Son las siete y media de la tarde y una asturiana intenta bajar el ritmo del día desde el sofá de su casa. Busca tranquilidad tras la vorágine diaria y el impacto constante de noticias negativas, consciente además de que convive desde hace años con el insomnio y de que las últimas horas del día necesitan silencio y calma. Pero la paz dura poco.
Un SMS irrumpe en el teléfono móvil de esta autónoma, que facturaba una media de dos mil euros al mes. Minutos después llegan más notificaciones. Antes hubo un correo electrónico que no llegó a ver. Los avisos aparecen de golpe, uno tras otro. El contenido es grave: un cobro superior a los 1.000 euros por un error cometido en una declaración presentada hace dos años y medio por su asesora fiscal, acompañado del aviso de una posible sanción futura cuyo importe aún se desconoce.
La comunicación llega a última hora de la tarde, cuando ya no es posible consultar con la asesora sin invadir su descanso. El resultado es una noche en vela, con su ansiedad asociada.
La notificación forma parte de la resolución de una investigación iniciada semanas atrás. Durante ese tiempo, esta vecina de Asturias recibió distintos requerimientos de información adicional, todos ellos acompañados de advertencias sobre multas de miles de euros en caso de no responder. En una de esas ocasiones, al preguntar a una funcionaria por el tono de los mensajes, la respuesta fue que se trataba de un “mensaje estándar”. Un estándar que, en la práctica, deja un profundo desasoiego.
El caso no es excepcional. Las notificaciones administrativas fuera del horario habitual se han convertido en una práctica cada vez más frecuente, con un impacto directo en la salud emocional de quienes las reciben.
Denuncias a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social
La situación plantea una pregunta de fondo: si las personas trabajadoras tienen reconocido el derecho a la desconexión digital frente a sus empleadores, ¿por qué no existe una obligación similar por parte de la administración pública hacia la ciudadanía?
La cuestión ha llegado ya a los colegios profesionales. Este mismo mes, el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos ha denunciado a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social por el envío de avisos legales fuera del horario laboral. En la denuncia se recogen notificaciones recibidas en días festivos e incluso en fechas señaladas como la Navidad.
El abogado asturiano Nacho Izquierdo confirma que estas prácticas no son casos aislados. Uno de los episodios que más le llamó la atención fue el de un cliente que recibió un requerimiento de embargo de la Tesorería General de la Seguridad Social un viernes a las cuatro y media de la madrugada. Al miedo tradicional a que el teléfono suene de noche por una emergencia familiar se suma ahora otro: el de recibir una notificación administrativa con malas noticias.
Según explica Izquierdo, además del Consejo General de Gestores Administrativos, el Decano de los Colegios de Graduados Sociales también trasladó esta queja al Defensor del Pueblo. En concreto, el presidente del Consejo General de Graduados Sociales, Joaquín Merchán Bermejo, remitió este mismo mes dos escritos a la Secretaría de Estado de Función Pública y al propio Defensor del Pueblo.
Buenas intenciones, pero no un derecho fundamental
Pese a estas denuncias, el abogado matiza que se trata, por ahora, de “buenas intenciones”. La desconexión digital es un derecho laboral, pero no se aplica en el ámbito de la relación entre la administración y la ciudadanía. Es decir, la administración está obligada a respetar la desconexión digital de sus propios trabajadores, pero no la de los contribuyentes.
Desde la administración se argumenta que las comunicaciones son automatizadas. “Lo que alegan es que la notificación llega, pero no existe obligación de abrirla en ese momento. Hay un plazo para hacerlo”, explica Izquierdo. La notificación se envía de forma automática y, en teoría, abrirla de inmediato es una elección personal.
Desde el punto de vista jurídico, una persona podría presentar una demanda por este motivo, aunque su alcance sería muy limitado. “El derecho a la desconexión digital no es un derecho fundamental recogido en la Constitución, sino un derecho laboral”, señala el abogado, que subraya, no obstante, que la cuestión ya ha llegado al Defensor del Pueblo.
A pesar de las respuestas positivas por parte de la administración, Izquierdo recuerda que estas quejas se vienen repitiendo desde hace al menos tres años sin que se haya adoptado una solución efectiva. Las notificaciones a cualquier hora del día —y de la noche— siguen produciéndose.
Riesgos psicosociales
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) reconoce que la progresiva digitalización de la economía y de los entornos laborales genera nuevas formas de organización del trabajo y puede producir o intensificar factores de riesgo, especialmente de carácter ergonómico y psicosocial.
Aunque el organismo se refiere principalmente a la relación entre empleadores y trabajadores, los efectos de estos riesgos pueden extenderse también a la recepción de notificaciones administrativas fuera de horario, especialmente cuando contienen advertencias económicas o sancionadoras.
“El derecho a la desconexión digital contribuye a garantizar el derecho al descanso, a la intimidad personal y familiar, a la conciliación y a una protección eficaz de la seguridad y salud de las personas trabajadoras”, concluye el INSST, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Un derecho que, por ahora, no ampara a quienes reciben un aviso de Hacienda cuando ya se ha hecho de noche.