por su hermano y en la que el propio parlamentario había figurado anteriormente como apoderado, recibió de la empresa pública Acemsa un contrato menor de 41.270 euros para la reconstrucción de un muro de contención.

También Quarry Urban Developments, administrada por la nuera del socio de Rahal en el negocio de los mataderos portátiles, acumuló cinco contratos menores de la Administración local entre 2024 y 2025 por un importe conjunto de 174.117 euros. Entre ellos figura uno para la adecuación de espacios de la barriada Príncipe Alfonso en materia de accesibilidad universal y salubridad.

No fue la oferta más barata, pero sí la ganadora

La nueva licitación elevó considerablemente la cuantía respecto al contrato anterior. La Ciudad planteó un servicio por 2,3 millones de euros durante cuatro años, con siete mataderos portátiles, dos más que en el periodo anterior al incorporarse nuevos emplazamientos en Benzú y Hadú a los de Pozo Rayo, Loma Colmenar, Príncipe Alfonso, Estación del Ferrocarril y Miramar.

La oferta más barata del procedimiento no fue la que acabó resultando adjudicataria. Global Rochis Group S.L. había planteado realizar el servicio por unos 370.800 euros anuales, pero la mesa de contratación consideró que podía encontrarse en situación de baja anormal. Tras analizar la justificación presentada, la propuesta fue descartada y el contrato acabó recayendo en Herederos de M. Jimena S.L., que había presentado una oferta de 578.282,75 euros al año.

La nueva cantidad guarda además relación con el incremento presupuestario producido durante la tramitación de las cuentas de la Ciudad. La partida pasó de 377.180 a 580.896 euros, una cifra muy próxima a la anualidad por la que finalmente se adjudicó el servicio. El contrato también supone un incremento respecto al anterior, aunque amplía de cinco a siete el número de mataderos y actualiza las condiciones económicas del servicio.

Es precisamente la combinación de estos elementos —la relación empresarial y familiar de la adjudicataria con Rahal, el respaldo del diputado a los presupuestos y el incremento de la partida— la que Abogados Cristianos incorporó a sus argumentos al acudir a los tribunales.

La supuesta participación de Chandiramani en el procedimiento

La investigación alcanza también a Kissy Chandiramani en su condición de responsable del área de Hacienda de la Ciudad. La consejera tendrá que declarar como investigada por la posible participación que se le atribuye en la tramitación relacionada con el contrato de los mataderos portátiles.

La popular ha defendido públicamente la actuación administrativa y ha mostrado su disposición a entregar al órgano judicial toda la documentación relativa al expediente. Preguntada por su citación, la consejera aseguró a elDiario.es que mantiene respeto hacia las decisiones judiciales y que colaborará con la investigación.

“Respeto a las resoluciones judiciales”, afirmó Chandiramani, antes de añadir que desde la Administración se aportará “el expediente completo”. La consejera precisó además que el procedimiento “no ha tenido ningún recurso en la vía administrativa”.

Así las cosas, la comparecencia de Chandiramani y Rahal está prevista para el 22 de septiembre. La esposa del diputado, administradora de Herederos de M. Jimena S.L., también tendrá que acudir al juzgado, aunque en su caso lo hará en calidad de testigo y no como investigada.

Una denuncia que parte de Abogados Cristianos

Abogados Cristianos presentó actuaciones judiciales contra la adjudicación al considerar que el procedimiento podía contener indicios de distintas irregularidades. La organización sostiene que podrían haberse cometido delitos de prevaricación administrativa y malversación, además de haber planteado inicialmente la existencia de posibles responsabilidades relacionadas con el tráfico de influencias.

Uno de los argumentos de la fundación está relacionado con la tramitación administrativa del contrato. Según su interpretación, la licitación se formalizó cuando permanecía pendiente un recurso cuya presentación implicaba la suspensión automática del procedimiento.

Abogados Cristianos también ha cuestionado la motivación de la adjudicación, determinados elementos económicos del procedimiento y posibles incumplimientos de normativa nacional y europea relacionada con el bienestar animal. Por ello, además de recurrir la adjudicación, solicitó que se adoptaran medidas cautelares sobre las contrataciones previstas para los siguientes ejercicios.

La fundación ha relacionado asimismo la adjudicación con la posición política de Rahal durante la aprobación de los presupuestos. Según sostiene, el voto del diputado fue decisivo para sacar adelante unas cuentas que incrementaron la partida destinada a los mataderos, mientras la empresa finalmente adjudicataria estaba administrada por su esposa.

Son precisamente esas circunstancias las que han acabado formando parte de las diligencias judiciales. La citación como investigados de Rahal y Chandiramani, sin embargo, no supone que los delitos denunciados hayan quedado acreditados ni que exista una condena, sino que ambos tendrán que comparecer ante el juzgado para dar cuenta de su eventual participación en los hechos que se investigan.