“No es fácil ocultar que en una mina se trabaje como en un chamizo”, alerta un brigadista sobre la mina de Zarréu. Así lo ha declarado este lunes Cristian Menéndez Cienfuegos, miembro de la Brigada de Salvamento Minero, durante la comisión de investigación de la Junta General del Principado que indaga el accidente del pasado 31 de marzo en la mina de Cerredo, donde cinco trabajadores fallecieron.
Menéndez Cienfuegos, que trabajó entre 2002 y 2003 en una subcontrata de la mina y lleva seis años en la brigada, fue el primero de los nueve brigadistas citados esta semana ante la comisión. Preguntado sobre si es posible ocultar durante tiempo condiciones de trabajo tan deficientes, fue tajante: no. Sus palabras ponen en cuestión la gestión y supervisión de la explotación, que llevaba oficialmente cerrada desde 2018, y cuestionan la narrativa que describía la mina tras el accidente como un simple “chamizo”.
Extracción no autorizada
Aunque Menéndez no participó en el rescate de los cinco mineros fallecidos, sí formó parte del equipo que inspeccionó la mina en marzo de 2022, siete meses después de otro accidente mortal en el que un trabajador murió y otro resultó gravemente herido. Esa inspección, realizada a requerimiento de la Dirección General de Minas en el piso sexto de la explotación, concluyó que la empresa estaba realizando extracción de carbón no autorizada, ya que solo contaba con permisos para retirar chatarra y restos de mineral. La compañía fue sancionada por ello.
El brigadista explicó que, por los restos hallados dentro y fuera de la mina, no podía determinar si la actividad era reciente ni si correspondía a extracción de carbón o a retirada de chatarra. Sí señaló que el acceso a la bocamina estaba tapiado y que tuvieron que derribar bloques para entrar. En el interior no encontraron problemas de ventilación ni de gases, salvo un pequeño hundimiento.
Parecía que no había “actividad reciente”
“No había nada del otro mundo y la mina estaba bastante bien conservada. Había herramientas y vagones, lo que puede haber en cualquier explotación, aunque esté parada”, señaló Menéndez, que añadió que durante la inspección, acompañados por el jefe de sección de Seguridad Minera del Principado, Alberto Vázquez, no les comunicaron actividad ilegal de extracción de carbón.
Desde su experiencia, “parecía que no había actividad reciente”, aunque el informe de Minas recogió indicios de extracción no autorizada: ocho calles posteadas, equipos de perforación, material de trabajo y una red de aire comprimido. Menéndez subrayó que en el frente no encontraron elementos que indicaran que se estaba extrayendo carbón activamente, más allá de que la explotación era antigua y contaba con material abandonado en el interior y madera acopiada en la entrada.
El contraste con la tragedia de marzo es evidente. Tras la explosión en el nivel tercero de la mina, los inspectores localizaron vagones, locomotora, pala hidráulica, equipos de ventilación, martillos neumáticos, madera, tuberías y dos huecos posteados de más de 18 y 24 metros. La explosión se produjo por acumulación de grisú en un punto donde, según las investigaciones, se estaba extrayendo carbón ilegalmente. Blue Solving, la empresa titular, solo estaba autorizada para retirar maquinaria, chatarra y posibles acopios de carbón.
La comisión de Cerredo continuará durante todo enero tomando declaración a otros brigadistas, alcaldes, responsables políticos y empresarios del sector. La investigación apunta a determinar no solo las causas técnicas del accidente, sino también las responsabilidades administrativas y políticas en una mina que, oficialmente clausurada, seguía siendo escenario de trabajo mortal.