El Servicio de Salud del Principado (Sespa) baraja empezar a practicar abortos en gestaciones de menos de 14 semanas que hasta ahora se practican en clínicas privadas concertadas por la sanidad pública.
Según la consejera de Salud, Concepción Saavedra, desde el Sespa están “estudiando” pilotar con servicios de ginecología públicos iniciar interrupciones voluntarias del embarazo por debajo de las 14 semanas.
Confidencialidad y accesibilidad
Desde 2010, la sanidad pública solo se encarga de realizar interrupciones del embarazo por encima de las 14 semanas, por ser de mayor complejidad, mientras que en gestaciones que se encuentran por debajo, las mujeres pueden acudir directamente a las clínicas que hay concertadas, en las que la “confidencialidad y accesibilidad están garantizadas”.
“El derecho está garantizado en Asturias”, ha afirmado Saavedra en respuesta a una pregunta formulada en la Comisión de Salud del parlamento autonómico por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, en la que pedía explicaciones de por qué Asturias no cuenta aún con un registro de profesionales objetores de conciencia al aborto.
El registro
Tomé, que ha incidido en que en Asturias menos del cinco por ciento de los abortos se hacen en la sanidad pública, se ha preguntado por qué un gobierno “progresista, reformista y feminista” como el de Asturias aún no cuenta con este registro.
Asturias es la única comunidad socialista que no cuenta con el registro de objetores de conciencia, aunque el Gobierno del Principado ha avanzado que está trabajando para aprobarlo “a la mayor brevedad” a través de un decreto.
Declaración de objeción de conciencia
Según Saavedra, el pasado 1 de septiembre el Sespa ya dio instrucciones a las áreas sanitarias y el 8 de octubre se publicó en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) una resolución de la consejería que establece el procedimiento para la declaración de la objeción de conciencia del personal sanitario implicado en la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo.
El decreto que lo regulará se está tramitando y se intentará aprobar en el menor tiempo posible, ha añadido la consejera tras aclarar que era algo que estaba previsto hacer este año, pero no con la celeridad que se ha planteado ahora porque es “una prestación absolutamente garantiza en Asturias y nunca ha habido problemas con los profesionales del sistema público”.
El protocolo
El 16 de noviembre de 2024, el pleno del Consejo Interterritorial adoptó, de manera unánime, el acuerdo por el que se aprobó el protocolo para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia contemplado en la ley del aborto, y salvo Madrid, Aragón y Baleares, además de Andalucía y Asturias, que lo tienen en fase de tramitación, todas las comunidades autónomas ha cumplido con la orden.
El Ministerio de Sanidad ha activado esta misma semana el procedimiento legal para que Madrid, Aragón y Baleares elaboren el registro de objetores de conciencia al aborto con un requerimiento formal que, si no tiene respuesta en el plazo de un mes, dará paso a un proceso contencioso en los tribunales para que las “obligue un juez”.